martes, 30 de agosto de 2016

PARTICIPACIÓN POLÍTICA ¿APERTURA DEMOCRÁTICA PARA CONSTRUIR LA PAZ? Por: Jorge Ignacio Salcedo Galán.

Cuando escribo estas líneas, recuerdo algunos de los perennes pendientes de los acuerdos con los que nos tuvieron engolosinados cuatro años y que, finalmente, se pactaron a escondidas y de los que nos enteramos solo cuando ya “todo estuvo acordado”. Entre, estos importantes temas se encontraban las garantías para la oposición, que finalmente se concretaron exclusivamente y precariamente en favor de la FARC, pero no de la democracia. La participación política de las Farc, desmovilizadas, se resolvió con la garantía de diez curules (5 en Cámara y 5 en senado) durante 8 años, botín electoral con el que “salvan” el orgullo después de 50 años de lucha armada. Sobre este aspecto no tengo ningún reparo salvo que, seguramente, los diez escaños los perderán las actuales minorías parlamentarias. Habrá que ver que opinan tales minorías. ¿Pero las reformas electorales que permitirían que los movimientos sociales y los grupos de interés se conviertan en verdaderos partidos como parte esencial de la “Apertura Democrática para construir la paz” en que quedaron? Estas aspiraciones se resolvieron o mejor se diluyeron en el punto dos donde después de retóricas manifestaciones sobre la importancia de las garantías democráticas todo se concretó en la convocatoria de una “Comisión para definir los lineamientos del estatuto de garantías” 1 con la participación de los actuales partidos y movimientos sociales para que con base en estos “lineamientos” el gobierno elaboré un proyecto de estatuto de la oposición que deberá pasar al Congreso para su debate. No se acordó, con la idea que sea vinculante y eficaz, nada sobre bajar el umbral electoral que deben superar los partidos o movimientos minoritarios para no ser aplastados por las “mayorías”, como ocurre en la actualidad. Al respecto solo se dijo que desde la Comisión referida se “impulsarán las siguientes medidas: Desligar la obtención y conservación de la personería de los partidos y movimientos políticos del requisito de la superación de un umbral en las elecciones”. Seamos serios, “impulsar medidas” no es nada. No hay duda de que el gobierno, para cumplir su palabra “impulsará” muchas medidas que después, sin incumplir nada, irremediablemente abandonará. A propósito de este tema, con Jeritza Merchán desde las “Bases en rebelión de la UP”, donde militamos, cumplimos, hace ya más de tres años, con enviar nuestros criterios a la Mesa de Conversaciones, entre los que como mínimos estaba bajar de manera notoria y cierta el umbral electoral, dar paso a los partidos regionales y modificar la forma de distribuir curules entre los centros muy poblados y los poco poblados y marginales, en favor de estos últimos, de manera permanente. Al respecto el Acuerdo solo refiere el compromiso del gobierno, es decir, el compromiso exclusivamente político de Juan Manuel Santos2, de crear 16 curules temporales para zonas afectadas, lo que parece conveniente pero insuficiente. Para no ser retóricos como el Acuerdo (que nos agobia mencionando reiteradamente el “enfoque de género” sin concretar nada al respecto) sobre la participación en política de las mujeres propusimos que las listas a cuerpos colegiados fuesen cerradas e intercaladas, escaño a escaño, por género. El Acuerdo, tampoco dice nada (ni siquiera para “impulsar medidas”) sobre la garantía – hoy inexistente – de democracia interna de los partidos políticos, que verán perpetuarse a sus caciques de siempre, a sus herederos y sus designados a dedo; lo que no dudo sucederá también con el nuevo partido de las FARC. Desde las Bases en Rebelión de la UP hemos manifestado que aunque exista multipartidismo, mientras no se garantice la democracia interna de los partidos, no habrá democracia real. Por esta misma razón, siempre que hablamos de la urgente necesidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, le agregamos los calificativos de “amplia y democrática” en la que los partidos políticos con personería jurídica no tengan ventajas en la conformación de listas y en la publicidad de sus propuestas con el resto de los colombianos.

Por otra parte ¿Qué pasó con la obligatoria reparación política a la Unión Patriótica, indispensable para poder pensarnos una democracia real? A esta víctima colectiva, símbolo de la resistencia civil y campeona de la democracia debieron, por lo menos, garantizarle por un siglo las curules que le quitaron a bala, para que no se nos olvide el genocidio. ¿No prometieron que las víctimas estarían en el medio del acuerdo? ¡Pues se les olvidó una víctima: la UP!3

¿Y que pasó con los procedimientos de trámite de los conflictos sociales anunciados para dar participación a la “movilización social” y las garantías al “derecho a la propuesta? ¿No será que tales garantías terminarán siendo las que se consagran en el nuevo Código de Policía, o en la perpetuación de la Doctrina Truman o de la Seguridad Nacional que implica la vergonzosa amnistía disciplinaria para los militares que delinquieron con ocasión del conflicto?4 Esto se puede esperar ya que además de la retórica no vinculante que empapa por todas partes el Acuerdo con verbos infinitivos conjugados para un futuro incierto e hipotético tales como “hacer ajustes”, “fortalecer”, “crear incentivos”, “promover”, “prestar asistencia”, “articular instancias”, etc. etc.), no se dicen nada concreto.

