COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA ¡NO PERMITAMOS QUE EL GENOCIDIO CONTRA LA UNIÓN PATRIÓTICA QUEDE EN LA IMPUNIDAD!

 

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA 

¡NO PERMITAMOS QUE EL GENOCIDIO CONTRA LA UNIÓN PATRIÓTICA QUEDE EN LA IMPUNIDAD!

El pasado 8 al 12 de febrero se desarrolló la audiencia pública del caso: Integrantes y militantes de la Unión Patriótica (UP) vs Colombia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH); dicha audiencia, dejó en evidencia lo que hemos venido denunciando desde la recuperación de la personería jurídica de la Unión Patriótica (gracias a demanda interpuesta en el año 2010 por los ciudadanos Jaime Araujo Rentería, Jorge Ignacio Salcedo, Jeritza Merchán Diaz y Ricardo Pérez González (Sebastián González) (Consejodeestado-comunicado.pdf), ratificamos que la personería jurídica fue usurpada por la actual dirección nominal en donde se encuentran sobrevivientes que estaban en el exterior y la sra Jahel Quiroga directora de la corporación reiniciar, de quien hemos alertado públicamente y en los diferentes entes de control, que aún no rinden cuentas económicas y políticas por la firma de contratos en el marco del plan Colombia con el gobierno de Andrés Pastrana Arango (contratosplancolombia.pdf) y por la suma de más de $95.015.986.000 - noventa y cinco mil quince millones novecientos ochenta y seis mil pesos, recibidos a nombre de la Unión Patriótica por parte del estado colombiano (Ministeriodelinterior - elabora reiniciar.pdf).

Al finalizar  la audiencia pública el juez Eduardo Vio Grossi dijo:  

“Este caso me ha llamado la atención, entre otras razones, porque fue interpuesto por el estado creo 16 días antes de que la comisión lo sometiera a la corte, fue el estado, me puse a pensar ¿Qué hubiera pasado si la comisión no somete el caso ante la corte?¿qué hubiera pasado con la presentación del estado? me hago esta pregunta porque es un caso inédito, normalmente se entiende que una denuncia contra un estado y que puede ser también de un estado contra otro estado, eso es claro en lo que se refiere a la comisión, según la reglamentación, parece que no es tan claro, parece, de acuerdo a la ley, al texto de la ley, al texto de la convención, porque  es más amplio, aquí entonces ocurre que una misma entidad cumple dos roles, acusador y acusado, demandante y demandado (…) este es un caso novedoso y por eso es mi reflexión (…) ¿está previsto realmente en la convención que un estado se pueda (por así decirlo) autodemandar, autodenunciar, autoacusarse? y además porque al señalar los fundamentos para operar así, en este caso aduce a razones que son más bien una defensa del estado, más que razones acusatorias así mismo (...) ¿es posible esta figura? (...) ¿no seria que podemos quebrar el sistema, fizar el sistema, afectar el sistema y que los estados empiecen a usarse esta figura para adelantarse a alguna una acusación, para señalar argumentos que a lo mejor lo podrían hacer ver en otra circunstancias, etc?”

(https://www.facebook.com/126256360759057/videos/52624272168757) video de la audiencia pública del 12 de febrero, intervención del juez Vio Grossi - ver a las 2 horas con 33 minutos ).

