lunes, 3 de septiembre de 2018

A LOS 55 AÑOS DEL NATALICIO DEL DIRECTOR DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN DEL GENOCIDIO POLÍTICO CONTRA LA UNIÓN PATRIÓTICA PROFESOR IVÁN DAVID ORTÍZ PALACIOS.


Las víctimas empiezan la carrera vertiginosa de convertirse en cifras, a despojarla no solo de su existencia física e ideológica, sino también de su historia social y humana, así que ya no es el vecino, el padre, el líder , el maestro, el estudiante, el amigo de y quien hace parte de, sino un numero abstracto inanimado y, si se permite el termino, des-historizado”.
Iván David Ortíz
La UNIÓN PATRIÓTICA (UP) producto de la vida del propio e incomparable desarrollo de la lucha de nuestro pueblo que con la resistencia indígena frente al invasor empezó a constituirse la Patria, la guerra de resistencia indígena como parios originarios va formando el mapa del país. Es una guerra desigual, que siembra en la tierra colombiana la semilla de la independencia, generando diversos frutos, la leyenda de la Gaitana logra unificar la resistencia del indio y mantener a raya el invasor; la insurrección de los comuneros, tejida con hilos de la unidad popular, blanca, negra, india, mestiza, es la resistencia precursora de la independencia de nuestra Patria, que florece con la gesta libertadora de Simón Bolívar, quien comprometió todo por la revolución, en la batalla antiimperialista, en la batalla de nuestros pueblos por la independencia.

Este acumulado de resistencia y confrontación tiño la rosa que dio el nombre al partido político que nace del acuerdo de los diez puntos entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejercito del Pueblo (FARC-EP) y el gobierno conservador de Belisario Betancour, en el año de 1984 en el proceso de cese al fuego, tregua y paz, acto al que se sumaron otras organizaciones guerrilleras como la ADO (Autodefensa obrera); destacamentos “Simon Bolivar” y “Antonio Nariño” del ELN (Ejercito de Liberación Nacional); M-19 (Movimiento Diecinueve de Abril); EPL(Ejercito Popular de Liberación). De estos acercamientos insurgentes emerge el acuerdo de la Uribe, el cual, en el punto séptimo refiere:
“Las FARC-EP darían inicio a su trabajo político, agenciando el fortalecimiento de un nuevo movimiento político, pero renunciando a la favorabilidad política”; así mismo en el punto décimo confiere: “El acuerdo seria valido para todos los grupos alzados en armas dispuestos a acogerlo y suscribirse a él”, es decir la UP como propuesta de paz y movimiento amplio de convergencia por la democracia, surge en iniciativa de la insurgencia, junto al pueblo colombiano, sindicalistas, estudiantes, trabajadores, campesinos, indígenas, entre otros. Posterior a ello, en el año de 1987 se rompe la tregua, debido al incumplimiento por parte del gobierno, quien con el ejercito colombiano y el paramilitarismo, emprendía la desaparición sistemática de los miembros de la UP, así lo señaló Ivan Marquez un 24 de septiembre de 1986 desde su curul en la cámara de representantes “Nuestro movimiento político la Unión Patriótica es el resultado mas importante de este proceso de paz, que pugna por la unidad de los colombianos en la búsqueda de un futuro pacifico y que intenta materializar, de otra parte el deseo de retorno de miles de guerrilleros a la actividad política legal, esta siendo objeto de un plan de exterminio físico de sus dirigentes”.

Al caracterizar lo ocurrido con la unión patriótica, desde diferentes escenarios, se habla de masacre, exterminio, persecución, exilio, estigmatización, entre otros. Mas sin embargo la postura que abarca esta y otras practicas, es la estructura, la concepción de Genocidio Político. En el año de 1996 se constituye el grupo de investigación El Genocidio Político contra la Unión Patriótica con el apoyo de la Universidad Nacional de Colombia, en cabeza del Profesor Ivan David Ortiz Palacios, que por cierto hoy 3 de septiembre de 2018 cumpliría 55 años de no haber desaparecido físicamente, los miembros del grupo de Investigación, con persistencia y terquedad ante un olvido impuesto, deciden emprender la batalla por el reconocimiento y no impunidad del Genocidio Político contra la UP que aun continua en la impunidad, agenciándose y cometiéndose.