Corolario de lo dicho es que no se pactó nada significativo que implique el avance en la concreción de derechos democráticos que hagan posible la paz (salvo las curules de las FARC y las circunscripciones regionales temporales) y simplemente se creó una comisión que como otras instancias burocráticas creadas para otros puntos del Acuerdo que sin poder vinculante alguno, simplemente, “propenden” “recomienden” “evalúan”. “articulan”, adecúan”. “apoyan” o en el caso de la Participación Política “impulsan medidas”.



Jorge Salcedo
1 Pág. 32 del Acuerdo (punto 2.1.1.1.)
2 Sentencia C- 379 de 2016 de la Corte Constitucional
3 Por supuesto, habrá una nota exclusiva para el punto de “víctimas” donde se ahondará en el tema.

4 Por supuesto, habrá una nota exclusiva para el punto de amnistías donde se ahondará en el tema.

martes, 23 de agosto de 2016

“Ni el SI de Santos, ni el NO de Uribe; por la Constituyente con derechos”

Ante el plebiscito de Santos
Llamamiento a realizar una campaña
Ni el SI de Santos, ni el NO de Uribe; por la Constituyente con derechos
Voto por la Constituyente
(por los derechos: salud, educación, tierra para quien la trabaja, amplias libertades políticas
y derechos para todas las minorías)
La Corte Constitucional, en sentencia hecha a la medida del gobierno, sólo dejó tres opciones política y jurídicamente relevantes para votar en el plebiscito que convocará el Presidente para validar sus acuerdos con las FARC: el NO de Uribe, el SI de la paz imperfecta –a la medida de Santos– y el voto exigiendo la convocatoria a una Constituyente o por los derechos al trabajo, a la salud, a la educación, a la tierra para el campesinado pobre, a amplias libertades políticas, etc.
Al negar la posibilidad de voto en blanco, la Corte obligó –de hecho– a que una opción distinta de la del NO y del SI sea contabilizada como un voto nulo. Quienes convocamos a una campaña por la Constituyente, que no respalda ni el SI ni el NO, exigimos al gobierno y a los organismos electorales plenas garantías para su impulso. El total de votos nulos (escribiendo CONSTITUYENTE sobre la papeleta el día de la votación) será entonces el resultado alterno, contrapuesto e independiente del SI y del NO.
El plebiscito es, dentro de los mecanismos de participación popular, uno de los más antidemocráticos; no sólo por el uso que de él han hecho las dictaduras (Hitler, Napoleón, Pinochet, etc.) sino además porque no permite debatir y decidir separadamente sobre cada uno de los aspectos de un problema. Como ejemplo, algún colombiano podría estar de acuerdo con la negociación, incluido el tema difícil de que los rebeldes no paguen ni un día de cárcel, pero objetar que puedan ser elegidos inmediatamente a cuerpos colegiados. Otro colombiano podría estar de acuerdo con lo primero, e ir más lejos, por considerar que inmediatamente pueden participar en política, elegir y ser elegidos. Un tercer ciudadano podría estar de acuerdo con el segundo, pero en desacuerdo con que a los rebeldes que han cometido delitos políticos se les dé el mismo trato que a los agentes del Estado, que violaron derechos humanos, a tal punto de cometer genocidio –caso Unión Patriótica–, por considerar que existe una diferencia entre una actitud altruista y una actitud egoísta; lo que traza una línea divisoria entre delito político y delito común como las recoge la Constitución en el Artículo 150 numeral 17.
El plebiscito sobre el cese del conflicto armado entre el gobierno y las FARC tiene el defecto de que mete en una sola pregunta todos estos temas; y obliga al ciudadano, que está de acuerdo con muchas de las cosas del proceso, pero que no está de acuerdo con unas pocas, a violentar lo más grande que tiene el ser humano, esto es su conciencia, a votar por el sí sobre cosas que de estar separadas, las votaría el 99% afirmativamente y sólo votaría una negativamente. Situación similar se presenta para quienes sólo votarían negativamente unas pocas cosas, pero que son obligados a votar todo negativamente.
En el momento actual, alineados en torno al SI y al NO, aparece otro “paquete”, obligando a los colombianos a alinearse en torno al gobierno actual o al gobierno anterior; los dos igualmente nefastos para los derechos del pueblo e igualmente guerreristas contra los trabajadores, los indígenas, los afro descendientes, las mujeres, los jóvenes, los pensionados, violadores ambos de los derechos a la salud, a la educación, al trabajo, al medio ambiente sano; ambos responsables del genocidio denominado falsos positivos; en una palabra aliados incondicionales del gran capital, y de las multinacionales en desmedro de la situación de los trabajadores y los pobres. Alinearse al lado de uno u otro (Santos o Uribe) es caer en una verdadera trampa mortal.
En lo fundamental, Santos y Uribe son iguales. No por casualidad han sido socios y han pertenecido al mismo gobierno; sus intereses económicos son fundamentalmente iguales; sus diferencias son adjetivas; los dos son amigos de la guerra económica y social contra el pueblo; ambos formaron parte del gobierno del genocidio de los falsos positivos; uno como Presidente y el otro como ministro de defensa; ambos, bajo pretexto de la paz, han tenido contactos, directos o indirectos, con el paramilitarismo –Uribe al negociar con ellos la denominada Ley de Justicia y Paz y Santos reuniéndose con Carlos Castaño, planeando un golpe de Estado, para lograr “la paz”.
La campaña que nos proponemos realizar y a cuyo respaldo llamamos a todos los colombianos, especialmente a los trabajadores, explotados, oprimidos, comunidades indígenas, afro-colombianos, nos permite no caer en la trampa letal de Santos vs. Uribe, defendiendo una propuesta que abra nuevas perspectivas para solucionar los graves problemas que aquejan a millones de colombianos, no sólo el conflicto armado.
Nuestro llamado a organizar y desarrollar la campaña “Ni el SI de Santos, ni el NO de Uribe; por la Constituyente con derechos” y el Comité Provisorio que hemos conformado, está abierto a la participación de las fuerzas políticas y sociales y de las organizaciones democráticas y populares que coincidan en que no podemos caer en el falso dilema de respaldar o rechazar la totalidad de los acuerdos del gobierno con las FARC; quedando hipotecado a los planes de uno u otro –planes que son básicamente coincidentes. Gane el NO o gane el SI, la negociación y los acuerdos con las FARC seguirán adelante porque ya ellas manifestaron que no retornarán a la lucha armada y negociarán para reintegrarse a la actividad política legal; por lo que en realidad el cese del conflicto no está en juego, como lo afirman Santos y Uribe para polarizar y amedrentar a los colombianos.
La Constituyente, cuya convocatoria exigiremos y reclamaremos a lo largo de la campaña, es la opción más democrática en el momento actual para que los colombianos podamos discutir y decidir sobre los graves problemas que nos aquejan. Por eso es necesario aprovechar el Plebiscito para pronunciarse a favor de ella.
Comité Provisional de la CampañaNi el SI de Santos, ni el NO de Uribe; por la Constituyente con derechos


