PENA DE MUERTE EN EL ERON (PICOTA – BOGOTÁ).

Los internos del patio 14 del establecimiento reclusorio de orden nacional (ERON) - Picota, denunciamos ante la opinión pública, nacional e internacional, ante los organismos defensores de Derechos Humanos, como ante las organizaciones sociales en su conjunto, las graves deficiencias en la prestación del servicio público de salud a la población privada de libertad en este centro de reclusión penitenciario.

Estas falencias en la asistencia médica a la población reclusa, la cuales hemos venido denunciando en reiteradas oportunidades sin respuesta positiva alguna, originaron la muerte cerebral y posterior deceso del compañero interno Pablo Javier Gómez Sánchez, el pasado sábado 31 de octubre en la madrugada.

El mencionado interno empezó a padecer desde la mañana del día anterior, agudos dolores de cabeza en la región occipital acompañado de una abundante evacuación de orina; síntomas que se hicieron aún más intensos y preocupantes en las horas de la noche cuando expulso agua – sangre por boca y nariz.

Pese a la rápida acción de sus compañeros de celda, así como de los pabelloneros del patio, no pudo proporcionársele la atención inmediata del médico de turno (quien tardo 30 minutos en llegar), y a la carencia de una adecuada estructura sanitaria que hubiese evitado el fatal desenlace que hoy conocemos.

A la luz de la Constitución Nacional, la atención de la salud es un servicio público a cargo del Estado conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. Esta obligación reviste especial atención cuando se trata de personas que nos encontramos en especiales condiciones de sujeción, como es el caso de la población reclusa.

En la aplicación de los tratados internacionales y las normas legales que cobijan la protección de los derechos de las personas privadas de libertad, exigimos del Estado Colombiano, en materia de salud, la atención integral que cubra no solo la asistencia médica, sino también la creación de programas de prevención que permitan la detección temprana de enfermedades.

Responsabilizamos CAPRECOM por ser una entidad inoperante, así mismo al gobierno colombiano quien a través de entidades nacionales, como el Ministerio de Protección Social y el Ministerio del Interior y Justicia, entrega los recursos de la salud de la población carcelaria a instituciones que hacen de los mismos, su propio botín, amenazando gravemente los derechos colectivos de una población vulnerable como somos las personas privadas de la libertad.

De otra parte, responsabilizamos al general Jorge Ruíz Ramírez, Director del INPEC; así como al Dr. Cesar Augusto Ceballos, director del COMEB-PICOTA, por la grave afectación que ha sufrido nuestro compañero Pablo Javier y demandamos, de los organismos de control una rigurosa investigación sobre los hechos aquí denunciados.

A sus familiares, padres, hijos, esposa y hermanos hacemos llegar nuestra más sentida solidaridad por lo ocurrido y los exhortamos a seguir adelante en sus investigaciones para que este nuevo hecho doloroso no quede en la impunidad.

Fraternalmente, 

Presos patio 14 – ERON (Picota – Bogotá). Noviembre 3 del 2015.
Fotos de salud presos políticos