El Genocidio es el crimen mas aberrante de la humanidad contra la humanidad, crímenes como masacres, exterminio, persecución, exilio, cárcel, estigmatización se cometen y hacen parte del crimen de Genocidio Político de lesa humanidad, cuyo objetivo es destruir total o parcialmente a un grupo con identidad propia, la estigmatización hace parte de la forma de eliminación, se consigue incrementar el odio y desprecio al otro con los medios de comunicación, esto no ocurre al azar, es planificado, para incrementar en el imaginario la eliminación del otro. Existe complicidad por parte del estado, lo cual hace sistemático el crimen, con empresas de la muerte, juridicidad que legitima el proceso ilegal y la violación de derechos humanos, participan multinacionales, paramilitares, donde el estado es generador y cómplice.



El crimen de genocidio político, lleva a toda la sociedad una tentativa que victimiza, que aterroriza, implica inmovilización, se ejemplifica la atrocidad y no se quiere pertenecer a la colectividad que se esta eliminando. El Genocidio Político lesiona estructuras inimaginables socio culturales, se produce un país enfermo, miedoso, violento, aterrorizado. En Colombia se continua estigmatizando, encarcelando, amenazando, exiliando, desapareciendo y asesinando a sindicalista, estudiantes, campesinos, obreros, hombres, mujeres y niños, quienes dentro del terrorismo de estado decidimos hacer oposición al régimen establecido en palabras de Ivan David Ortiz “ a lo largo de su existencia, en la Unión Patriótica se configuran tres aspectos que se presentan casi simultáneamente: acción genocida, resistencia y vida. Esto porque es una constante que cualquier especie viviente que se vea amenazada desarrollan siempre elementos de supervivencia, en el caso de los seres humanos con mas razón por que cuentan con mas herramientas para hacerlo: materiales, simbólicos, emocionales, mentales y en este caso ideológico-políticos”
El 19 de enero de 2013, un grupo de ciudadanos nos declaramos militantes de base y convocamos a el 5° Congreso de la UNIÓN PATRIÓTICA UP, siendo esta la manera legitima de resurgir la organización luego de 13 años, como lo consta el Articulo 8° de los estatutos vigentes hasta esa fecha “la dirección máxima de la Unión Patriótica es el Congreso Nacional” nuestra convocatoria fue amplia, abierta e incluyente por todos los medios de comunicación y manifestamos que: “Reclamamos el derecho a la memoria y reparación integral de las víctimas de genocidio político cometido contra la Unión Patriótica, conocemos y respaldamos en lo fundamental la plataforma política con que se lanzara en 1985, por su vigencia para la Colombia de inicios del Siglo XXI; nos declaramos militantes de base y nos constituimos en grupo de trabajo con el fin específico de convocar y realizar el V Congreso, con la intención de continuar su participación activa y decisoria en la historia institucional de Colombia.” ver declaración completa en: (https://es.scribd.com/document/326539987/2013declaracion-de-Base-Up)
Posterior a nuestra convocatoria, la corporación reiniciar en un comunicado publico el 15 de Febrero de 2013 dice: “Aclaración sobre convocatoria a “Congreso de la UP”...Hemos conocido a través de diferentes medios de una convocatoria que se está realizando para un Congreso de la UP... desconocemos cualquier manifestación distanciada de la propuesta de reparación política que hemos trabajado con las Coordinación Nacional de Víctimas y Familiares del Genocidio contra la UP, con promesas de personerías jurídicas y otros, que no solucionan la Reparación Integral de las víctimas, familiares”; al igual que la corporación Reiniciar otras “viejas Directivas” dejan ver su oportunismo y realizan un III pleno el 15 de marzo de 2013 por fuera de los estatutos vigentes ya que a la fecha la Unión Patriótica se encontraba acéfala ya que llevaba 13 años sin realizar un congreso, sin embargo la Corporación Reiniciar y algunos miembros del PCC continúan atacando la militancia de base de la UP y nombra como presidente al señor Omer Calderón quien realizo en el año 2014 el “Informe acerca de los riesgos a Marcha Patriótica en derechos humanos y recomendaciones” (http://www.pares.com.co/wp-content/uploads/2014/08/An%C3%A1lisis-de-riesgo-de-la-Marcha-Patri%C3%B3tica-en-cuatro-departamentos1.pdf) financiado por la USAID ong que responde a la inteligencia militar del imperialismo norteamericano, no reconocimos esa vieja Junta Directiva elegida en 1999 ya que su vigencia era de 36 meses, luego de 14 años y posterior a nuestra convocatoria al 5° Congreso, sin ningún reparo ético emiten comunicado (ver: https://es.scribd.com/document/326537960/Comunicado-Desconociendo-Las-Bases-de-La-Up) a la opinión pública igualmente desconociendo nuestra militancia de base, el trabajo de memoria, resistencia y lucha ante el olvido impuesto.