Jaime Araujo Rentería – Ex Presidente Corte Constitucional
Jorge Ignacio Salcedo Galán – Abogado – Profesor universitario
Jeritza Merchán Díaz -  Antropologa - Profesora Universitaria
Sebastián González - Unión Patriótica - Bases en Rebelión
Juan de la Cruz Sánchez Ramírez – Profesor universitario
Bogotá, 10 de agosto de 2016



EVENTO: La Paz se enseña con dignidad. Lecciones desde la cárcel. MIGUEL ANGEL BELTRAN VILLEGAS


SANTOS: REGALANDO INJUSTICIAS PAZ, PLURALISMO, LIBERTAD, IGUALDAD Y VICTIMARIOS. Por: JAIME ARAUJO RENTERÍA




Tres temas nos ocupan en esta oportunidad: 1) El proceso de terminación del conflicto armado; 2) El debate sobre la educación de los niños; y, 3) La afirmación del Presidente de la República en la asamblea de la Andi sobre el “tremendo beneficio” (en sus propias palabras) que concederá a los empresarios financiadores de violaciones de los derechos humanos, quienes podrían pasar, dentro de la denominada ‘justicia transicional’, de victimarios a víctimas.
 
Estas tres cuestiones reflejan las tensiones existentes en la sociedad colombiana, por la falta o poca comprensión de los derechos de la sociedad civil, y hacen categórica la necesidad de NOvotar ni por el sí de santos, ni por el no de Uribe, sino por la constituyente y los derechos de la sociedad civil.
 
El preámbulo de la declaración universal de los derechos humanos de la ONU, deja claro que sin derechos humanos no hay verdadera paz, y al respecto dice: “Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana;… “Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”.
 
El primer paso para defender un derecho, es tener claro en qué consiste. En los debates que últimamente se han suscitado sobre los tres temas arriba mencionados, es evidente que no se tiene una clara comprensión de los derechos.
 
Educación sexual
Sobre la educación de los niños, es importante que ellos sepan que existen distintos sexos y que existen distintas preferencias sexuales, y que no siempre la preferencia sexual coincide con el sexo de la persona; que cualquiera que sea mi sexo o mi preferencia sexual, esto no me hace mejor ni peor que los demás; que simplemente soy diverso, pero igual en derechos a los demás. El debate, parecía más bien un debate sobre los padres que sobre los niños, y por lo mismo debe ser un debate más amplio que cobije tanto la educación de los niños como de los padres (aunque estos crean que no deben educarse),  así como otras manifestaciones del pluralismo.
 
¿Qué es pluralismo?
La primera característica del pluralismo es que se opone a todo totalitarismo, pues, parte de la convicción de que nadie es depositario de la verdad absoluta y que ésta sólo surge del diálogo, de la discusión y la confrontación de las ideas y posiciones más diversas. Por esta misma razón, el Estado o el gobernante deben permitir la diversidad de opiniones o concepciones del mundo. Este es un pluralismo ideológico producto del racionalismo del siglo XVIII.
 
Además del pluralismo ideológico, existe el denominado pluralismo institucional, que se proyecta en la necesidad de dar espacio a instancias o instituciones distintas de la estatal. Presupone que el poder, incluido el poder político, no se concentre en un solo centro, sino que existan diversos centros de poder; que se distribuya el poder entre diversas organizaciones. Conlleva la existencia de cuerpos intermedios u organizaciones sociales entre el Estado y el individuo, que tienen el derecho a participar en las decisiones que los afectan.
 