Como militantes del partido UP y sobrevivientes del genocidio político, señalamos que el estado colombiano se lleva así mismo a una corte internacional porque desde que el caso fue interpuesto en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Comisión IDH) en el año de 1993, existe contubernio entre el estado colombiano y uno de los representantes de las victimas de la Unión Patriótica, a saber, la Corporación Reiniciar en cabeza de la señora Jahel Quiroga Carrillo; quien a pesar del hecho notorio del genocidio político contra la Unión Patriótica, realizó dos intentos de acuerdos amistosos: Uno de ellos en el gobierno del genocida Álvaro Uribe Vélez (Unión Patriótica rechaza acuerdo amistoso con Estado en CIDH - Archivo Digital de Noticias de Colombia y el Mundo desde 1.990 - eltiempo.com);, en la audiencia pública el estado de manera revictimizante alegó reconocer solo 219 víctimas de las más de 6500 documentadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (debido a acción política orientada por la junta directiva de la UP del momento (a la que tambien pertenecia Sebastian Gonzalez -uno de los recuperadores de la personería jurídica), donde Jahel Quiroga fungía como delegada de derechos humanos del partido político Unión patriótica y no como Organización no Gubernamental (ONG) Reiniciar, con anterioridad hemos denunciando y ratificamos que existe revictimización por parte del establecimiento colombiano, que continúa ejerciendo acción genocida por razones políticas y desde la Corporación Reiniciar, quienes en cabeza de su directora Jahel Quiroga han rechazado casos de víctimas, dando mal manejo, al punto de que los documentos radicados han sido perdidos y han estigmatizado a familiares de las víctimas señalando irresponsablemente a los torturados, muertos o desaparecidos de “guerrilleros” (razones que asumen para no tomar los casos), la Corporación Reiniciar de manera reiterada invisibiliza, desconoce sobrevivientes y militantes víctimas de genocidio político, - entre ellos los casos de la familia Forero: Luz Mery Forero se encuentra en el exilio debido  a que fue victima de un atentado en búsqueda de justicia por el asesinato de dos hermanos y la desaparición forzada de uno la ONG reiniciar le informa que "no aparece" la carpeta con los documentos del caso de su hermano desaparecido, hecho que a la fecha no se resuelve; la Familia Mayuza: Nieves Mayuza fue prisionera política,  le asesinaron cuatro hermanos (de quienes se aportaron las 4 carpetas con toda la información de los crímenes y la Corporación Reiniciar señala que "no están allí") y ha sido revictimizada por razones políticas e ideológicas, por  exigir la verdad, justicia y reparación más allá de remuneraciones económicas; Ernesto Moreno fue alcalde del Castillo (Meta) por la UP, tiene medidas cautelares por parte de la Comisión y sin embargo su caso ha sido invisibilizado por la ONG Reiniciar ante la Corte IDH; Francisco Arteaga fue personero de Cartagena del Chaira, militante de la UP, víctima de amenazas y persecución, ha sido desconocido como sobreviviente por parte de la ONG Reiniciar; Guillermo Banguero, quien fue tesorero nacional de la UP, aun no tiene certeza de su caso o reconocimiento como víctima por la ONG Reiniciar; además,  la señora Jahel Quiroga revictimizó a Luisa Santamaria (hija de Gabriel Jaime Santamaria Diputado por la UP y vicepresidente de la Asamblea Departamental de Antioquía quien fue asesinado) a denunciarla penalmente por un comentario en redes sociales, donde alertaba de las denuncias hechas por varios sobrevivientes de la UP contra la ONG Reiniciar.

El estado colombiano  en la audiencia pública presentó la Justicia Especial de Paz (JEP), como garantía de justicia en el caso Unión Patriótica, lo cual es incoherente e incompetente, ya que los conocedores de la verdad,  actores intelectuales y determinadores del genocidio político contra la UP no será investigados, ni juzgados en la JEP, y su testimonio será recibido sólo si deciden ir de manera voluntaria (“La JEP no investigará a ningún presidente o expresidente”: Hernán Penagos)

