Miembros
de la sociedad civil colombiana, le informamos al resto de ella y a
la comunidad internacional que
nos hemos constituido, como Consejo promotor de la Asamblea Nacional
constituyente, para que ella pueda diseñar las nuevas instituciones
que hagan realidad la anhelada paz con justicia social.
Para enfrentar la profunda desigualdad social, es necesario hacer
cambios estructurales que modifiquen las relaciones de propiedad y
distribución de la riqueza, que afectan fundamentalmente a la
población más pobre que no cuenta con plenas libertades
democráticas, ni derechos fundamentales como el trabajo, la tierra,
la salud, la educación, la vivienda y los servicios públicos, que
les son negados o recortados, configurándose una profunda
desigualdad social.
Asumimos
el preámbulo de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, de la ONU, como uno de los
objetivos de la constituyente:
“Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo
tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los
derechos iguales e inalienables de todos
los
miembros de la familia humana”… y que es “esencial que los
derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de
que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión
contra la tiranía y la opresión”, en desarrollo de este mandato
de toda la humanidad, se hace imperioso, ir más allá del acuerdo de
La Habana, en el tema de los derechos humanos, en principio para que
las víctimas de la violencia en Colombia, tengan de verdad, derecho
a la reparación, a la justicia, a la verdad y a la no repetición; y
para que la sociedad civil, toda, tenga una verdadera paz con
justicia social; esto es, con más derechos humanos.
La
sociedad civil, titular de la soberanía y del poder constituyente,
mira positivamente, la iniciación del diálogo para la cesación del
conflicto armado con el ELN y esperamos que uno de sus primeros
frutos sea el cese bilateral del fuego, observamos con optimismo que
este grupo beligerante haya manifestado que, durante todo el proceso,
se hará acompañar de la sociedad civil. De nuestra parte estaremos
acompañando ese proceso expresando nuestras opiniones con toda
libertad y autonomía, haciendo sentir nuestra voz, para señalar
nuestras coincidencias y nuestras divergencias. Lo que sea ampliación
de derechos y libertades democráticas lo apoyaremos, y lo que
signifique vulneración, retroceso o privación de derechos, lo
rechazaremos.
La
sociedad civil, dueña del poder constituyente, denuncia ante la
opinión pública internacional y nacional, la estrategia del
Santismo y del Uribismo, de impedirle al pueblo colombiano reunirse
en una Asamblea Constituyente, amplia y democrática, que cuente con
la participación mayoritaria de las organizaciones sociales, con el
fin de abrirle camino a la paz con justicia social desde abajo, como
el instrumento idóneo de una verdadera reconciliación.
Coincidimos
con el ELN y otros sectores que han afirmado que no le hace bien al
país, ni al proceso de paz, que los resultados del plebiscito sean
canalizados por la clase en el poder para zanjar sus diferencias y
darle continuidad a un sistema político perversamente excluyente, el
cual, sin duda alguna debe modificarse por ser causa principal de la
violencia y del conflicto sociopolítico que hemos tenido en nuestra
historia reciente.
Algunos
miembros del Consejo por la Constituyente, con el fin de impedir esta
nueva exclusión, le informa a la comunidad internacional y a la
nacional, que será interlocutor activo en la búsqueda de la
verdadera paz y que no escatimará ningún esfuerzo para dialogar con
todos los actores armados (ELN, FARC, EPL), con el propio Estado y
especialmente con las organizaciones de la sociedad civil, porque
tiene claro que el derecho a la paz, fundamental e irrenunciable que
tenemos todos los colombianos, es superior y no está condicionado ni
supeditado al mantenimiento del orden público que tiene el gobierno
nacional.
