jueves, 28 de julio de 2016

¿Paz en Colombia? Por:  Javier Giraldo M. S.J.

"Si bien hay una euforia de paz que se traduce en eslóganes o en frases de cliché que se repiten por todas partes, cuando se profundiza un poco en lo que hay detrás de esos eslóganes o en los aspectos que esas frases superficiales eluden, aparecen muchas preocupaciones."



Colombia ha vivido en los últimos 4 años una búsqueda de acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, luego de 60 años de conflicto armado que ha dejado muchos millones de víctimas y ha llevado a la degradación progresiva de la guerra en muchos aspectos. Este proceso ha ido revelando progresivamente los laberintos, a veces sin salida, en que es necesario internarse para buscar acuerdos de paz. El país ha vivido ya 33 años de procesos de paz fracasados durante el último ciclo de violencia, sin contar las negociaciones, acuerdos y eliminaciones de ex combatientes de ciclos anteriores que se identifican con las mismas causas. Una larga tradición demuestra que los acuerdos no se cumplen y que los combatientes rebeldes son eliminados tras el desarme, pero no sólo ellos sino las fuerzas sociales y políticas que les son cercanas.
Hace pocos días se firmó en La Habana un documento que define el penúltimo de los 6 puntos de la agenda acordada al comienzo de los diálogos, incluyendo ya el compromiso de un cese de fuego bilateral y supuestamente definitivo. Sin embargo el país se encuentra profundamente polarizado por el crecimiento y poder creciente de posiciones políticas de extrema derecha. Parece que reviven las posiciones de la Guerra Fría, potenciadas por el monstruoso poderío económico de un empresariado multinacional que defiende rabiosamente sus intereses excluyentes con medios muy poderosos.
Si bien hay una euforia de paz que se traduce en eslóganes o en frases de cliché que se repiten por todas partes, cuando se profundiza un poco en lo que hay detrás de esos eslóganes o en los aspectos que esas frases superficiales eluden, aparecen muchas preocupaciones. Algunos analistas más críticos llaman la atención sobre ciertas contradicciones como las siguientes:
1) Se percibe un doble lenguaje: en uno de ellos se afirma que el proceso no se ha enfocado como una rendición de rebeldes delincuentes sino como un reconocimiento de una guerra que tenía raíces sociales y en la cual los dos polos cometieron crímenes; el otro lenguaje, usado por el gobierno fuera de la mesa de diálogos, tiene todo el enfoque de la rendición, la derrota y el sometimiento a una legalidad y una estructura de poder supuestamente democrática. El gobierno y la clase dominante repiten que el proceso es fruto de un triunfo militar del Estado que ha doblegado a la guerrilla y la ha obligado a sentarse a la mesa de negociación.
2) Aunque en los formalismos de la mesa de negociaciones se aceptó discutir las raíces del conflicto, sobre todo en los temas de tierra y democracia, predominó la negativa rotunda del gobierno a tocar en lo más mínimo el modelo económico y el modelo político, quedando todas las propuestas relativas a esas raíces del conflicto como “salvedades” o “constancias” de lo que fue imposible discutir. El gobierno repite que no negocia el modelo vigente y que sólo invita a la guerrilla a que, una vez dejadas las armas, se presente a los debates electorales para solicitarle a la sociedad que apoye sus propuestas de reformas. Esto sería normal si hubiera democracia, pero el gobierno sabe que mientras no reforme el sistema electoral, uno de los más corruptos del mundo, y el sistema de propiedad de los medios masivos de información, ni la guerrilla ni ningún movimiento de oposición podrá conquistar triunfos democráticos.
3) Muchas polémicas interminables llevaron finalmente a los rebeldes a aceptar la simetría de trato a los combatientes de ambos lados, desconociendo la gravedad enormemente mayor de los crímenes de Estado y las características del delito político y del derecho a la rebelión. También tuvieron que aceptar la inmunidad de los ex presidentes frente a la justicia y la ruptura de las responsabilidades de mando, ambos principios consagrados en el Estatuto de Roma cuyo desconocimiento refuerza y amplía la impunidad rutinaria.
