El acuerdo
sobre la justicia firmado entre las FARC y el gobierno colombiano el
pasados 23 de septiembre fue anunciado con bombos
y platillos. Al igual que los otros
acuerdos, estalló un gran regocijo entre las ONG, el gobierno, una
parte de la prensa y los llamados intelectuales. Olvidaron por
completo que las FARC en un comunicado del 2014, había declarado que
no se someterían a la justicia. Pero como todo lo dicho por las
organizaciones insurgentes en distintas partes del mundo, lo que
anuncian que no harán, es el más claro indicio de lo que piensan
hacer. Así tenemos un acuerdo sobre la justicia.
¿Realmente
se justifican el optimismo, el alegría y la esperanza? Y si son
justificados, ¿qué significan? Cuando las FARC firmaron los otros
acuerdos sobre la cuestión agraria, drogas y participación política
tuvimos que aguantar las declaraciones de las ONG y los llamados
intelectuales anunciando, no sólo el fin venidero del conflicto sino
la transformación del país. Cuando finalmente publicaron esos tres
acuerdos pudimos ver cuán equivocados estaban, o mejor dicho, cuán
cínicos eran. El Acuerdo Agrario es un documento patético, vacío
de contenido, que no sólo no acuerda una mínima reforma agraria,
sino que la descarta y enfoca la cuestión sobre las tierras de
narcotraficantes y no las tierras de la oligarquía contra la cual
las FARC se sublevaron hace tantos años. Además, no dice nada que
no exista en la legislación actual de Colombia. Cómo lo señaló,
en su momento, la senadora Claudia López:
Es muy
importante que hayan hecho público los acuerdos con las Farc. No veo
en esos acuerdos nada exótico, al contrario, yo los leo y me
pregunto: ¿por esto nos hemos matado 60 años, por esto nos hemos
dado tanto plomo, por esto hay seis millones de víctimas? ¿Por
esto, por actualizar el catastro, por acordar que se financie el
desarrollo rural, garantizar que a la gente no la maten si hace
política? Esto a mí lo que me produce es vergüenza de patria. La
gran revolución de las Farc terminó exigiendo que se cumplan las
leyes que ya teníamos. Qué pena con el país, con las víctimas.
Semejante matazón por cosas tan elementales.
Tiene toda
la razón. Ni siquiera el fondo de tierras es nuevo. En Colombia
existe desde los años 60 una especie de fondo de tierras, se llamaba
Incora y hoy en día se llama Incoder. Funciona mal, no hace lo que
se debe, pero es un fondo de tierras, nos guste o no. Claro, este
fondo de tierras es corrupto en extremo hasta tal punto que en vez de
entregar tierras a los campesinos entregó 38.000 hectáreas, en
Vichada, a parapolíticos y amigos del paramilitar Macaco.
Existe también un modelo agrícola que desmiente cualquier intención
de hacer siquiera una reforma parcial. Ese modelo es la entrega de
baldíos de la nación a grandes empresas extranjeras y nacionales,
lo que un analista ha llamado el modelo Riopaila.
La empresa compró 42 mil hectáreas en el Vichada para
lo cual constituyeron 27 S.A.S. (Sociedad por Acciones Simplificada)
a las cuales Riopaila les prestó el dinero para comprar los
terrenos. A su vez estas “empresas” le arrendaron los terrenos a
Riopaila por el término de 30 años y por el mismo valor de los
baldíos.
El caso de
Riopaila no fue el único y todo eso ocurría mientras las FARC
“negociaban” el Acuerdo Agrario. De pronto lo más decepcionante
fue que sus puntos claves eran nada más que una copia del acuerdo
firmado entre las URNG en Guatemala,
país donde sabemos sin lugar a dudas que no hubo ninguna reforma
agraria, sino una contra-reforma agraria a punta de proyectos
palmeros, azucareros y minero-energéticos.