En el año 2010 - el 19 de mayo- los ciudadanos Jaime Araujo Renteria, Jorge Ignacio Salcedo, Jeritza Merchán Diaz y Ricardo Pérez González (Sebastián González) interponen demanda (https://www.scribd.com/document/326538396/2012-Segunda-Demanda-Up-1) en el Consejo de estado, con la ayuda de la lucha académica del Grupo de Investigación de Genocidio contra la Unión Patriótica, desde el año de 1994 en cabeza del profesor Iván David Ortiz Palacios. El 9 de Julio de 2013 la Sección Quinta del Consejo de Estado en un comunicado de prensa dice: “el fallo equivale a que la Unión Patriótica -UP- nunca perdió su personería jurídica, y que la conserva”, posterior a este fallo el Oportunismo e intento de raponeo por parte del señor Omer calderón y la corporación reiniciar es evidente, el 10 de julio de 2013 en una entrevista la directora de la corporación se muestra a favor del congreso el mismo que anteriormente rechazaron enfáticamente “Lo primero que tendremos que hacer es un congreso para convocar a todos los sobrevivientes, para que definamos qué camino vamos a tomar”, dijo Jahel Quiroga Carrillo, directiva de la UP y cabeza de la Corporación Reiniciar”, 13 de julio de 2013 el señor Omer Calderón en entrevista al periódico el tiempo señala “Vamos a sondear a la gente para saber si le interesa que participemos en política”, las bases nunca hemos dejado de participar en política y siempre se ha hecho a nombre de la UP, somos sujetos políticos y sociales.

Desde las bases se buscaron acercamientos con el profesor Omer Calderón, de manera personal y pública, por medio de una carta el 15 de Abril de 2013, lo invitamos de manera respetuosa a nuestro 5° Congreso, hizo caso omiso a nuestro llamado en calidad de víctimas de primera, segunda y tercera generación, a pesar que el 15 de marzo de 2013 en rueda de prensa convocada y realizada por los legítimos militantes de base para dar a conocer el 5° congreso de la Invencible Unión Patriótica y exigir (por que es un deber histórico, social, político, académico y ético) la reparación integral del Genocidio Político que se sigue cometiendo contra nuestra colectividad, rueda de prensa que fue usada por Omer Calderón para dar declaraciones, una vez usurparon el trabajo jurídico, ético y político de las bases.

Los militantes de base en los diferentes encuentros regionales preparatorias al 5° Congreso recibimos denuncias verbales de presuntos malos manejos en los dineros que el estado ha entregado a la corporación reiniciar para la seguridad protección de los sobrevivientes, ante esto es menester empezar a buscar la verdad interna de lo acontecido con nuestro partido en los últimos años, de los diferentes documentos obtenidos mediante derecho de petición tenemos (https://es.scribd.com/document/326539791/Documentos-UP):

  1. El informe del 27 de septiembre de 2013 del ministerio del interior, donde señala que la ejecución presupuestal del programa de protección UP-PCC del 2000-2010, ha sido de $95.015.986.000, informe elaborado por Dennys Jiménez Martinez miembro de la junta directiva de la corporación reiniciar.
  2. Documento del 10 de Octubre de 2013 de la Unidad Nacional de Protección, donde afirma que se han ejecutado en la implementación de medidas de protección correspondientes a dirigentes y sobrevivientes UP-PCC en el 2012 un total de $10.324.089.708 y en enero al 17 de julio de 2013 un total de $13.377.379.924.
  3. Los 21 folios de los contratos de la señora Jahel Quiroga Carrillo con el gobierno de Andres Pastrana Arango donde se compromete a cambio de dinero a “presentar los informes que le solicite la oficina del acto comisionado para la paz, sobre situación de orden público en determinadas zonas del país”.
  4. El audio de la declaración del Señor Carlos Lozano Guilléń en defensa del Genocida César Pérez García, determinador de la masacre en el municipio de Segovia. (https://drive.google.com/file/d/0B-RNYyO8Gzp4bVdRWkhwLWViSXM/edit ).