4) El desarrollo de los diálogos ha producido perplejidad en las capas más conscientes de la sociedad, al comprobar que el Estado ha recurrido simplemente a la negación de los obstáculos más grandes para la paz, considerándolos como inexistentes o realidades del pasado ya superadas: el paramilitarismo, la doctrina militar del enemigo interno y de la seguridad nacional y la criminalización de la protesta social. Nadie puede entender tampoco que las negociaciones no hayan llevado a un acuerdo sobre la reducción de la fuerza armada del Estado sino más bien a anunciar que esa fuerza se va a aumentar y a reforzar. Todo el mundo se pregunta: ¿si es verdad que se acaba la guerra, por qué el monstruoso gasto militar no se va a acabar sino a aumentar?
5) El recurso a la justicia transicional, que ha sido el punto de llegada en el tema de las víctimas del conflicto, uno de los aspectos más polémicos y que más tiempo han consumido en las negociaciones, no deja tranquilos a numerosos analistas de ambos lados. Se pactó una Jurisdicción Especial para la Paz, diseñada por un grupo de juristas de alto nivel, dentro de los criterios básicos de la justicia transicional. Supuestamente el derecho nacional no operará allí sino sólo los tratados internacionales; habrá magistrados también extranjeros; los que confiesen crímenes internacionales, sean guerrilleros, militares, empresarios u otros, tendrán penas alternativas y no de prisión, y los que no confiesen serán condenados a prisión. La fórmula ha sido elogiada por muchos aunque se critica la violación flagrante de algunos artículos del Estatuto de Roma para favorecer a los gobernantes. Sin embargo dicha fórmula alberga dos principios que pueden dar al traste con las escasas expectativas de justicia: los principios de priorización y de enfoque hacia los máximos responsables. Ya hay aplicaciones en curso de esos principios por parte de la justicia colombiana, frente a modalidades concretas de genocidio, que anuncian la utilización corrupta de esos dos principios, como mecanismos privilegiados de impunidad. Esto hace mirar el acuerdo de justicia con reservas.
6) En general, las motivaciones de disuasión que han sido utilizadas para promover los acuerdos de paz, descansan en gran parte en la imposibilidad práctica de lograr cambios sociales por medio de la lucha armada, dado el poder monstruoso y apabullante de las armas estatales respaldadas por el poderío imperial de mayor alcance destructivo en la historia reciente de la humanidad: los Estados Unidos. Brilla por su ausencia, sin embargo, toda consideración ética de los clamores y sufrimientos que llevaron a levantarse en armas a los combatientes contra el Estado. El discurso político predominante es pragmático y egoísta y muestra indiferencia arrogante por posibilidades reales de justicia. Los discursos del Presidente Santos en el exterior han insistido, ante todo, en una paz que beneficiará a los empresarios e inversionistas transnacionales, quienes podrán intensificar su extracción de recursos naturales, pero entre tanto su gobierno reprime con una violencia cruel las protestas sociales de las comunidades afectadas por la destrucción ecológica y social que han causado y siguen causando esas empresas multinacionales.
Desde la extrema derecha se condena el proceso porque favorece la impunidad de los rebeldes, seguramente responsables de no pocos crímenes de guerra, pero desde el movimiento popular se teme más a la impunidad de los poderosos y de los agentes del Estado y del paramilitarismo, cuyos crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidios superan enormemente en cantidad y en crueldad los crímenes de la insurgencia y su impunidad se traduce en la continuidad de un poder represivo que seguirá afectando a los sectores más desprotegidos de la sociedad y bloqueará con violencia las reformas sociales que se reclaman con urgencia.
A pesar de los esfuerzos formales por construir un Estado de Derecho, sobre todo desde la Constitución de 1991, el poder real lo sigue ejerciendo una minoría poderosa articulada a intereses transnacionales, llegando a configurar un Estado esquisofrénico en el cual lo formal se apoya en lo legal y lo real se apoya en las mil redes clandestinas de violencia paraestatal cuya relación con el Estado es negada rotundamente por los funcionarios del régimen y los medios masivos de información.