El
Acuerdo de Justicia
Entonces,
viendo como fue con el Acuerdo Agrario, ¿cómo nos puede ir con el
Acuerdo de Justicia? El gobierno anunció el fin del conflicto para
marzo del 2016 y salieron los de siempre a decirnos que gran acuerdo
era. Valga aclarar que por el momento solo tenemos acceso al
comunicado conjunto, el acuerdo como tal no se ha publicado. Aún
así, se ha levantado mucha polémica. Aquí no vamos a referirnos a
las diatribas de la derecha colombiana representada por Uribe, pues
en todos los procesos de paz, las estupideces y bobadas de esa clase
de gente solo sirven para distraernos de la realidad.
El acuerdo
tiene varios puntos como una jurisdicción especial para juzgar a los
guerrilleros, participación de jueces extranjeros, juzgamiento de
agentes del estado y mecanismos para establecer la verdad, o mejor
dicho asegurar que los que entran en el proceso digan todo la verdad.
Algunos
comentarios enfatizaron el hecho de que también se juzgarán a
agentes del estado y que el acuerdo reconoce la existencia de delitos
políticos y delitos conexos por los cuales nadie será juzgado. Es
decir, que el guerrillero que mata en combate no será procesado.
Eso es visto como un avance y logro de las negociaciones. Pero
debemos recordar que la idea de que el guerrillero es un criminal es
algo relativamente nuevo y forma parte del nuevo orden mundial
después del ataque a las torres gemelas. Antes se veía como un
sublevado en armas, un actor altruista que no buscaba un beneficio
personal. Así, ese logro es muy relativo, aunque no por eso, deja
de ser importante.
Pero, no es
cierto que los crímenes del estado se pongan al mismo nivel de la
insurgencia. El acuerdo no dice eso, sino todo lo contrario.
Mientras, los “intelectuales” aplaudían sin reservas al acuerdo
cómo algo histórico, el Movice (Movimiento de Víctimas de Crímenes
del Estado), se atrevió a hacer unas preguntas pertinentes y un
cuestionamiento sobre el alcance del acuerdo.
Al Movice le
preocupen varias cosas: el mecanismo para seleccionar los casos y
los postulantes a la jurisdicción especial; los agentes del estado
recibirán un tratamiento especial; no se sabe cuántos fiscales se
encargarán de los casos de agentes de estado; la falta de claridad
frente a la no repetición de los responsables de crímenes del
estado, entre otras cosas. Respecto a los crímenes del estado el
Movice afirma:
De otro lado, en la mayoría de
crímenes de Estado no se han siquiera vinculado dentro los procesos
penales a los máximos responsables y beneficiaros de estos hechos,
por lo que el mayor número de casos no se remitirán a la
Jurisdicción para la Paz y continuarán en la impunidad, repitiendo
lo sucedido con la llamada Ley de Justicia y Paz, en donde la mayoría
de los paramilitares desmovilizados nunca fueron investigados por su
responsabilidad en crímenes internacionales y por tanto, nunca
pasaron por el procedimiento establecido en la Ley 975.
Efectivamente,
en el proceso con los paras nunca tocaron a los máximos
responsables, nunca tocaron a las empresas. Salvatore Mancuso
declaró que la mayoría de las petroleras en Casanare pagaban a las
AUC y sin embargo, no se les abrió investigación. En 2006, José
Felix Lafaurie, capo
máximo de los ganaderos agrupados en Fedegan, reconoció que los
ganaderos habían financiado a los paramilitares de las AUC y además
dijo que poseía información sobre los pagos de empresas nacionales,
internacionales, palmeras y arroceras.
No le pasó nada, nunca fue investigado, y tampoco le pidieron la
información que tenía. Hay quienes quieren promover la ingenua
esperanza entre la gente que gentuza como Lafaurie serán procesados,
o que ellos contarán la verdad. Si no pasó en el momento del
proceso con los paramilitares, no va a pasar ahora en el proceso con
las FARC.