Documentos que muestran las grandes sumas de dineros que han recibido y de las que hasta el momento no rinden cuentas, las señoras Jahel Quiroga Carrillo, Stella Aponte y Aida Avella Esquivel, se acercaron a la Fiscalia General de la Nación Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario Fiscalia 47 Especializada, con el fin de torpedear la apertura del proceso e impedir la demanda contra el estado colombiano por el Genocidio Político que continua cometiendo contra nosotros, como lo muestra la citación a declaración jurada a Aida Avella Esquivel, Nelsón Campo Nuñez, Jael Quiroga Carrillo, Carlos Lozano Guillen, Omer Calderón, Felipe Santos, Iván Cepeda Castro, Jaime Caicedo Turriago y Beatriz Zuluaga, quienes aun no se han acercado ha declarar, por que prefieren ser contratistas del establecimiento que demandantes, no nos representan, ni representan la ética revolucionaria que caracterizó a nuestros Compañeros de la Unión Patriótica, por el contrario defienden y solapan las injusticias de este estado genocida y pretende solapar la verdad interna en nuestro partido, dentro de nuestras conclusiones y compromisos en el V Congreso del 13, 14 y 15 de septiembre de 2013 en Bogotá, fuimos elegidos para realizar memoria activa, buscar la verdad, justicia y reparación integral, por lo cual continuamos pidiendo un informe político, ético, jurídico y económico, para poder desarrollar un trabajo ético y transparente, aun no recibimos respuesta y por lo tanto es nuestro deber seguir en busca de ellas, nos hemos comprometido con las bases y la historia. Nuestro objetivo es que el Genocidio Político contra la Unión Patriótica no quede en la impunidad para ello es necesario que la fiscalía abra el proceso por Genocidio Político, a lo que continua negándose la “dirección nominal” hoy en cabeza de Aida Avella, lo evidencian al no rendir declaración juramentada, retrasan dicho objetivo, el que nos incluye a todos, que se investigue y juzgue el Genocidio Político contra la Unión Patriótica. No queda claro aún: ¿Por qué la “dirección nominal” no se acerca a la fiscalía a declarar?, tenemos el conocimiento que en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH no existe la posibilidad jurídica de que el Estado Colombiano se ha condenado por Genocidio Político, debido a que CIDH solo tipifica el genocidio por razones religiosas y étnicas, continuamos preguntándonos el porqué de los distanciamientos de algunos familiares de compañeros asesinados, como los casos de Manuel Cepeda Vargas, Julio Poveda, el hecho notorio de la división en la corporación REINICIAR en Medellín, y el resto de Colombia.



En 24 de septiembre de 2013 el Consejo Nacional Electoral entrega mediante un 
 acto ilegal la personería jurídica al grupo del señor Omer Calderón, en palabras 
del Abogado Jorge Ignacio Salcedo: “En primer lugar, es de resaltarse que el fallo
 señala que debe entenderse que la Unión Patriótica nunca perdió la personería 
jurídica, lo que impone un evidente criterio de manejo del tiempo. Nunca es nunca;
 y si nunca se perdió la personería jurídica quiere decir que tal derecho existió durante
 todo el tiempo y que, entonces, éste corrió desde que se la quitaron hasta que se la 
devolvieron y; que, por supuesto, surtió los efectos que suele tener el transcurso del 
tiempo en la causación y perdida de derechos. En este caso hay dos efectos evidentes
 de ese transcurrir del tiempo: El PRIMERO Y EL MÁS IMPORTANTE es que los 
recursos que el estado debió pagar a la UP se causaron y por lo tanto se le deben 
pagar. El segundo, es que el tiempo también corrió para la Junta Patriótica designada, 
por tan solo 36 meses, en el año 2000 y que estos se vencieron hace ya mucho tiempo
. Frente al considerar que el tiempo no transcurrió, al decir que la situación de la UP 
se "RETROTRAE" al momento en que se le quitó la personería, tal como lo hace el CNE
 en la resolución que pretende dar cumplimiento al fallo, debe decirse que le fue útil a la
 vieja Junta que encabeza el profesor Calderón para hacerse reconocer como válida y 
al CNE que pudo violentar nuevamente a la UP; esta vez negándole sus recursos. 
Esta coincidencia de interpretación del fallo entre la vieja nueva Junta del profesor Calderón
 y el CNE, le sirvió a los dos ya que los dos sacan provecho: Omer y su Junta se hacen 
reconocer como legales, en contra de toda evidencia jurídica y fáctica; y el CNE le niega 
a la UP sus derechos económicos, con el beneplácito de la Junta legalizada.” 
Comunicado completo
http://unionpatrioticadecolombia.blogspot.com/2015/08/comunicado-sobre-la-resolucion-del-24.html.
Las bases en rebelión de la Unión  Patriótica respaldamos los esfuerzos jurídicos a nivel 
nacional, adelantados por los recuperadores de la personería jurídica, concretamente en
 la Fiscalía General de la nación, los invitamos una vez a que se acercan a la fiscalía 47 
a ratificar el delito autónomo de genocidio político contra la Unión Patriótica, teniendo en
 cuenta que esta es la única vía jurídica en la actualidad, ya que desde el 2010 en Colombia
 existe el delito de Genocidio Político, obviamente por la estremecedora e invencible Unión
 Patriótica, el siguiente enlace:
 http://www.elsalmon.co/2014/10/declaracion-de-lesa-humanidad-negada-al.html 
contiene el concepto jurídico del Abogado Jorge Salcedo, frente a los 34 reconocimientos
 de lesa humanidad, con los que la fiscalía pretende dar paños de agua tibia a la verdad 
jurídica que implicaría que el establecimiento sea juzgado por Genocidio Político.