La primera experiencia reciente de justicia transicional la realizó un gobierno de extrema derecha –el del Presidente Álvaro Uribe- en 2005, mediante la ley 975 llamada paradójicamente “Ley de Justicia y Paz”. Hubo entonces una negociación con los paramilitares, quienes a todas luces apoyaron su candidatura a la presidencia. Luego de negociaciones con los líderes paramilitares más connotados, obtuvo su sometimiento a una justicia indulgente en que la pena máxima fluctuaba entre 5 y 8 años aunque los crímenes atroces en cada caso sumaran muchos millares. Supuestamente se desmovilizaron 32.000 paramilitares autores de 42.000 crímenes atroces pero sólo fueron condenados a las penas mínimas 22 de ellos y casi todos están en libertad desde 2015. A esa estrategia de negociación con grupos que no podían identificarse como delincuentes políticos puesto que eran agentes clandestinos del mismo Estado, el ex Presidente Uribe añadió otras estrategias para que el paramilitarismo continuara activo: la configuración de un paramilitarismo legalizado, vinculando a varios millones de personas a tareas de guerra mediante redes de informantes y cooperantes y remodelando los estatutos de las compañías privadas de seguridad para vincularlas a tareas bélicas como auxiliares de la fuerza armada oficial. El paramilitarismo ilegal, en grandes franjas, retornó muy pronto a sus acciones criminales con sus mismos objetivos, a saber: persecución a todo movimiento social o de protesta mediante escritos de clara inspiración contrainsurgente, anticomunista y fascista; respaldo incondicional al gobierno y a sus fuerzas armadas; apoyo a las empresas transnacionales cuya destrucción ecológica denominan “progreso”, y sustento financiero en las redes más poderosas del narcotráfico. El gobierno ha acuñado para ellos nuevas siglas que los inscriben en la delincuencia común ajena a toda relación con el Estado. Hoy se articulan y coordinan con calculada astucia las franjas legales y las ilegales del paramilitarismo, cobijadas por un lenguaje que las cubre con la negación rotunda de su existencia.
Desde el comienzo de las negociaciones actuales, las FARC habían afirmado que jamás se someterían a la justicia colombiana, dada su extrema corrupción, su responsabilidad en la impunidad monstruosa de los crímenes más atroces del Estado y del paramilitarismo y su desvergonzada parcialidad y dependencia del régimen, conceptos que comparten grandes franjas de población que consideran la justicia como éticamente colapsada. Muchas fórmulas se propusieron para buscar imparcialidad, incluyendo la creación de una corte penal regional apoyada por regímenes progresistas de América Latina. Y mientras la insurgencia buscaba estructuras judiciales más independientes, los agentes del Estado eran atormentados por la evaluación de lo ocurrido en otros países que emitieron leyes audaces de impunidad para militares y funcionarios, leyes que fueron posteriormente invalidadas por tribunales internacionales. El ex Presidente César Gaviria lanzó una carta pública pidiendo que se blindaran de manera definitiva las medidas de impunidad, para protegerlas de un eventual desconocimiento posterior por tribunales internacionales o por las mismas cortes nacionales, por ello el Acuerdo incluye también unos mecanismos de blindaje hacia el futuro, no sea que tribunales internacionales o nacionales puedan desconocer lo acordado. Esos blindajes no dejan de ser frágiles y en su análisis se descubre con mayor contundencia la dependencia del derecho respecto a la política y a los vaivenes de los poderes de turno.
En el momento en que escribo aún no se ha firmado el Acuerdo definitivo, pero ya se piensa que el proceso es irreversible y que en pocas semanas se convocará a la ceremonia solemne de la firma. Se ha concertado ya un calendario de entrega de las armas a las Naciones Unidas y de concentración provisional de los guerrilleros en 23 zonas rurales mientras comienzan a implementarse los diversos puntos de los acuerdos. Como lo reconoce el cerebro de las negociaciones de parte del gobierno, lo que se firmará no es propiamente la paz sino un cese de fuego. La paz habrá que comenzar a construirla, principalmente en las zonas en que la guerra ha sido más intensa. La polarización es muy grande en este momento y muchos opinamos que, mientras no se solucionen las raíces más profundas del conflicto, como son la extrema desigualdad, la concentración de la propiedad de la tierra, la falta de democracia y la criminalidad estatal tendiente a reprimir toda protesta social y a destruir todo movimiento de base que busca modelos alternativos y justos de sociedad, el conflicto se puede reactivar sin que sean previsibles sus consecuencias.
Es necesario anotar, que el Acuerdo no se va a firmar, por el momento sino con la guerrilla de las FARC. La otra guerrilla que tiene importancia numérica e histórica: el Ejército de Liberación Nacional, no ha logrado aún llegar a acuerdos mínimos de agenda para iniciar el diálogo con el gobierno, aunque ha dado pasos significativos.

