Cuando
escribo estas líneas, recuerdo algunos de los perennes pendientes
de los acuerdos con los que nos tuvieron engolosinados cuatro años y
que, finalmente, se pactaron a escondidas y de los que nos
enteramos solo cuando ya “todo estuvo acordado”. Entre, estos
importantes temas se encontraban las garantías para la oposición,
que finalmente se concretaron exclusivamente y precariamente en
favor de la FARC, pero no de la democracia. La participación
política de las Farc, desmovilizadas, se resolvió con la garantía
de diez curules (5 en Cámara y 5 en senado) durante 8 años, botín
electoral con el que “salvan” el orgullo después de 50 años
de lucha armada. Sobre este aspecto no tengo ningún reparo salvo
que, seguramente, los diez escaños los perderán las actuales
minorías parlamentarias. Habrá que ver que opinan tales minorías.
¿Pero las reformas electorales que permitirían que los movimientos
sociales y los grupos de interés se conviertan en verdaderos
partidos como parte esencial de la “Apertura Democrática para
construir la paz” en que quedaron? Estas aspiraciones se
resolvieron o mejor se diluyeron en el punto dos donde después de
retóricas manifestaciones sobre la importancia de las garantías
democráticas todo se concretó en la convocatoria de una
“Comisión para definir los lineamientos
del estatuto de garantías” 1
con la participación de los actuales partidos y movimientos
sociales para que con base en estos “lineamientos” el gobierno
elaboré un proyecto de estatuto de la oposición que deberá pasar
al Congreso para su debate. No se acordó, con la idea que sea
vinculante y eficaz, nada sobre bajar el umbral electoral que
deben superar los partidos o movimientos minoritarios para no ser
aplastados por las “mayorías”, como ocurre en la actualidad. Al
respecto solo se dijo que desde la Comisión referida se “impulsarán
las siguientes medidas: Desligar la obtención y conservación de la
personería de los partidos y movimientos políticos del requisito de
la superación de un umbral en las elecciones”. Seamos serios,
“impulsar medidas” no es nada. No hay duda de que el
gobierno, para cumplir su palabra “impulsará” muchas
medidas que después, sin incumplir nada, irremediablemente
abandonará. A propósito de este tema, con Jeritza Merchán desde
las “Bases en rebelión de la UP”, donde militamos, cumplimos,
hace ya más de tres años, con enviar nuestros criterios a la Mesa
de Conversaciones, entre los que como mínimos estaba bajar de
manera notoria y cierta el umbral electoral, dar paso a los
partidos regionales y modificar la forma de distribuir curules entre
los centros muy poblados y los poco poblados y marginales, en favor
de estos últimos, de manera permanente. Al respecto el Acuerdo solo
refiere el compromiso del gobierno, es decir, el compromiso
exclusivamente político de Juan Manuel Santos2,
de crear 16 curules temporales para zonas afectadas, lo que parece
conveniente pero insuficiente. Para no ser retóricos como el Acuerdo
(que nos agobia mencionando reiteradamente el “enfoque de género”
sin concretar nada al respecto) sobre la participación en política
de las mujeres propusimos que las listas a cuerpos colegiados fuesen
cerradas e intercaladas, escaño a escaño, por género. El
Acuerdo, tampoco dice nada (ni siquiera para “impulsar
medidas”) sobre la garantía – hoy inexistente – de
democracia interna de los partidos políticos, que verán
perpetuarse a sus caciques de siempre, a sus herederos y sus
designados a dedo; lo que no dudo sucederá también con el nuevo
partido de las FARC. Desde las Bases en Rebelión de la UP hemos
manifestado que aunque exista multipartidismo, mientras no se
garantice la democracia interna de los partidos, no habrá
democracia real. Por esta misma razón, siempre que hablamos de la
urgente necesidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente,
le agregamos los calificativos de “amplia y democrática”
en la que los partidos políticos con personería jurídica no
tengan ventajas en la conformación de listas y en la publicidad de
sus propuestas con el resto de los colombianos.
Por otra
parte ¿Qué pasó con la obligatoria reparación política a la
Unión Patriótica, indispensable para poder pensarnos una democracia
real? A esta víctima colectiva, símbolo de la resistencia civil y
campeona de la democracia debieron, por lo menos, garantizarle
por un siglo las curules que le quitaron a bala, para que no se
nos olvide el genocidio. ¿No prometieron que las víctimas estarían
en el medio del acuerdo? ¡Pues se les olvidó una víctima: la UP!3
¿Y que
pasó con los procedimientos de trámite de los conflictos
sociales anunciados para dar participación a la “movilización
social” y las garantías al “derecho a la propuesta? ¿No será
que tales garantías terminarán siendo las que se consagran en el
nuevo Código de Policía, o en la perpetuación de la Doctrina
Truman o de la Seguridad Nacional que implica la vergonzosa amnistía
disciplinaria para los militares que delinquieron con ocasión del
conflicto?4
Esto se puede esperar ya que además de la retórica no vinculante
que empapa por todas partes el Acuerdo con verbos infinitivos
conjugados para un futuro incierto e hipotético tales como “hacer
ajustes”, “fortalecer”, “crear incentivos”, “promover”,
“prestar asistencia”, “articular instancias”, etc. etc.), no
se dicen nada concreto.
Corolario
de lo dicho es que no se pactó nada significativo que implique el
avance en la concreción de derechos democráticos que hagan posible
la paz (salvo las curules de las FARC y las circunscripciones
regionales temporales) y simplemente se creó una comisión que
como otras instancias burocráticas creadas para otros puntos del
Acuerdo que sin poder vinculante alguno, simplemente, “propenden”
“recomienden” “evalúan”. “articulan”, adecúan”.
“apoyan” o en el caso de la Participación Política “impulsan
medidas”.
Jorge Salcedo
1
Pág. 32 del Acuerdo (punto 2.1.1.1.)
2
Sentencia C- 379 de 2016 de la Corte
Constitucional
3
Por supuesto, habrá una nota exclusiva para el
punto de “víctimas” donde se ahondará en el tema.
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