Se ha venido engañando a los sobrevivientes, militantes, simpatizantes y a la opinión publica,
 por parte de la dirección nominal (quien usurpo el trabajo de recuperación de la personería
 jurídica a las bases), ya que el pasado 20 de Julio de 2018  la Señora Aida Avella Esquivel 
durante su posesión como Senadora por la lista de los Decentes (no como UP, por lo tanto 
esto No constituye el retorno de la UP al parlamento, las bases en rebelión seguimos 
exigiendo la devolución de todos los cargos públicos ganados de manera legitima 
mediante el voto, que fueron quitados a sangre y fuego por el establecimiento), señaló que 
el Genocidio seria juzgado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo cual 
es jurídicamente imposible, de igual manera, se pretende hacer creer a la opinión publica 
que son las acciones de la dirección nominal la que esta llevando al estado Colombiano 
a ser juzgado ante la Corte interamericana, cuando en realidad es el mismo Estado quien 
decidió acudir producto de los fallidos intentos de acuerdo amistosos intentados en varios 
gobiernos por la Coorporación reiniciar 
La respuesta del Estado fue manifestar su desacuerdo y anunciar que somete el caso a la
 Corte Interamericana de Derechos Humanos (…) Ante la contundencia de los hechos, 
la CIDH planteó a las partes –Estado y UP– la búsqueda de una solución amistosa (…) 
Sin embargo, la posibilidad de la solución amistosa fracasó en la era Uribe, en medio 
de circunstancias que para la UP llevaron a esa ruptura. 
(Leer artículo: La herida abierta de  la Unión Patriótica, publicado el 18 de mayo de 2018 
https://colombia2020.elespectador.com/verdad-y-memoria/la-herida-abierta-de-la-union-patriotica ).

Con profundo dolor, tristeza, rabia y dignidad, por razones históricas, éticas, jurídicas 
y políticas nos rebelamos contra la mentira, la corrupción, el oportunismo y la burocracia
al interior de nuestro partido, -la UNIÓN PATRIÓTICA- tenemos el deber histórico 
de esclarecer lo anterior, para que sea posible materializar la unidad y logremos 
la verdad, justicia e integral reparación. 
Llamamos  a los sobrevivientes y militantes apoyar con sus declaraciones la denuncia
 penal interpuesta en la Fiscalía, a no dejarse engañar, a los simpatizantes 
y a la opinión pública pedimos solidaridad para que entre todos … 

                     
                       ¡NO PERMITAMOS QUE EL GENOCIDIO POLÍTICO 
              CONTRA LA UNIÓN PATRIÓTICA QUEDE EN LA IMPUNIDAD!