Javier Giraldo Moreno, S. J.
Roma, julio 4 de 2016 -

sábado, 23 de julio de 2016

CUMPLEAÑOS 233 DE SIMÓN JOSÉ ANTONIO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD BOLÍVAR Y PALACIOS.

CUMPLEAÑOS 233 DE  
SIMÓN JOSÉ ANTONIO 
DE  LA SANTÍSIMA TRINIDAD BOLÍVAR Y PALACIOS.


¡Pero así está Bolívar en el cielo de América, vigilante y ceñudo, sentado aún en la roca de crear, con el inca al lado y el haz de banderas a los pies; así está él, calzadas aún las botas de campaña porque lo que él no dejó hecho, sin hacer está hasta hoy; porque Bolívar tiene que hacer en América todavía!

 José Martí

viernes, 22 de julio de 2016

CARTA ABIERTA A: ANNCOL, A LA SOCIEDAD CIVIL Y EL GOBIERNO - Julio 20 de 2016

Hace unos días, uno de los firmantes de esta carta, recibió una invitación del director de Le Monde Diplomátique, edición Colombia, para que expresara su opinión sobre el tema del “blindaje de los acuerdos de paz, entre el gobierno y las FARC”, el invitado aceptó, con la única condición de que pudiera expresarse libremente. Su opinión aparece publicada, en la edición número 156 correspondiente al mes de junio de 2016. El mismo medio de comunicación, decidió organizar, un debate sobre el dicho tema, el día 14 de julio del presente año, escenario donde nuevamente se expuso un resumen de las tesis centrales de los firmantes:

1) Desde el punto de vista jurídico, el denominado “blindaje “, es precario, ya que no se está celebrando un verdadero tratado internacional. El gobierno nacional habiendo podido reconocer el estatus jurídico de “beligerantes” a la FARC, para darle mayor solidez al Acuerdo, no lo hizo.

2) Los acuerdos han comenzado al revés; esto es por lo procedimental y no por lo sustancial; pues lo primero debía ser: amnistía e indultos; Asamblea Nacional Constituyente y participación política de quienes dejaban las armas.

3) Más importante, que el blindaje de la legalidad, era el blindaje de la legitimidad que podía darle la sociedad civil y sus organizaciones sociales; y que paradójicamente, ésta en un proceso donde se estaba decidiendo su suerte, había sido excluida por parte del gobierno y ahora volvía a serlo o por ambas partes, que habían sustituido una verdadera constituyente por un plebiscito.
4) La sociedad civil, titular del derecho a la paz por mandato del artículo 22 de la Constitución Colombiana, sociedad que no ha sido violenta, si no objeto de la violencia, donde los actores armados, tanto del Estado como del no Estado, le han vulnerados sus derechos fundamentales, a la vida, a la integridad personal, a la libertad, a la igualdad, a la paz, etcétera, mira positivamente que cese esta violación masiva de sus derechos; y convencida, como dice el preámbulo de la declaración de derechos de la ONU, que la causa fundamental de las rebeliones, es la violación de los derechos, que en consecuencia, la manera de prevenir las violaciones, es precisamente respetando derechos; para que haya verdadera paz, paz con justicia social, medirá con el rasero de los derechos todo el proceso de paz;
de modo que si antes, durante y después del proceso, se tienen en cuenta los derechos de la sociedad civil y no sólo los de los negociadores de La Habana, habremos hecho algo positivo.

5) varios de los asistentes, expresaron opiniones similares y otras distintas.
Estas tesis, no fueron refutadas, por el otro expositor, sin embargo éste quiso encubrir su pobreza argumentativa, con el ataque personal, la calumnia, la difamación y la mentira, contra quienes sostenían algunas de las tesis arriba resumidas. Su argumento final, fue amenazarnos con que nos estigmatizaría por medio de ANNCOL. No paso un día, entre la amenaza y su ejecución, cuando los dueños de ANNCOL difunden sus nuevos epítetos estigmatizatorios, denigrantes, calumniosos y mendaces, contra quienes participamos en el debate. Y, como lo hicimos, como lo hacemos siempre, de frente, sin disfraces, le dimos la cara al columnista de ANNCOL, pues estuvimos compartiendo la mesa con él en el debate, no entendemos entonces porque la foto que aparece en el artículo no corresponde a ninguno de los que participamos en el debate, por lo que concluimos que fue puesta de mala fe o por el propio columnista o por ANNCOL, con riesgo para la vida de alguien que no participó en el debate, ni sabemos cómo piensa sobre el tema. A propósito de fotos, las hubieran podido obtener de los archivos de los organismos de inteligencia del Estado, desde el antiguo DAS, que las hizo como parte de la operación Amazonas bajo el gobierno de Uribe, hasta las que ha hecho la policía actual, bajo el gobierno de Santos cuando protestábamos en defensa del voto en blanco. El columnista, a través de ANNCOL, nos pone en la mira del gobierno al sugerirle “tomar nota” del “descontrolado coletazo” que pone en riesgo la paz y, lo más grave, “la seguridad de los lideres revolucionarios en movilización política”, lo que resulta gravísimo ya que nos señala como eventuales determinadores de muertes futuras. Además, nos acusa de hacer anuncios de guerra que no hemo hecho y de poner en riesgo la construcción de la paz; señalando que hacemos parte de “descontroladas fuerzas oscuras que amenazan la convivencia” y le exige al gobierno que actúe contra ellas; es decir contra nosotros, por el único delito de pensar distinto a él. Frente a esta última sugerencia, nos preguntamos ¿Cuál agencia estatal o paraestatal debe tomar nota y a que procedimientos podríamos ser sometidos? .
Le decimos al columnista de ANNCOL, a ANNCOl, y a quienes están detrás de ANNCOL; al gobierno y a quienes están detrás del gobierno; a Uribe y a quienes están detrás de Uribe que su estigmatización y sus amenazas, no nos harán cambiar nuestra forma de pensar; y mucho menos la de expresarnos con libertad. Que sólo la cambiaremos, cuando haya argumentos y razones que nos demuestren lo contrario, con la fuerza de la razón y no con la razón de la fuerza, de la violencia y de la amenaza directa o indirecta. Que seguiremos andando a pie, en bicicleta o en bus, sin guardaespaldas, en los mismos lugares de siempre, de residencia o de trabajo, que ellos bien conocen; y como siempre pensando y actuando como hombres y mujeres racionales y libres; aún a riesgo de perder nuestro derecho a la vida o a la integridad personal; pues de nada vale conservarlas a costa de nuestra dignidad. Preferimos morir a vivir indignamente; esclavizados física o mentalmente.