En la constitución colombiana se encuentran reconocidos tanto el pluralismo ideológico como el institucional. Del primero, son manifestaciones la libertad de conciencia, pensamiento, opinión (incluida la política) o expresión (incluida la artística y científica); el libre desarrollo de la personalidad; etcétera. Del pluralismo institucional, son ejemplos, la división del poder político en distintas ramas u órganos, la distribución territorial del poder político: Estado federal, regional o autonómico; Estado descentralizado; la existencia de distintos partidos o movimientos políticos y el reconocimiento de diversos grupos etnolingüísticos, diferentes organizaciones religiosas (o no religiosas) o distintas clases de organizaciones familiares, etcétera.
 
El olvido o ignorancia de este principio pluralista, en sus expresiones ideológica e institucional, es lo que explica las posiciones de muchos de los que intervinieron en el debate sobre educación sexual, negando los derechos del otro y otras cosmovisiones del mundo, al partir de la premisa equivocada de que son depositarios de la verdad absoluta y de que existen poderes absolutos.
 
En síntesis
La violación de este derecho o principio del pluralismo, por parte de muchos de los que defienden el no de Uribe o el sí de Santos, contra quienes proponemos una paz con justicia social, votando por la constituyente con derechos, es otro ejemplo emblemático de la negación de los derechos del otro; de quienes tenemos una cosmovisión de la paz distinta. Olvidan que el artículo 22 de la constitución, nos da también a nosotros el derecho a la paz (que no es solo de ellos); que nosotros (como ellos, y como todo el pueblo colombiano) somos igualmente titulares de la soberanía (art.3 de la constitución); tenemos una fracción de la soberanía; que el principal atributo de la soberanía, es el poder constituyente y que para la soberanía popular el voto es un derecho y por lo mismo nadie puede ser privado de él, o de participar en las decisiones que afecten su destino (artículo 2  de la constitución); o compelido a ejercerlo de una determinada manera contra su conciencia (artículo 18 de la constitución); Y que es constitucionalmente legítimo que cada uno pueda tener una visión de la paz distinta a la paz por medio de la guerra de Uribe, o a la paz extremadamente imperfecta por medio de la guerra contra los derechos del pueblo de Santos; que podamos tener una visión de la paz con justicia social, con derechos humanos plenos; esta visión pluralista está basada en el ARTICULO 1. De la constitución que establece que “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República democrática, participativa y pluralista,…”. Olvidan lo que dijera Aristóteles hace 2.400 años que “La democracia es la forma en que la soberanía del pueblo está, por encima de las Leyes”.
  
Somos el Poder
Como lo ignoran u olvidan -y no sabemos cuál de las dos cosas es más grave -debemos recordarles que teniendo nosotros también la soberanía, asimismo tenemos su principal atributo que es el poder constituyente, que está por encima de todos los poderes constituidos, llámense Presidente, Congreso o Corte Constitucional, por lo que no puede ningún poder constituido impedirnos al soberano y propietario del poder constituyente, que promovamos y ejerzamos nuestro voto en el plebiscito por la constituyente con derechos; y que nuestros votos por la constituyente deben tener igual protección, por mandato del artículo 13 de la constitución que establece “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.”.
 
 
Tal para cual
Otro de los motivos por los cuales no votaremos por el no de Uribe ni por el sí de Santos, es que en lo sustancial son iguales; ambos defienden el mismo modelo económico; los dos igualmente nefastos para los derechos del pueblo e idénticos guerreristas contra los trabajadores, los indígenas, los afrodescendientes, las mujeres, los jóvenes, los pensionados, violadores ambos de los derechos a la salud, a la educación, al trabajo, al medio ambiente sano; ambos responsables del genocidio denominado falsos positivos; en una palabra aliados incondicionales del gran capital, y de las multinacionales en desmedro de la situación de los trabajadores y los pobres. Alinearse al lado de uno u otro (Santos o Uribe) es caer en una verdadera trampa mortal. Además de lo anterior, por lo expresado por el equipo negociador del gobierno y por el propio presidente Santos, en la asamblea de la Andi, contra los derechos de la sociedad civil y de las víctimas de la violencia a la justicia, a la verdad, a la reparación y a la garantía de no repetición; y que como miembros de esa sociedad civil no podemos aceptar: la impunidad total de los victimarios; o lo que es más grave, la conversión de los victimarios en víctimas.
 
“Tremendo beneficio”
Como sabíamos ya, los miembros de la Farc y de las Fuerzas Armadas, que cometieron delitos atroces contra la población civil no pagarán ni un día de cárcel. Sabíamos también que los que paguen cárcel, aunque no digan la verdad ni reparen a las víctimas de la sociedad civil, ya fueron beneficiados, pues sólo pagarán hasta 20 años de cárcel, cuando la ley vigente en Colombia, es de 60 años, por lo que ya se les entregó un beneficio de 40 años de cárcel, esto es, de las dos terceras partes de la pena, aunque no digan la verdad ni reparen a las víctimas o repitan los delitos atroces que cometieron.
 
