Mientras esto sucede a escala
planetaria, en Colombia seguimos trasegando por los caminos de la
negociación política del conflicto armado y el ajuste económico.
Reconocemos la necesidad de poner fin al conflicto armado y el
derecho que tienen las organizaciones insurgentes de adelantar una
negociación política con el gobierno.
El presidente Santos, dejó en claro desde el inicio de los diálogos
de La Habana, que el modelo económico y el régimen político no
estaban en discusión:
"No vamos a
entrar a negociar ni a conversar sobre aspectos fundamentales de la
vida nacional, como la propia Constitución, el modelo de desarrollo,
el concepto de propiedad privada, eso no está en discusión ni va a
estar en discusión".
Así lo expresó desde Noviembre de 2012 y los alcances de lo pactado
hasta el momento confirman lo anunciado. Por otro lado, el Centro
Democrático de Uribe Vélez hace una oposición declarativa pero
coincide con el gobierno de Santos en preservar el modelo económico
y el sistema político.
Incluso,
en medio de la negociación con las FARC, hemos asistido a una
profundización del modelo neoliberal, con reformas
tributarias regresivas, que eximieron a los empresarios del pago de
los aportes parafiscales, dejando sin presupuesto a instituciones tan
importantes como el SENA y el ICBF, el incremento salarial decretado
en Enero de este año del 7%, está muy por debajo de la inflación,
la venta de Isagen que profundiza la privatización de lo público,
la entrega concesionada del país a las multinacionales mineras, la
oficialización de las Zidres que terminará por entregarle los
baldíos y las selvas al gran capital, y la anunciada reforma
tributaria estructural que incrementará el IVA en tres puntos,
golpeando directamente el bolsillo de los ciudadanos de a pie, esto
para citar los casos más relevantes.
Como si fuera poco la corrupción y el
saqueo al erario público se han convertido en una práctica
recurrente de la llamada clase política y de las elites económicas
ligadas al capital financiero. La estafa evidenciada con la
construcción de la refinería de Cartagena, REFICAR, en la que
ECOPETROL perdió US$5.000 millones, constituyen un ejemplo
manifiesto de esta corrupción.
Los resultados de la negociación han
dejado en claro que las reformas democráticas que demanda el pueblo
colombiano siguen pendientes. Transformaciones que garanticen una
reforma política que liquide el clientelismo, la corrupción y que
desprivatice la participación en las jornadas electorales; la
reforma a la justicia para terminar con la impunidad; la
universalización de los derechos a la salud, la educación, el
acceso democrático a la tierra (reforma agraria integral), el
derecho a la vivienda (reforma urbana) el derecho al trabajo; la
formalización laboral y libertades sindicales, reformas por las
cuales el pueblo colombiano ha batallado por décadas.
Particular atención merece el diseño
de una política alternativa al ordenamiento territorial definida en
el actual Plan Nacional de Desarrollo, basado en el control
corporativo de las regiones y el extractivismo que desplaza a los
pobladores y destruye los territorios. Esta política territorial
alternativa debe consultar las actuales resistencias al extractivismo
depredador y el respeto a los territorios comunitarios y ancestrales,
así como a las decisiones autónomas de las comunidades étnicas.
Igualmente propugnamos, en la presente
coyuntura, por el cambio de orientación del actual ejército basado
en el concepto de la Seguridad nacional, la reestructuración y su
plena democratización y la disminución del píe de fuerza,
desvinculando y juzgando ejemplarmente a los responsables de las
acciones en contra de la población civil, garantizando el desmonte
del paramilitarismo y la devolución de las tierras y bienes que
apropiaron de manera violenta o con testaferros.
En el caso del debate a propósito de
la justicia transicional, reivindicamos el derecho de rebelión de
los insurgentes históricamente reconocido como, derecho político de
los pueblos a luchar contra regímenes autoritarios sin desconocer
las consecuencias del haber cometido delitos de lesa humanidad,
y creemos que deben existir procesos con castigo diferenciados a los
agentes del Estado y a los financiadores civiles del negocio de la
guerra. Ello por cuanto el Estado no puede auto-decretarse impunidad,
eludiendo la responsabilidad entre terror de Estado y
paramilitarismo, desarticulando judicialmente la cadena de mando de
la jerarquía militar y burlando los derechos de las víctimas.
La inequidad en la distribución de la
riqueza aumenta y son los pobres los más damnificados, quienes
sufren de manera dramática las consecuencias de las políticas de
ajuste. Son ellos los que mueren en las puertas de los hospitales por
la ausencia de servicios médicos adecuados, son ellas las mujeres
trabajadoras y campesinas los que padecen la pandemia del Zika, el
aumento desorbitado de los precios de los alimentos y de las tarifas
de los servicios públicos (energía, agua, gas, transporte etc.) y
la imposibilidad de educar a sus hijos.
Debe resaltarse la bancarrota que el
actual gobierno le ha declarado a la Universidad Pública
reduciéndoles de manera considerable las transferencias, lo que ha
llevado al cierre de universidades regionales (caso Universidad del
Tolima, Guajira) y a despidos masivos de trabajadores y docentes
(Universidad de Antioquia).
La paciencia de los colombianos se
agota, las protestas que desde inicio de este año se han presentado
en Bogotá (ante las medidas antipopulares de Peñalosa) y en el
resto del país confirman que la organización de la población y la
protesta social en la lucha por sus derechos es la vía para hacer
sentir la voz de los oprimidos. Por ello, la convocatoria a un Paro
Nacional que ha sido anunciado por diversas organizaciones sociales,
cobra vigencia para detener la guerra social que las elites en cabeza
de Santos descargan sobre la mayoría de la población. Para que el
paro sea una realidad no puede decretarse “por arriba” y luego
negociarlo a puerta cerrada con el gobierno, tal y como ocurrió en
protestas anteriores.
Por tanto, proponemos que se construya
en las fábricas, los barrios, los colegios, las universidades, las
resistencias territoriales y agrarias, construyendo coordinaciones
amplias que posibiliten la organización de esta protesta y
convocándola de la manera más amplia, recogiendo las
reivindicaciones de cientos de miles de colombianos que aspiran
obtener bienestar para sus familias y un país diferente. Desde
nuestras organizaciones nos comprometemos con esta tarea.
UNION PATRIOTICA BASES EN REBELIÓN.
UNIDAD PAZ Y DEMOCRACIA. (UPD)
MOVIMIENTO POR LA CONSTITUYENTE
POPULAR (MCP)
MOVIMIENTO ECOSOCIALISTA DE
COLOMBIA.
PARTIDO SOCIALISTA DE LOS
TRABAJADORES PST
COLECTIVO ANTICAPITALISTA
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
ASOQUIMBO
SINALTRAINAL
RED DE LUCHA CONTRA EL HAMBRE Y LA
POBREZA
No hay comentarios.:
Publicar un comentario