Por su atención. Gracias.

Jeritza Merchán Díaz; Sebastián González, Jaime Araujo Rentería, Jorge Ignacio Salcedo Galán.


C.co. a distintas organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales.

La carta se motiva  por esta publicación de  ANNCOL:
En Auschwitz hay dos muertes: la física y la hermenéutica. […] A la hora de enfrentarnos a la violencia que padece cualquiera […] hay que entender la doble muerte, por eso no basta con levantar la bandera del “no matarás”, con el rechazo al crimen. Hay, además que estar atento al discurso, al relato de los hechos y, por tanto, a la disimulación de la violencia.
                                                                                                                                                 Manuel Reyes Mate

miércoles, 13 de julio de 2016

PAZ (PERPETUA) Y RESPONSABILIDAD ETICA (KANT Y MACHIAVELO) Por: Jaime Araujo Renteria.


PAZ (PERPETUA) Y RESPONSABILIDAD ETICA (KANT Y MACHIAVELO)
Se puede engañar a algunos todo el tiempo y a todos algún tiempo,
Pero no se puede engañar a todos, todo el tiempo (A. Lincoln).
Y, jamás a nuestra conciencia.
Nos quieren engañar, quienes afirman, que votar afirmativamente el plebiscito, no es votar por Santos; y nos quieren engañar doblemente, cuando afirman que si el Presidente pierde el plebiscito, no tiene que irse del gobierno. Jurídica y éticamente, es votar por el presidente; así lo establece la ley; “El plebiscito es el pronunciamiento del pueblo convocado por el Presidente de la República, mediante el cual apoya o rechaza una determinada decisión del Ejecutivo.”(Art. 7 ley 134 de 1994).
Aun aceptando, la premisa de que ninguna obra humana es perfecta; también es cierto que existen obras humanas menos imperfectas; y es verdad, que la paz que nos propone Santos, es excesivamente imperfecta. El derecho a la paz, que ya tenemos los colombianos en el artículo 22 de la constitución política, no es un regalo del gobierno santos ni de la farc; y es un derecho mucho más amplio que la cesación parcial de un conflicto armado (pues falta el ELN y lo que queda del EPL). El derecho a la paz tiene una connotación positiva y una negativa; esta última tiene una doble dimensión: 1.- La falta de violencia física y 2.- La ausencia de violencia social y económica en las relaciones sociales; y la connotación positiva de la paz, implica que se le considera no sólo como la ausencia de violencia, sino además como una cuestión de desarrollo, una forma de cooperación no violenta, igualitaria, no explotadora, no represiva entre personas pueblos y Estados y modernamente se considera que no es posible estar en paz si no existe el respeto y realización plena de los derechos civiles, políticos y económicos sociales culturales y de solidaridad. Como en las negociaciones de la Habana, falta la 2 parte de la dimensión negativa y toda la dimensión positiva del derecho a la paz, se puede concluir que lo que se negocia es la cesación parcial de un conflicto armado y no la paz.
Quienes votan afirmativamente el plebiscito, votan por esta “paz”, excesivamente imperfecta con violencia social, política y económica sobre el pueblo colombiano; sin desarrollo y sin ampliación de los derechos civiles, económicos, sociales y culturales de los más pobres. Votan, al mismo tiempo, en una palabra, por la “paz” de santos y por la guerra de santos contra los derechos del pueblo; por su guerra social y económica contra el pueblo. Votan por la deficiente paz de santos y aunque quieran engañarnos, negándolo, votan por sus cuatro locomotoras; incluida la locomotora minera, que ha arrasado con los derechos de los indígenas, de los afro descendientes y de los campesinos colombianos; que ha contaminado su tierra, su aire y sus aguas. Votan también por el santos, responsable, por omisión, de los falsos positivos, ya que él pudo derogar la norma del ministro anterior que los legalizaba y sin embargo no lo hizo y a la luz del artículo 6 de nuestra constitución, los servidores públicos, y el ministro de defensa lo era, son responsables por omisión en el ejercicio de sus funciones. Sobre este tema, no sirve de justificación ni siquiera la excusa de que no lo sabía, pues no se puede ser ministro de defensa, sin conocer las normas que legalizaban el genocidio de los falsos