Cuando
los bandidos pelean, los honestos salen ganando, ya que los primeros
al mismo tiempo mienten y dicen la verdad: mienten respecto de lo que
dicen de ellos y dicen la verdad en lo que afirman de los contrarios;
miente Uribe, cuando dice que no hizo trampas en el plebiscito y dice
la verdad cuando afirma que Santos también las hizo y dice la verdad
santos, cuando afirma que Uribe hizo trampas, y miente cuando declara
que él no las hizo en el plebiscito. Como mintió también las FARC,
antes o después del plebiscito, cuando dijo que aceptaba el
resultado del mismo y ahora no lo acepta (mintió antes o miente
ahora).
Para
los abstencionistas, o quienes votaron por la constituyente, en el
plebiscito, resulta profundamente paradójico, que muchos de los que
votaron por el sí o por el no, en el plebiscito, y nos daban
lecciones de democracia, ante la crisis que crearon ellos mismos,
propongan como fórmula para salir de ella soluciones
antidemocráticas; de espaldas al pueblo soberano y constituyente,
excluyendo a las mayorías; cuando la solución es precisamente la
contraria; inyectarle más democracia a la famélica democracia
colombiana. No puede ser la cúpula de la oligarquía colombiana
(Uribista y Santista) la que resuelva la crisis, sino el pueblo
colombiano, pues, como dijera
Sieyes: “El pueblo en momentos de crisis, debe ser siempre
consultado, como árbitro supremo que es, y, si no pudiesen serlo
todos los ciudadanos, debe serlo, a través de una representación
extraordinaria, … Esta representación extraordinaria, obra en
virtud de mandato extraordinario y puede tener el poder
constituyente”. Este principio se encuentra plasmado en nuestra
constitución en el “Artículo
3. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana
el poder público...”.
MÁS
ALLA DE LOS ACUERDOS DE LA HABANA
El
árbitro supremo, el pueblo colombiano, tiene que dejar de lado a
Uribe y a Santos e ir más allá del acuerdo de La Habana, para
conseguir los derechos que éste no contempla. Santos y Uribe,
defienden el mismo modelo económico; ambos han realizado una guerra
sin cuartel contra los derechos del pueblo; ambos han sido amanuenses
de poderes y gobiernos extranjeros en contra de intereses
colombianos.
Los
acuerdos de La Habana, tampoco cambien el modelo económico, sino que
lo perpetúa; no defiende la soberanía nacional. No le da a las
víctimas de la violencia sus derechos a la verdad a la justicia a la
reparación ni la garantía de no repetición; no le da los
colombianos la verdadera paz con justicia social ni la paz con la
naturaleza, no está la
preservación del
medio ambiente; la lucha contra la corrupción y el desempleo. Las
Reformas agraria, urbana y del sistema financiero; la reforma del
congreso, de la Justicia, de la educación
y la
salud. La redistribución
de la riqueza y la lucha contra todas las formas de discriminación
incluidas la sexual y la racial. En los acuerdos de la Habana brillan
por su ausencia la Libertad e igualdad de los colombianos, la
Creación
del estado autonómico
o federal;
el derecho a la vivienda para todos, etc. No podemos dejar que estas
ideas, en síntesis: Paz con justicia social y democracia política y
económica, desaparezcan del debate social y político y por estas
razones y por estos derechos, es que tenemos que ir más allá del
acuerdo de La Habana, a debatirlos y a plasmarlos en una asamblea
constituyente.
Ese
diálogo, tiene que pasar por el diseño de las nuevas instituciones
que den más derechos al pueblo colombiano, para que este, no se vea
compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la
opresión, de ahí que reiteremos que el escenario natural para
realizarlo es la Asamblea Nacional Constituyente, que debe ser
convocada inmediatamente y exigida en todos los escenarios públicos
o privados.
El
Consejo por la Asamblea Nacional Constituyente que hemos constituido,
está abierto para que otros sectores interesados en la propuesta,
participen, y juntos la hagamos realidad.
Diálogo
ya, dentro y fuera de la Constituyente.
JAIME
ARAUJO RENTERIA
Miembro
del Consejo Nacional Pro Constituyente.