Las
organizaciones de derechos humanos andan por el mundo promoviendo
ilusiones en los sistemas de justicia y en los acuerdos de paz que se
celebraron en otros países, sin siquiera mirar cual fue el resultado
real de esos procesos. Así se habla de Sudáfrica como si fuera un
gran éxito. Algunos policías no fueron indultados por sus crímenes
pero a De Klerk, el máximo jefe de los escuadrones de la muerte, de
los torturadores, del sistema de apartheid en sí, pues a él le
dieron un premio nobel. Tal fue la impunidad en Sudáfrica que nunca
tocaron a ninguna de las empresas beneficiarias del sistema y hoy en
día Colombia es víctima de ese proceso, pues la empresa minera
Anglogold fue uno los principales beneficiarios y victimarios del
apartheid y ahora anda suelta por Colombia. No solo ha podido
implantarse en este país, será uno los beneficiarios de la paz en
Colombia, como lo fue en Sudáfrica.
En el 2012,
la policía asesinó a 34 mineros en Marikana, Sudáfrica. Uno de
los directores de la empresa minera era Cyril Ramaphosa, hoy
vicepresidente del país. La impunidad no es solo para las empresas
de ayer sino para las de hoy también.
Si miramos a
Guatemala, vemos que allí no hubo justicia para las víctimas de
crímenes del estado. Después de mucha presión se hizo un intento
de llevar al genocida Ríos Montt a juicio responsable por la masacre
de 200.000 personas, y el intento fracasó. Fracasó a pesar de que
el Acuerdo Global Sobre Derechos Humanos, firmado en 1994 estipuló
que:
1. Las partes coinciden en que debe actuarse con firmeza
contra la impunidad. El Gobierno no propiciará la adopción de
medidas legislativas o de cualquier otro orden orientadas a impedir
el enjuiciamiento y sanción de los responsables de violaciones a los
derechos humanos.
2. El Gobierno de la República de Guatemala promoverá
ante el Organismo Legislativo, las modificaciones legales necesarias
en el Código Penal para la tipificación y sanción como delitos de
especial gravedad, las desapariciones forzadas o involuntarias, así
como las ejecuciones sumarias o extrajudiciales. Asimismo, el
Gobierno promoverá en la comunidad internacional el reconocimiento
de las desapariciones forzadas o involuntarias y de las ejecuciones
sumarias o extrajudiciales como delitos de lesa humanidad.
3.
Ningún fuero especial o jurisdicción privativa puede escudar la
impunidad de las violaciones a los derechos humanos.
Así de
claro. El documento también prohíbe expresamente grupos armados de
justicia privada. Aunque llevaron a juicio a algunos militares,
generalmente de bajos rangos, hubo impunidad total para los altos
militares, entre ellos Ríos Montt, y por supuesto hay una impunidad
reinante frente a los asesinatos cometidos por los grupos de justicia
privada hoy en día, no obstante la conformación de la Comisión
Internacional Contra la Impunidad en Guatemala. Sin embargo,
impunidad es lo que hay. En su reciente informe Amnistía
Internacional señala:
En mayo, el
Congreso aprobó una resolución no vinculante en la que manifestaba
que no se había cometido genocidio
durante el conflicto armado interno.
La resolución contradecía frontalmente una investigación
realizada por la ONU en 1999
que
concluía que durante el conflicto, en el
que
200.000 personas murieron y 45.000
fueron sometidas a desaparición forzada, se habían cometido
genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Más
del
80 por ciento de las víctimas de homicidio
y
desaparición forzada durante el conflicto
eran indígenas mayas.
Mientras
tanto, el mismo informe señala que:
En julio,
Fermín Solano Barrillas, ex miembro de la oposición armada durante
el conflicto
armado interno, fue condenado a 90
años
de prisión por dirigir la masacre de 22
personas
perpetrada en 1988 en El Aguacate,
departamento de Chimaltenango.