positivos y sin derogarlas o renunciar cuando otro no quiere derogarlas. Como no le sirvió de excusa, a Luis XVI, cuando quiso salvarse, diciendo que no era responsable porque no sabía, como se violaban los derechos del pueblo francés; argumento desbaratado por Saint-Just, su principal acusador, quien dijo que no se podía ser rey, sin saber lo que le pasaba al pueblo y sin responder por la violación de sus derechos; por que quien tenía el poder, era responsable de su ejercicio, o de sus omisiones; y quien tenía más poder, como el rey, era más responsable; pues a mayor poder, mayor responsabilidad. Principio, que se constituyó, desde entonces, en uno de los fundamentos del Estado de derecho, donde no existe ninguna persona o funcionario irresponsable y donde el que tiene más poder, tiene también más responsabilidad.
Quiere engañarnos también, quienes afirman, que el Presidente no tiene que irse si pierde el plebiscito. Como vimos arriba, el plebiscito es un apoyo o rechazo a las decisiones del Ejecutivo y en consecuencia, el rechazo a su modelo de paz, excesivamente imperfecta, es un rechazo también al Presidente, un hecho fundamental sobreviviente, posterior, que deslegitima su elección anterior; como deslegitimizo al general de Gaulle, la pérdida del referendo plebiscitario que se inventó; como los recientes hechos de Inglaterra, el brexit le quitó la legitimidad a su primer ministro David Cameron, para continuar ejerciendo como tal y se vio obligado a renunciar; o como se vio obligado a renunciar un dictador como Pinochet, cuando perdió su plebiscito. El caso del presidente santos, es mucho más grave cuanto que, pudiendo escoger entre un referéndum, una asamblea constituyente y un plebiscito, escogió esta figura y quien libremente escoge, jurídica y éticamente es responsable de su decisión. Esperamos, que la escogencia de esta figura, no tenga el propósito torticero, de eludir la responsabilidad, en el caso en que pierda el referendo, para en esa hipótesis, argumentar que quien perdió fue la FARC; no el Presidente, a pesar de que el plebiscito en una consulta sobre el gobierno, no sobre la FARC; y en caso de ganar el plebiscito, argumentar, que nadie más que él, es el mejor garante de los acuerdos de esa paz, ya que él fue quien los creó; que nadie mejor que él para ejecutarlos y por esta vía quedarse otra vez en el poder. Argumento parecido el de Uribe, quien argumentaba que su guerra era el mejor medio para lograr la paz en Colombia y que por lo mismo, debía permanecer en el poder, como garantía de que la paz se lograría por medio de la guerra. Imprescindible Uribe para la paz por medio de la guerra e imprescindible santos para la guerra contra los derechos del pueblo, por medio de su paz excesivamente imperfecta.
Ahora, que han querido blindar, la dictadura civil del gobierno de turno, acudiendo a las normas de derecho internacional, sería bueno que los negociadores de La Habana, tanto del gobierno como de la FARC, repasarán la más importante de todas las normas, la declaración universal de los derechos humanos, de la ONU, y especialmente su preámbulo, para que entendieran que la verdadera garantía de la paz; la paz menos imperfecta, con justicia social es la que respeta los derechos humanos; que sin derechos humanos no hay verdadera paz. Que no es cierto, que el cese al fuego entre el gobierno y las FARC, acaba con la rebelión en Colombia; pues aunque cese la de la farc, estará abierta la puerta para la rebelión de otros colombianos; como dice el preámbulo: “Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión “; o como dicen en otra parte; el mismo preámbulo: “Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana; Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias”.