El 5 de febrero como ciudadanos, simpatizantes y militantes de Bases en Rebelión de la Unión Patriótica, presentamos documento “Amicus Curie”  ante la Corte IDH para dejar en claro: Que no nos representan como sobrevivientes, víctimas y militantes, ninguna de las partes; denunciamos que las señoras Jahel Quiroga y Stella Aponte se acercaron a torpedear la denuncia penal al estado colombiano por el delito autónomo de Genocidio Político que cursa en la fiscalía 47 (fiscalia acepta denuncia UP-2012.jpg, DENUNCIA  GENOCIDIO UP-FISCALIA.pdf);, alertamos a la Corte IDH sobre la posibilidad de que su falló podría coadyuvar a la etapa de legitimidad del genocidio político,  al crear un imaginario de un “hecho pasado” y juzgado internacionalmente, cuando la realidad objetiva es que el genocidio político contra la Unión Patriótica continua cometiéndose y no hay garantías reales para la no repetición, como lo evidencia: Las ejecuciones extrajudiciales a jóvenes, los asesinatos sistemáticos a los líderes sociales, asesinatos selectivos y sistemáticos a los firmantes del acuerdo de la Habana (en su mayoría exmilitantes de la UP, víctimas de segunda y tercera generación, quienes en el año 1987 se vieron en la obligación de retornar a la lucha armada o ingresar a esta para sobrevivir al genocidio político, porque el partido político que los acogería en la vida civil estaba siendo exterminado); excandidatos de la pasada elección electoral por la Unión Patriótica y militantes de base, en la actualidad están siendo víctimas de montajes judiciales. Así, el fallo de la Corte IDH podría conducir a una revictimización, de no tener en cuenta que todas las victimas no se encuentran representadas y por el contrario han sido invisibilizadas por el estado y por uno de los representantes de las mismas víctimas; señalamos que el delito autónomo de Genocidio Político no está contemplado en la Convención Americana de Derechos Humanos, por lo tanto la Corte IDH no sería competente para generar un fallo que juzgue a los responsables individuales por acción o por omisión del Genocidio Político contra la UP; sin embargo, respaldamos, esperamos y solicitamos a la Corte IDH que al generar su fallo de Crimen de Lesa Humanidad, tenga presente la importancia de la reparación colectiva, ideológica y política, como la reconstrucción de la memoria histórica, la identidad y el territorio, categorías que se deben fortalecer en una reparación real a la acción genocida por parte de un estado. Exigimos garantías de no repetición, que se sepa toda la verdad, que exista reparación real, más allá de la económica e individual.

 

Continuamos llamando a la solidaridad, a generar acciones de unidad para que el Genocidio Político contra la Unión Patriótica no quede en la impunidad, a que se sepa toda la verdad,  que se juzgue a los responsables, a los determinadores y sus colaboradores, que se juzgue colectiva e individualmente a los miembros del estado que se encuentran todavía ejerciendo y delinquiendo en las ramas del poder público; es menester seguir agotando las vías jurídicas internamente, por lo que insistimos en la denuncia penal ante la Fiscalía, para que, agotado este término, se proceda ante la Corte Suprema Justicia y de no existir justicia interna, acudir a la Corte Penal Internacional, la cual sí es competente para juicios y condenas a individuos (civiles, presidentes, expresidentes, empresarios, dueños de los medios de comunicación y altos mandos militares); exigimos que los dirigentes que hicieron riqueza personal a nombre del dolor y sangre de nuestros compañeros, sean sancionados política y jurídicamente, que no dirijan nuestro partido, porque sus actos de contubernio y revictimización los inhabilita moral y éticamente. Caminamos hacia la unidad con madurez en los objetivos en busca de una Colombia donde se ejerza la democracia sin ser eliminados por diferencias políticas e ideológicas, seguiremos exigiendo y construyendo una Paz estable y duradera, una Colombia feliz, en Paz y llena de esperanza. 

UNIÓN PATRIÓTICA - BASES EN REBELIÓN

Colombia, Marzo de 2021

UNIÓN DE JÓVENES PATRIOTAS

COLECTIVO PECXKANAMEYA

CORPORACIÓN AMERICANA DE VICTIMAS DE GENOCIDIO POLÍTICO (CAVIGEPO)

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Teléfonos: 3014393409 y  3043353184.