Es decir,
que mientras Ríos Montt sale libre y el Congreso dice que el
genocidio cometido por él y otros es un cuento de hadas, sí se
persiguen a los ex guerrilleros. Puede que tengan toda la razón con
el caso del guerrillero, pero no deja de ser un contraste fuerte con
el caso de Ríos Montt.
Es una clara
muestra de lo que se puede esperar. En Colombia, podemos decir
claramente que no habrá mayores sanciones contra altos oficiales y
mucho menos contra políticos a raíz del acuerdo sobre la justicia.
En El Salvador se aprobó la Ley de Amnistía de 1993, un año
después del final del conflicto, esa ley es la garantía de
impunidad en el país y la razón por la cual los militares,
políticos y empresarios duermen tranquilos todas las noches.
Juzgar a
los políticos
La tinta
sobre el papel no había secado y ya estallaron las primeras
controversias. El Fiscal General de la Nación, en declaraciones a
la prensa, dijo que bajo el nuevo acuerdo se perseguiría penalmente
al ex presidente Uribe Vélez. El estado reaccionó rápidamente “El
ministro de Justicia, Yesid Reyes, quien se pronunció en ese
sentido, explicó que ‘jamás se pensó que los expresidentes
tuvieran que acudir a ese tribunal’ y agregó que esas salidas
‘terminan haciéndole daño al proceso’.”
Hay
que escuchar bien al ministro, no solo se descarta cualquier
posibilidad de juzgar a semejante personaje como Uribe sino dice que
quienes lo proponen dañan el proceso de paz. Esta frase se
escuchará mucho en el futuro, “en nombre de la paz, no pidan más,
no exijan más,” las víctimas buscando justicia serán los nuevos
terroristas que quieren desestabilizar al país. Eso no sólo se ha
visto en otros países, sino en Colombia hemos visto ejemplos de eso
cuando la iglesia exige
a las víctimas
que perdonen a los victimarios, tal como dijeron explícitamente en
el proceso con los paramilitares.
El perdón es sólo la mitad de la consigna Ni Perdón, Ni Olvido.
Habrá que perdonar y habrá que olvidar. Eso es lo esencial del
acuerdo respecto a los agentes del estado.
No
sólo se debe juzgar a Uribe, sino a todos los presidentes, pues
Uribe no hizo nada que no hicieron ellos en algún momento, inclusive
sus acciones en los noventa como gobernador de Antioquia fueron
amparadas por el decreto de Gaviria, y el gobierno de Samper. No
montó a las Convivir solo. Lo hizo aplicando la legislación
vigente y con el beneplácito del estado.
Humberto
de la Calle en el banquillo
De
paso podemos pedir que el jefe del equipo negociador del gobierno
colombiano sea juzgado por esa jurisdicción especial. De la Calle
fue ministro del interior en 1990 y 1991 cuando la masacre de
Trujillo llegó a su punto más feroz. La III división del
ejército, bajo el mando de Manuel Bonnet (futuro jefe de las fuerzas
armadas) asesinó a centenares de personas. Bonnet no asumió
ninguna responsabilidad, ni siquiera por línea de mando, pero el
Presidente Samper sí aceptó la responsabilidad del estado por esa
masacre. Entonces, ¿será que los ministros de gobierno entonces
tienen alguna responsabilidad y si no la tienen, por qué?
Pero
las hazañas de Humberto no terminan ahi. Fue vicepresidente en el
gobierno de Samper, durante los primeros dos años. Renunció por
una cuestión ética, la entrada de dineros del narcotráfico a la
campaña electoral de Samper. Eso fue algo importante y ético para
él, sin embargo, no renunció por las Convivir. Es decir, formar,
organizar, dotar de armamento a grupos de civiles, quienes luego
asesinaron a otros civiles y se convirtieron en la fachada legal de
los grupos paramilitares no fue una cuestión ética. No es
descabellado proponer que De la Calle sea juzgado en esa jurisdicción
especial y que nos cuente TODA la verdad para obtener los beneficios
jurídicos aplicables en el caso.