En la asamblea de la Andi, conocimos además quiénes eran algunos de los terceros que también serán beneficiados de la misma impunidad: algunos industriales que desde la sombra, sin dar la cara, financiaron la guerra contra los derechos de la sociedad civil: la muerte, la desaparición forzada, la tortura, la violencia sexual, el despojo de la tierra de los campesinos, etcétera; a quienes el Presidente de la República les prometió que si votaban el sí, les iba a conceder, en palabras del propio Presidente, un “tremendo beneficio”; y que en realidad es un múltiple “tremendo beneficio”, pues la estrategia, como él mismo lo confesó, tiene varias partes: la primera, sacarlos de la justicia ordinaria: al sacarlos de la justicia ordinaria ya no pagan 60 años de cárcel sino 20; segundo otorgarles beneficios para que no paguen ni un día de cárcel; tercero aunque hayan financiado todos esos delitos atroces, no sólo no pagan un día de cárcel, si no que podrían ser considerados víctimas, con lo que pasarían de victimarios a víctimas (por arte de magia, con F-mafia-), de lo que se deduce, que como víctimas tendrían derecho a la reparación; por lo que a las verdaderas víctimas de la sociedad civil, les tocara ¡reparar a sus victimarios!
 
Para los miembros de la sociedad civil, de las víctimas es indiferente que la impunidad a sus victimarios, o lo que es más grave, su transformación, por acto de magia o de mafia, en víctimas, se la otorgue un tribunal nacional, un tribunal extranjero, o un tribunal mixto (integrado por nacionales o extranjeros); como es indiferente que el juez lo designe el Papa o el Secretario General de la ONU, si la ley que va aplicar el juez del Papa o de la ONU, ya le ha concedido la impunidad a los victimarios, o ha convertido en víctimas a los victimarios. Ni el Papa ni la ONU, deberían legitimar la aplicación de la ley en la que no han participado ellos, designando jueces que no tendrán alternativa distinta que aplicarla como fue negociada en La Habana, sin participación de las víctimas de la sociedad civil.
 
Como miembros de la sociedad civil, víctimas cuyos derechos han sido vulnerados, violados y vejados, por algunos miembros de las Fuerzas Armadas, y de la Andi, no podemos aceptar que se les otorgue “El tremendo Beneficio” de la impunidad total o que se les transforme de victimarios en víctimas, pues la paz de Santos, es la paz de los victimarios, que ya no tendrán nada que temer, pues su SI  los habrá transformado en victimarios; esta es otra razón fundamental para no votar por él si de santos ni por el no de Uribe; por el contrario, para votar por la constituyente que le dé verdaderos derechos a la sociedad civil y le restablezca los que le fueron violados.

viernes, 12 de agosto de 2016

DOBLEMENTE INFAME Los balbuceos y disparates del antropólogo Jaime Arocha - Por: Renán Vega Cantor

            “El error del intelectual consiste en creer que se puede saber sin comprender y, especialmente,
sin sentir y ser apasionado (no solo del saber en sí, sino del objeto del saber), esto es, que el
intelectual pueda ser tal (y no un puro pedante) si se halla separado del pueblo-nación”.
Antonio Gramsci


A raíz de la condecoración que recibió el profesor (hoy preso político) Miguel Ángel Beltrán por parte de la decanatura de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional, al conmemorarse sus cincuenta años, un grupo de académicos escribió una vergonzosa carta, en la que se oponía a dicho reconocimiento. A raíz de las críticas y réplicas que suscitó la actitud mezquina de esos académicos por parte de otros profesores, Jaime Arocha señaló las razones que lo llevaron a firmar esa carta, en un “artículo” publicado en El Espectador (1). Esindispensable analizar esa columna de prensa, no porque su autor diga algo importante sinopor los disparates que se exponen, y porque los mismos son un fiel reflejo de la postración decierto tipo de academia, cada vez más conservadora y derechizada. Los efectos de la pereza intelectual Arocha comienza con un comentario sobre el evento en que se presentó el libro de Miguel Ángel Beltrán, Las FARC-EP (1950-2015): Luchas de ira y esperanza, que se efectuó en el Departamento de Sociología de la Universidad Nacional el 10 de diciembre de 2015. Sin ahondar en el libro, se limita a tomar de la página web de la editorial que lo imprimió una parte del comentario de la abogada Sandra Gamboa, quien fue una de las presentadoras de ese libro en la fecha mencionada. Cuestiona la afirmación, que atribuye a Sandra Gamboa, de considerar que “uno de los aportes fundamentales del volumen consiste en la genealogía de los procesos de democratización que ha construido la insurgencia armada”.

Aquí ya hay una primera falacia, que resulta de la pereza intelectual, porque Arocha no va a la fuente directa, al libro y, en contra de lo que se esperaría en un académico responsable, no efectúa una lectura exhaustiva y minuciosa que le permitan fundamentar sus críticas. No lo hace, ni siquiera a través de todo el comentario de Sandra Gamboa, sino de la parte que aparece reseñada en la página virtual donde se comenta el lanzamiento del libro. No nos extraña esa pereza intelectual, de la que Jaime Arocha ya había dado una muestra, con motivo de la difusión del Informe de la Comisión Histórica del Conflicto Armado y sus Víctimas en Febrero de 2015.