También quiere engañarnos, quienes afirman, que si el plebiscito es derrotado, necesariamente gana la guerra y debemos continuarla; esto no es cierto; aunque se pierda el plebiscito, podemos perseverar en la búsqueda de la paz; podríamos tener una paz menos imperfecta; por ejemplo; podríamos tener una paz con asamblea nacional constituyente, con representación de la sociedad civil y de las organizaciones sociales; una paz con más justicia social, donde las comunidades afro descendientes e indígenas, se representen a sí mismas, y decída su propio destino en sus territorios y éste no se ha decidido por la FARC. Donde se trace una línea distinta entre delitos cometidos por los combatientes contra combatientes y delitos cometidos por los combatientes sociedad civil; y donde se respete la diferencia que traza nuestra constitución, entre delito político y delito común; donde no se dé el mismo trato al espíritu altruista de los rebeldes, que al espíritu egoísta de los no rebeldes (dejando claro de una vez, que consideramos que la mayoría, de los miembros de las Fuerzas Armadas, han cumplido con su deber y que esa mayoría, no puede dejarse engañar, de una ínfima minoría, que no lo ha hecho); una paz donde la sociedad civil haga efectiva los derechos de la educación y de la salud para todos los colombianos.
Quienes defendemos la paz con justicia social, menos imperfecta que la propuesta por santos y sus epígonos, estamos acostumbrados a que se nos calumnie, denosté y ataque con igual saña, por la derecha, el centro y la izquierda. Se afirma por nuestros detractores, que no entendemos la política, que nuestra posición ética es un obstáculo para la paz y que en el mejor de los casos esa “reflexión moral es abstracta”. ¡Qué importante que estas difamaciones, haya colocado el debate donde debe estar, en el terreno de la ética!. Lo primero que debemos recordar, es que el hombre es el único ser de la naturaleza que puede realizar acciones morales, que somos seres morales con voluntad libre y que la obligación moral deriva de la razón. Que en cada acto del hombre (en cada coyuntura: política, económica, social, etcétera), debemos preguntarnos: ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo obrar?, Como debemos obrar siempre, no importa de qué acción concreta se trate. Si esa acción concreta, la realizamos por deber, entonces la acción es un fin en sí misma y éticamente correcta; o por el contrario la acción en un medio para conseguir un fin y por lo mismo moralmente incorrecta o en términos políticos maquiavélica.
La primera concepción que es la de Kant, parte del supuesto de que el principio moral es un principio para todos (universalizable) y para todos los actos concretos (coyunturas). La ley moral es un imperativo categórico y como su nombre lo dice, es un deber que contiene una orden que no admite excepciones, exoneración o dispensa en ningún caso particular, o coyuntura. A la pregunta cómo debemos obrar, en cada caso y siempre, responde: “obra sólo según la máxima que al mismo tiempo puedas querer se convierte en una ley universal”. La conciencia moral dice: no mentirás, no engañarás, no serás corrupto, no matarás, defenderás los derechos humanos, no robarás, serás siempre de izquierda, etcétera; estos mandatos son absolutamente válidos en todas las circunstancias o coyunturas, pues de otra forma no serían una exigencia moral. Nada gano con decir que yo soy incorruptible, si en cada coyuntura yo me corrompo: hoy exceptúo la regla con la excusa del dinero que me dieron; o del puesto que me dieron, o de la mermelada; o del contrato que me darán. Yo debo ser incorruptible, aunque me ofrezcan, en una situación concreta dinero, deba conservar mi puesto o me ofrezcan mermelada. En realidad no soy honesto, cuando critico la corrupción de los demás, pero justifico la de mi padre o la de mi hija, por la circunstancia o la coyuntura de que son mi padre o mi hija. Por mucho que predique que soy defensor de los derechos humanos, no lo seré si en ciertas circunstancias yo los violo o dejo de defenderlos; seré ladrón aunque diga que no, si quiero excusar mi robo por la circunstancia de mi pobreza o mi deseo coyuntural de tener mayor riqueza. No seré de izquierda por mucho que lo pregone, si en cada coyuntura voto por la derecha, así quiera justificarme con la fementida disyuntiva de la paz, Estas reflexiones son igualmente válidas para los otros mandatos de la conciencia moral: no mentirás, no engañarás, etcétera que deben cumplirse siempre en cada caso particular, en cada circunstancia, sin excepciones ni derogaciones pues de lo contrario serán acciones inmorales o anti éticas. Esto es válido para todas las acciones del hombre, incluidas las acciones políticas, como la de votar el Referendo.