PROFESOR IVÁN DAVID ORTÍZ PALACIOS MAESTRO DE MAESTROS, CONTINUAS EN LA MEMORIA PARA LA ACCIÓN DE LAS BASES EN REBELIÓN DE LA ESTREMECEDORA E INVENCIBLE UNIÓN PATRIÓTICA
3 DE SEPTIEMBRE DE 2018
   

domingo, 19 de agosto de 2018

La realización del Estado Democrático de Derecho, una tarea pendiente. Por: Jaime Araujo Renteria


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 “La ciencia es especial porque se basa en los hechos, se supone que los hechos son afirmaciones      acerca del mundo que pueden ser verificadas directamente por un uso cuidadoso y desprejuiciado de los sentidos.”: Alan F. Chalmers en su libro: “¿Qué es esa cosa llamada ciencia?
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Jaime Araujo Rentería
Vía RED-GES/El Satélite
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Con el fin de ser objetivos en nuestro análisis, haremos un breve recuento de alguno de los hechos ocurridos durante el último tramo de la reciente campaña presidencial y con posterioridad a la misma, que muestran que la realización del “Estado Social y Democrático de Derecho”, del que nos habla la constitución de 1991, sigue siendo una tarea pendiente en Colombia.

Polarización emocional sin grandes diferencias ideológicas
La gran mayoría de los colombianos fue víctima de una estrategia de polarización emocional, por no llamarla irracional, que tuvo como base la manipulación del instinto animal-primitivo del miedo al otro, y cuya respuesta, también emotiva, es la de agredir o huir sin reflexionar siquiera un instante, si en verdad el otro es tan diferente como me lo presentan, o las diferencias son meramente adjetivas, insustanciales.
La polarización en realidad fue artificial, ya que, en los temas fundamentales del régimen capitalista, no existió diferencia: los dos candidatos se comprometieron por igual a respetar la propiedad privada de instrumentos y medios de producción. No existió el debate entre propiedad social y propiedad privada. Ni siquiera, en el tema tributario existieron grandes diferencias, ya que los candidatos les garantizaron a los grupos económicos, lo que siempre quieren oír: que no les aumentarían los impuestos y que, por el contrario, tratarían de reducírselos.
Los dos candidatos realizaron por igual sus plegarias a Dios, pidiéndole que les concediera el premio mayor de la presidencia; y para que el compromiso fuera más solemne, ataron a su hijo Jesucristo crucificado a alguna parte de su cuerpo, especialmente a su brazo. No existió un debate entre creyentes y ateos y ni siquiera se defendió el Estado laico. Lo que demuestra que seguimos siendo un Estado confesional, violando de esa manera la constitución colombiana, que no persigue ninguna religión, pero que tampoco patrocina ninguna.
Ambos candidatos coincidieron en que extraditarían a Jesús Santrich, sin examinar las pruebas de su culpabilidad, pues, era suficiente que la hubiera ordenado el amo, y en cambio, alguno se comprometió a NO extraditar a un expresidente, aunque existieran las pruebas de su culpabilidad.
Ambos candidatos desconocieron por igual el artículo tercero de la constitución, que le da la soberanía al pueblo, esto es, el máximo poder político, al renunciar a la Asamblea Nacional constituyente, con lo que se excluyó a todo el pueblo colombiano de la toma de las decisiones que afectan su futuro, para pasársela a la clase política dentro de los oscuros pasillos del Congreso. Algunos, incluso, firmaron esta promesa de no hacer nada por fuera del Congreso y mucho menos revocarlo, alegóricamente, como si fuera uno de los mandamientos de la ley de Dios, dada a Moisés. Sin embargo, debemos recordar que no eran tan imparciales como Moisés cuando lo prometieron, pues, el verdadero Moisés no tenía ya asegurada una curul en el Congreso de Israel.
Ambos candidatos violaron el artículo 9º de la constitución colombiana que establece:
“Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia.
De igual manera, la política exterior de Colombia se orientará hacia la integración latinoamericana y del Caribe.”.
Este valor y este principio constitucional, fue violado de varias maneras: primero, poniéndose al servicio de los intereses petroleros de una potencia extranjera, lo que es una violación de nuestra soberanía nacional y de la de los estados en los cuales queremos hacer injerencia. Es una violación, también, del principio de autodeterminación de los pueblos, propugnado por todos los socialdemócratas del mundo y que fue un avance fundamental del derecho internacional moderno, frente a lo que existía antes, que era el derecho de cualquier Estado, comenzando por las grandes potencias, de intervenir, invadir y sojuzgar a cualquier otro Estado, con el pretexto de que no le gustaba su gobierno, lo que era fuente perenne de guerras