En esa ocasión publicó el artículo “‘Sin coincidencias’, apareció en pantalla”. Allí, en lo que puede ser tomado como un extraordinario ejemplo de irresponsabilidad intelectual, se atreve a juzgar los resultados del Informe –algo que es perfectamente válido, tras haber leído y analizado sus 800 páginas– a partir del dudoso criterio de colocar su contenido en un buscador virtual para encontrar palabras que coincidieran. Sin ninguna vergüenza, afirmaba: “Tan pronto las recibí, en las 809 páginas de la Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia busqué negros, afrocolombianos, palenqueros y raizales, nombres por los cuales la gente de ascendencia africana optó para que el racismo no los volviera a subregistrar en el Censo de 2005”. Basándose en ese ejercicio de notable “profundidad” y “rigor” su conclusión es increíble: al no encontrar coincidencias sustanciales de las palabras colocadas en el buscador con el contenido del informe, dice: “Ojalá ejercicios más detenidos, que además involucren la zona plana del norte del Cauca, el Afrocaribe continental y el archipiélago raizal, desmientan la conclusión de este recorrido inicial: la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, al silenciar a la gente negra, terminó por revictimizarla”2. Difícil encontrar un ejemplo de tanta pereza intelectual, hasta el punto que ya los “buscadores inteligentes” les evitan a los académicos tener que leer, y sin embargo en forma atrevida extraen conclusiones con las que pontifican y a partir de las cuales escriben artículos de prensa. ¿Para qué leer un texto de 800 páginas si con un buscador virtual se puede extraer cualquier tipo de conclusiones en unos cuantos minutos? Parece muy cierto con estos ejemplos que Google formatea el cerebro y genera pereza intelectual, algo que es propio del rebaño digital, al cual se han incorporado en masa cierto tipo de académicos. ¿No será que “el coste de tener máquinas que piensan es tener gente que no”? Muchas infamias y disparates en pocas líneas Pero volvamos al artículo que nos interesa. Tras establecer tan endeble premisa –o sea, argumentar que, con base en un comentario, se puede deducir el contenido del libro de Miguel Ángel Beltrán– señala que no puede ser posible que las FARC hayan contribuido a democratizar el país, porque con homicidios de líderes de comunidades negras “sabotea democratizaciones ajenas a su hegemonía”. Establecido este hecho –que no tiene relación directa con el profesor Beltrán– Arocha se incluye entre los escépticos sobre esa tesis de la democratización, como lo son “la casi totalidad de quienes firmamos una controvertida carta que debe leerse en el sentido de que si el Consejo de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional intentaba convertir a Beltrán en el Gramsci colombiano, y así influir sobre el próximo fallo de la Corte Suprema de Justicia, le ha debido ofrecer un homenaje como el que legítimamente le tributaron el senador Iván Cepeda, y los profesores Jaime Caicedo y Renán Vega en el lanzamiento bibliográfico ya comentado”. (Énfasis nuestro).
Según este disparate de Arocha, no es el Estado colombiano, con sus acciones terroristas contra el profesor Beltrán (entre las que se encuentra el secuestro, la tortura, la calumnia, la difamación, la prisión...), el que lo ha convertido en un preso político (como lo fue Antonio Gramsci). Tampoco se asemejaría a la dignidad del luchador italiano –así como a sus aportes intelectuales y políticos (materializados en ese portento del pensamiento que son Los Cuadernos de la Cárcel)– el coraje y la valentía del sociólogo colombiano (junto con su obra intelectual). Nada de eso, el que ha querido convertirlo en el “Gramsci colombiano” ha sido el Consejo de Facultad de Ciencias Humanas de la U.N., además con el propósito explícito, según el atrevimiento arrogante de Arocha, de influir en el fallo de la Corte Suprema de Justicia.
¿Quiere esto decir, acaso, que Arocha está de acuerdo con que esa corte falle en contra de MAB y que este siga en la cárcel, y, lo mismo que los guerrilleros a los que este entrevistó, “sufran vejámenes repudiables en La Picota, cárcel donde están recluidos”, para utilizar los mismos términos con los que Arocha empieza el artículo que comentamos? ¿Nuestro antropólogo ignora los procedimientos utilizados por el Estado colombiano para secuestrar a MAB y encarcelarlo y por esa “ignorancia” piensa que la justicia colombiana debe actuar sin las presiones del Consejo de Facultad de Ciencias Humanas de la U.N.?
Luego de este primer despropósito, Arocha sostiene que “esa ceremonia (el lanzamiento del libro el 10 de diciembre, Nota nuestra) no convocó a quienes repudiamos la tesis de que las balas paren democracias, como sí resultó forzándonoslo la conmemoración del aniversario 50 de la fundación de nuestra Facultad”. ¿Qué significa este galimatías? ¿Arocha quiere decir que él, también condecorado con motivo del medio siglo de la Facultad de Ciencias Humanas, fue obligado a participar en el mismo evento en que se le entregó a MAB una condecoración similar, que por ese hecho se convirtió en un culto a quienes creen que las balas generan democracia? Lo que sí queda claro en su señalamiento, casi policial, es que quienes participamos en la presentación del libro el 10 de diciembre creemos que las balas paren democracias y eso es lo que se sostendría en el libro sobre las FARC. Una acusación tan temeraria, procedente de un antropólogo que se precia de haber inaugurado en Colombia los estudios sobre comunidades afros (excluidas, perseguidas y oprimidas), se inscribe en esa lógica macartista propia del bloque de poder contrainsurgente, que señalan a todos los que
piensen distinto de ser “apologistas de los terroristas” (Alejandro Ordoñez dixit...).