La posición ética contraria, que considera que el hombre puede llamarse incorruptible y sin embargo dejarse corromper en cada caso particular, con tal de lograr un fin; o más grave aún, que considera, que hay una esfera de la actividad o conducta del hombre donde la ética es un obstáculo; y por lo mismo debe rechazarse la moral en ese escenario, que es el campo de la política, donde todo medio vale y está justificado si sirve para alcanzar el fin que es el poder político; el fin justifica los medios, es el denominado maquiavelismo; donde no hay imperativos categóricos, sino imperativo hipotético condicionales, ya que las reglas morales no valen absolutamente sino de modo condicional; son buenas y válidas si sirven para conseguir un cierto fin. Y si el fin es el poder y este se puede conseguir, con el asesinato, la tortura, la violación de los derechos humanos, la mentira, el engaño, la corrupción o el voto por la derecha, todos esos medios valen y están justificados.
Por el contrario, El imperativo categórico, en todas las relaciones humanas, considera al hombre como un fin en sí mismo “Obra de tal modo que uses la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo y nunca solamente como un medio". El ser humano no tiene precio sino valor; el valor del ser humano no es intercambiable por otros valores; ni siquiera por el valor de otros hombres; esto es lo que explica por qué Kant rechaza la tesis, de que es posible sacrificar a un hombre para salvar a otro hombre o a muchos otros hombres. Esa cualidad que impide que un hombre pueda ser intercambiado por otro hombre, es lo que se denomina dignidad humana; esa misma cualidad es la que hace que un hombre sea un fin en sí mismo, y que por lo mismo jamás pueda ser considerado como un medio; ya que si se le considera como medio se le estaría Cosificando, dejaría de ser persona para convertirse en cosa y podría ser intercambiable; por ejemplo se podría intercambiar un hombre por dinero y con esto habríamos regresado el régimen de la esclavitud; o se podría comprar, utilizar y degradar el cuerpo de una mujer.
Coherente con su ética, para Kant, estudiando las relaciones entre la política y la moral, Sobre el desacuerdo que hay entre la moral y la política con respecto a la paz perpetua y rechazando la tesis de que la política es inmoral, en La paz perpetua afirma “La mejor política es la honradez”. Lo correcto es más ético que lo bueno y la acción ética es más importante que el resultado que se obtenga. Lo que dignifica al hombre es la acción que realiza y no el resultado que obtiene. El hombre es lo que hace y no lo que dice que es, pues si dice una cosa y hace otra, en realidad es lo que hace; si digo que soy de izquierda y voto por la derecha, en realidad soy de derecha.
Quienes vemos y queremos una Paz menos imperfecta, asumimos nuestras responsabilidades sin mentira y sin engaño; les decimos a los maquiavélicos, incluido el gobierno, que quiere engañarnos sobre el plebiscito, que de igual forma asuman la de ellos; que dejen su moral flexible, distinta para cada caso, que a pesar de llamarse demócratas y honestos, en un caso particular se corrompen y en otra coyuntura también, que no aceptamos su invitación a formar parte del maquiavelismo; que porque lo conocemos es que lo rechazamos; que porque amamos la Paz grande es que rechazamos la guerra de Uribe y la Paz de los sepulcros de Santos; que el pueblo colombiano puede, desligarse de Uribe y de Santos, recuperar y ejercer su soberanía, y abrir un proceso de Paz con Justicia Social, esto es, con más derechos humanos para la sociedad civil; con una verdadera constituyente, con educación y salud para todos, para hacer más dignos a los colombianos; que preferimos continuar en el campo de los principios Kantianos, manteniendo la dignidad del ser humano. Que sepan los enmermelados, de derecha, centro o “izquierda” que tenemos valores y valor, pero no tenemos precio; aunque existan Maquiavélicos necios, que como dijera el poeta Antonio Machado “todo necio confunde valor y precio”.





Jaime Araujo Renteria

jueves, 7 de julio de 2016

EL BLINDAJE DE LOS ACUERDOS DE LA HABANA.

LE MONDE DIPLOMATIQUE - DEBATES

Jueves 14 de Julio - 6:00pm
Auditorio Stella Forero - Calle 39 N°19-15

EL BLINDAJE DE LOS ACUERDOS DE LA HABANA

Intervienen:
  • Jaime Araujo Renteria
  • Horacio Duque
  • Luis bernardo Díaz Gamboa