internacionales o de guerras civiles. Precisamente, con el fin de lograr la paz internacional, era necesario que los estados se abstuvieran de intervenir en los asuntos internos de otros estados y que fueran los propios pueblos de esos estados, quienes decidieran cuándo y cómo cambiar a sus gobiernos. Si de verdad amamos la paz, tenemos que respetar el principio de autodeterminación de los pueblos y aprender a coexistir pacíficamente con gobiernos y pueblos que sean distintos a nosotros. Se violó también por los candidatos, el valor y el principio constitucional de que la política exterior de Colombia tiene como objetivo la integración latinoamericana y del Caribe, pues, nuestras peleas con los gobiernos y nuestros hermanos latinoamericanos, nos alejan cada día más de este mandato constitucional. Mi experiencia, después de haber estudiado durante varios años el proceso de integración más grande del mundo, el de la Unión Europea, con lenguas, religiones, nacionalidades, tradiciones culturales diversas (lo que no sucede, por regla general, en América Latina y el Caribe), es que tenemos que integrarnos entre latinoamericanos y caribeños, si de verdad queremos hacer presencia en el escenario mundial y especialmente en el de la economía mundial, pues hoy, desafortunadamente, no existimos ni contamos al momento de tomar las decisiones que afectan al mundo. Los colombianos tenemos que dejar nuestra fementida “superioridad” frente a los ecuatorianos, panameños, venezolanos, peruanos, centroamericanos, etcétera; aceptar que somos distintos, pero no mejores ni peores, simplemente iguales en derechos a ellos, unirnos entre todos, si de verdad queremos incidir en el escenario internacional, pues, lo que sí es claro, es que el desarrollo no nos lo van a regalar, ni Estados Unidos de Norteamérica, ni la Unión Europea, ni Rusia ni los tigres de Asia y China. Lo debemos conquistar nosotros mismos, con nuestro propio esfuerzo y unión.
Lo que callaron los candidatos
Las semejanzas entre los candidatos no solo se presentaron en relación con lo que dijeron, sino también en relación con lo que callaron. Ninguno se opuso con argumentos fuertes a la decisión del gobierno Santos de asociarse a la OTAN, organización creada como una maquinaria de guerra, que interviene cuando no le gustan los gobiernos de otros estados. ¿Qué compromisos adquirió Colombia con la OTAN? ¿Será que sus obligaciones, implican también la obligación de gastar un mínimo de su PIB en armamentos, como el presidente Trump le exige a países de esa organización más poderosos, como Alemania? ¿Será que los recursos que le íbamos a quitar a la guerra, con el proceso de paz, para destinarlos a educación, a la salud y al trabajo de los colombianos, se nos irán ahora en las guerras de la OTAN? No es un secreto que el aumento de los gastos militares, dentro de la OTAN, beneficien directamente a la maquinaria de guerra de los Estados Unidos que será el mayor proveedor de esas armas a la OTAN, y por esa vía, obtendrá ingentes ganancias del sudor y la sangre de los pueblos cuyos gobiernos pertenecen o están asociados a la OTAN, incluido el nuevo asociado, Colombia.
Ninguno de los dos candidatos se atrevió a presentar una propuesta fundamental para la lucha contra la corrupción. El hecho tozudo es que el 90% de los casos de corrupción estatal pasa por la contratación administrativa, cuyo nudo gordiano se encuentra en el concubinato entre políticos y contratistas del Estado que consiste en que estos últimos financian campañas de políticos para que estos desde la presidencia, las gobernaciones y alcaldías, les den nuevos contratos. Los presidentes, gobernadores y los alcaldes por esta vía, se ponen al servicio de los contratistas y en contra de los intereses del pueblo.
Una propuesta muy simple, que hemos hecho desde hace tiempo, que sí es de verdad fundamental para la lucha contra la corrupción y que ninguno de los candidatos acogió, ni quiere acoger, es que quien los haya financiado políticamente en sus campañas, no puede ser contratista ni directa ni indirectamente del funcionario que han ayudado elegir y que correlativamente quien es contratista de la administración pública, no puede financiar ni directa ni indirectamente a ningún miembro de la administración que dio el contrato. Lógicamente ninguno de los candidatos quería poner en evidencia el hecho que, algunos de quienes les estaba financiando sus campañas políticas, eran sus antiguos contratistas que, a su vez, serían sus nuevos contratistas. Nada de esto propusieron en su lucha contra la corrupción, ni tampoco se encuentra en el referendo anticorrupción. Paradójicamente, la norma más importante para la lucha contra la corrupción en Colombia, ni siquiera se menciona de lejos en la próxima consulta contra la corrupción.