Luego Arocha, sin una línea de continuidad clara y con un nulo rigor argumentativo, sostiene: “La idealización de la violencia ha tenido la secuela nefasta de naturalizar una noción de libertad de cátedra para la cual es legítimo cubrirse el rostro con una capucha, irrumpir en clase recitando a gritos consignas de ira, y convirtiendo la calle 45 en campo de batalla: de un lado explotan papas bombas y vuelan ladrillos, arrancados de la planta física del Alma Mater, y del otro los gases lacrimógenos del ESMAD. En la mitad, quedan civiles de ojos llorosos, exasperados por disturbios ininteligibles”. [Énfasis nuestro]. En este razonamiento sofistico, se mezclan y confunden cosas y hechos que suscitan varias preguntas: ¿lo que él denomina “idealización de la violencia” se refiere acaso a hacer planteamientos diferentes a los de la violentologia oficial o de los medios de desinformación masiva para interpretar el conflicto armado en Colombia? ¿No se puede pensar distinto ni en contravía a las explicaciones convencionales sobre ese conflicto, porque eso significa idealizar la violencia, desfigurar la libertad de cátedra e impulsar los tropeles en la Nacional?; ¿Miguel Ángel Beltrán se ha cubierto la cara para dictar clase o ha permitido que los estudiantes lo hagan y ha impulsado y apoyado los enfrentamientos en la calle 45 para que esta se convierta en un campo de batalla? ¿El profesor de sociología que está en la cárcel ha impulsado a ciertos estudiantes para que griten consignas plenas de ira en las clases que se dictan en la Nacional? ¿Es que los estudiantes se cubren la cara por hobby y no porque vivamos en un país donde cualquier joven, que no pertenezca a las clases dominantes, pueda ser perseguido y encarcelado en el mejor de los casos, o desaparecido y asesinado como nos lo recuerdan los “falsos positivos”? Resulta muy fácil y simple hacer unos señalamientos genéricos y vaporosos para achacarle a otra persona unas responsabilidades que no tiene, y basándose en eso justificar su rechazo a la condecoración que le entregaron a un egresado y profesor de la UN que se encuentra arbitrariamente detenido. Adicionalmente, las afirmaciones de Arocha son ambiguas, contradictorias, y de un muy pobre nivel argumentativo en un académico e investigador de tantas campanillas. En verdad nos encontramos ante una retórica sofistica e insustancial, en donde difícilmente se encuentra un hilo coherente.
Una universidad al servicio de los capitalistas y poderosos Arocha concluye su nota, con los mismos balbuceos que la empezó: “Sobre este aborto de la discusión académica reflexiona Carlo Tognato, director del Centro de Estudios Sociales de esa universidad. Según él, la desradicalización y despolarización del ámbito universitario son indispensables para las escuchas horizontales sobre las cuales deberá realizarse el trámite de los conflictos que se multiplicarán, luego de que se firmen los acuerdos de paz de La Habana”. (Énfasis nuestro).
Nos enteramos que, según Arocha, las posturas académicas que discuten las interpretaciones oficiales sobre el origen y permanencia de la violencia en Colombia son un “aborto académico”. Y presenta para justificarlo dizque las reflexiones horizontales de Carlo Tognato, que no serían ni radicales ni polarizantes, porque vienen del liberalismo y de la derecha. Esto si no sería un aborto, sino una contribución desinteresada a la concordia universitaria. Vaya paradojas interpretativas que suscita ver el mundo desde la confortable mirada del académico conservador.
Arocha concluye su pieza antológica de la infamia, retomando la “novedosa propuesta” de Carlo Tognato de crear en la Universidad Nacional “el Centro Nicanor Restrepo Santamaría para la Reconstrucción Civil, con la participación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-México, EAFIT, y la Universidad del Rosario”. Esto si ejemplifica el tipo de universidad pública que académicos como Jaime Arocha tienen en mente: una que le rinda culto a los poderosos (pues recordemos que Nicanor Restrepo Santamaría formaba parte de los cacaos, los capitalistas más ricos del país); que sectores del mundo capitalista se tomen la universidad pública y sus edificios ostenten sus nombres (como sucede con el nuevo edificio de Ingeniería, al que se ha bautizado –lo cual es una verdadera afrenta a la universidad pública– con el nombre de Luis Carlos Sarmiento Angulo); que la UN firme acuerdos corporativos con universidades privadas de élite como la EAFIT y la Universidad del Rosario, porque eso si no es político, ni radicaliza, ni polariza, ni es una intromisión externa – inaceptable- en los destinos de la universidad; que la UN le rinda homenaje a los ricos por serlo, sin que estos hayan generado aportes intelectuales significativos (un libro, por ejemplo), tampoco tiene importancia. ¿Por qué Jaime Arocha no propone que se cree una institución que lleve el nombre de Orlando Fals Borda o de Manuel Zapata Olivella, investigadores de los sectores populares, que además estudiaron de cerca y con rigor a comunidades afros y dejaron una vasta obra escrita? Por lo visto, Jaime Arocha que tanto pregona sobre las comunidades afrodescendientes –pobres y perseguidas– solo las tiene como objeto de estudio, porque en la vida real de la universidad pública le rinde culto a los ricos y poderosos y quiere que estos sean sus dueños. ¿Cuántos estudiantes afros y pobres podrán estudiar en una universidad elitizada como la que proponen Tognato, Arocha y compañía? ¡Seguramente, en poco tiempo y como resultado de las gestiones del Centro Nicanor Restrepo Santamaría para la Reconstrucción Civil, que tanto aplaude Jaime Arocha, los pobres, afros e indígenas van a representar el 98 por ciento de los estudiantes, trabajadores y profesores de
las encopetadas universidades EDAFIT y El Rosario!

Aclarando razones

Tratando de resumir los balbuceos de Jaime Arocha, y leyendo entre líneas, se podría decir que él firmó la carta que rechaza el reconocimiento académico a Miguel Ángel Beltrán por estas razones: este es un autor que afirma que las FARC han contribuido a democratizar la sociedad colombiana y eso es inaceptable para un académico “bienpensante” y cómodamente instalado; la Facultad de Ciencias Humanas de la UN al entregarle un reconocimiento a MAB patrocino la idea que las “balas paren democracias”; el profesor encarcelado sería corresponsable de los tropeles que organizan los encapuchados, puesto que personajes como él abusan de la libertad de cátedra por “idealizar la violencia”; obras como las suyas constituyen un “aborto de discusión” y son las que han radicalizado y polarizado a la universidad pública... Ya vamos viendo lo que piensan algunos “brillantes” académicos de la Nacional, que la han convertido en una universidad de la ignorancia, del analfabetismo político, de la apatía y del conformismo, y en un centro de negocios.

La postura de Jaime Arocha es típica y representativa de una gran parte de la academia colombiana de las ciencias sociales que trabaja en las universidades colombianas, públicas y privadas. Se dedican a tomar como “objeto de estudio” a sectores pobres, excluidos, marginados, sobre lo cual construyen a veces un relato aparentemente crítico, pero que queda circunscrito al plano discursivo. En su vida real, diaria y cotidiana, no existe nada que los acerque, ni por equivocación a esos sectores subalternos (indígenas, afros, trabajadores, mujeres pobres...), sino que son solo un objeto de estudio, para conseguir dinero y prestigio académico. Ven a esos sectores como algo lejano, salvo cuando necesitan ampliar su currículo.

Esos académicos sufren de “disonancia cognitiva” ya que las injusticias, desigualdades, exclusiones que se presentan cerca de ellos, ante sus ojos, en la propia universidad pública, no les incumben ni les interesan. En esos casos, como lo ejemplifica lo sucedido con MAB, demuestran en la práctica que sus concepciones críticas son solo retórica y que sus posturas son profundamente conservadoras y cultoras del orden establecido. ¿Para qué tantos estudios sobre el racismo, la discriminación, la opresión y explotación que sufren las comunidades afrodescendientes, si quien tanto se ufana de rechazar todos esos mecanismos de injusticia y desigualdad, en la práctica discrimina, excluye y condena a un colega de sociología de la misma Facultad donde han trabajado ambos por muchos años?
La carta de los académicos contra MAB es infame, pero el artículo de Jaime Arocha es doblemente infame, porque aparte de todo, él también fue condecorado en la misma ceremonia de conmemoración de los cincuenta años de la Facultad de Ciencias Humanas de la U.N. Hubo dos académicos, ambos antropólogos –Arocha es uno y la otra persona es Myriam Jimeno–, que habiendo sido condecorados firmaron la carta de marras. Ahí radica la infamia por partida doble. Algunos de los que suscriben esa misiva estaban evidenciando su rabia, frustración y envidia por no haber sido galardonados (como Fabián Sanabria, Carlo Tognato y compañía). Al firmarla en el fondo estaban mascullando: “yo que soy tan brillante, porque no estoy entre los condecorados”. Pero Arocha no puede argüir eso mismo, ya que él también recibió la distinción académica. Es decir, no fue solo envidia lo que lo motivo, sino una postura de desprecio hacia Miguel Ángel Beltrán, quien ha sido perseguido y encarcelado por el régimen, una embestida aleve contra aquel que se encuentra tras las rejas, y una nueva forma de condenarlo en forma arbitraria como lo ha hecho el Estado colombiano y los poderosos medios de desinformación de las clases dominantes. Ese es el mismo desprecio que caracteriza a los racismos y a todo tipo de discriminación. ¿Con esa tolerancia de ciertos académicos, qué podemos esperar en las universidades colombianas tras la firma de un acuerdo que le ponga fin al conflicto armado?


NOTAS

1.Jaime Arocha, “Yo sí firmé”, El Espectador, junio 6 de 2016, disponible en http://www.elespectador.com/opinion/yo-si-firme
2. Jaime Arocha, “Sin coincidencias, apareció en pantalla”, El Espectador, febrero 16 de 2015, disponible en http://www.elespectador.com/opinion/sin-coincidencias-aparecio-pantalla-columna-544451
3. Georges Dyson, citado en Nicholas Carr, Atrapados. Cómo las máquinas se apoderan de nuestras
mentes, Taurus, Madrid, 2014, p. 135.