Premisas fácticas ciertas/conclusiones jurídicas falsas
El debate emotivo oscureció la falta de lógica en la argumentación de los candidatos. En muchos casos, a pesar de que algunas de sus premisas podían ser verdaderas, sin embargo, sacaron conclusiones jurídicas falsas. Ambos se comprometieron a no expropiar, aunque la propiedad privada entrara en conflicto con la utilidad pública o interés social del pueblo, lo que equivale, en la práctica, a violar el artículo 58 de la constitución que establece:
“Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social.
La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica.”.
Lo más grave es que renunciaron a la función social de la propiedad sobre la cual no debería existir ninguna confusión para ningún ciudadano, mucho menos para un candidato presidencial, como quiera que esta norma existe desde la constitución de 1936, es decir, hace 82 años.
Por ejemplo, un candidato acusaba al otro de estar apoyado por un grupo político integrado por terratenientes que, además, tenían sus tierras improductivas… Y ponía como ejemplo paradigmático de esta situación, el caso de un expresidente. La solución del acusador, era que él le compraría esas tierras improductivas que no cumplían con la función social de la propiedad. Una solución impropia violatoria de la constitución, ya que, si la finca del expresidente no cumplía con la función social de la propiedad, lo que manda la constitución es la extinción del dominio, cosa distinta a la expropiación.
La extinción del dominio es una sanción que no puede recibir ninguna indemnización. El pago solo tiene cabida bajo el supuesto de que la propiedad privada, a pesar de estar cumpliendo con la función social, se necesita para satisfacer una necesidad pública o interés social. En este caso, y sólo en este caso, es justo que al particular se le pague su propiedad.
Si la premisa es que la propiedad no está siendo adecuadamente explotada, la conclusión que manda la constitución es la extinción del dominio (aunque no haya necesidad pública o interés social de por medio), NO el pago; y quien pague, no sólo está violando la constitución, sino también, cometiendo un delito de prevaricato.

Van por todo el poder del estado
Quienes obtuvieron la mayoría del ejecutivo, no se van a conformar con esta sola rama del poder público. Ya se apoderaron de la legislativa, luego seguirán con los organismos de control y, finalmente, tratarán de apoderarse de la rama judicial del poder público, pues, se trata de las mismas fuerzas políticas que tienen desde hace 20 años, un proyecto de poder total, como su ideología totalitaria. Característico de esa ideología, es que existen personas que se encuentran por encima de la constitución y de la ley, como es el caso del fuhrer, el duce o el caudillo, y por lo mismo, gozan de una impunidad casi absoluta. Por el contrario, en el verdadero Estado Democrático de Derecho, nadie, absolutamente nadie, está por encima de la constitución y la ley, es el gobierno de las leyes, no de los hombres. La garantía de que este valor y principio fundamental del Estado se haga efectivo, es una rama judicial integrada por jueces independientes e imparciales; capaces, honestos y defensores de los derechos humanos y de los ciudadanos.
Los violadores de los derechos humanos saben que esto es así y que la garantía de su impunidad perpetua, está en apoderarse de la rama judicial o en destruirla, por cualquier medio: desde politizar los procesos judiciales, tachándolos de persecución política, pasando por las vallas a favor de ciertos ciudadanos y en contra de los jueces, hasta las amenazas contra los últimos.
En la coyuntura actual, donde existen, como arriba demostramos, tantas tareas pendientes sobre el Estado de Derecho en Colombia, que van desde la separación de Iglesia y Estado (Estado laico); la separación de los poderes públicos para evitar un Estado totalitario; el respeto por parte del gobierno del principio de autodeterminación de los pueblos hermanos de Latinoamérica (que es la única garantía de paz en las relaciones internacionales), transitando por el principio de que quien no cumple con el deber de la función social de la propiedad, debe ser sancionado con la extinción del dominio de la misma, hasta llegar a la más importante: que ninguno por muy poderoso que sea, política o económicamente, está por encima de la constitución y de la ley.
En esta coyuntura, debemos rodear a la Corte Suprema de Justicia, para que de manera independiente e imparcial, respetando el debido proceso, investigue todos los hechos y las personas que sea necesario investigar, si de verdad queremos hacerle honor al nombre que nuestra constitución le puso a Colombia, de Estado Social y Democrático de Derecho.
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Posdata. - Es el momento de reconocer los esfuerzos que hace la propia Corte Suprema de Justicia, motu propio, por auto reformarse para mejorar y corregir errores del pasado.
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Jaime Araujo Rentería.


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