Pero
nada de eso ocurrirá. Como en todos los otros procesos de paz, los
principales beneficiarios no perderán su estatus de beneficiario y
sus privilegios, y por supuesto no perderán su libertad y la razón
es sencilla, pero casi nunca se dice: las FARC perdieron la guerra,
el estado ganó. La única persona que ha dicho eso, es Humberto de
la Calle. Los procesos de paz se basan en una mentira, que nadie
gana, ni pierde y que la paz, es un proyecto de todos. Pero no lo
es. Las FARC se retiran de la batalla y se disuelven, el ejército
oficial no. Está claro quien gana una guerra, pues quien se queda
en pie y el vencedor echa la culpa por todos los males que aquejan el
país, todo el horror de la guerra, todo el sufrimiento a un solo
actor, el perdedor. Es por eso las FARC serán juzgados: perdieron,
y como una migaja algunos militares de bajo rango pueden ser
juzgados, aunque con un tratamiento especial.
El
periodista William Ospina lo describió bien en su columna de El
Espectador:
Pero aunque las
Farc admitan ser las principales responsables de los crímenes y las
atrocidades de esta guerra, yo tengo que repetir lo que tantas veces
he dicho: que es la dirigencia colombiana del último siglo la
principal causa de los males de la nación, que es su lectura del
país y su manera de administrarlo la responsable de todo.
Responsable de los bandoleros de los 50, a los que ella armó y
fanatizó; de los rebeldes de los 60, a los que les restringió todos
los derechos; del M19, por el fraude en las elecciones de 1970; de
las mafias de los 80, por el cierre de oportunidades a la iniciativa
empresarial y por el desmonte progresivo y suicida de la economía
legal; de las guerrillas, por su abandono del campo, por la exclusión
y la irresponsabilidad estatal; de los paramilitares, que pretendían
brindar a los propietarios la protección que el Estado no les
brindaba; responsable incluso de las Farc, por este medio siglo de
guerra inútil contra un enemigo anacrónico al que se pudo haber
incluido en el proyecto nacional 50 años antes, si ese proyecto
existiera…
Lo que me
asombra es que la astuta dirigencia de este país una vez más logre
su propósito de mostrar al mundo los responsables de la violencia, y
pasar inadvertida como causante de los males. A punta de estar
siempre allí, en el centro del escenario, no sólo consiguen ser
invisibles, sino que hasta consiguen ser inocentes; no sólo resultan
absueltos de todas sus responsabilidades, sino que acaban siendo los
que absuelven y los que perdonan.
Como dijo
Julio Cortázar en El Libro de Manuel “es muy importante comprender
quién pone en práctica la violencia: si son los que provocan la
miseria o los que luchan contra ella.” El proceso de paz con las
FARC y sobre todo el acuerdo sobre la justicia niegan ese elemento.
Es el estado el principal responsable de la violencia, y si buscamos
criminales de guerra, los encontraremos en el Congreso de la
República, en el Estado Mayor de la Fuerzas Armadas y por supuesto
en el equipo negociador del estado en La Habana.
Los
Reclamos del Movice
Está bien
que el Movice haga reclamos, que haga preguntas, que exija la
participación de las víctimas en el proceso de selección de casos
etc. Pero el Movice tiene que comenzar deshaciéndose de sus
ilusiones en el proceso y el acuerdo. Su lucha contra la impunidad
no se acerca a una etapa final, sino apenas comienza. El acuerdo y
el proceso no inauguran una nueva época de justicia y el fin de la
impunidad, sino que la impunidad gozará de nuevos mecanismos y a los
que buscan la justicia se les acusará de buscar el fin de la “paz”
y la “reconciliación”. Tendrán que luchar como los
guatemaltecos para llevar ante la justicia a personajes como Montt,
tendrán que buscar fiscales valientes, sabiendo esos fiscales que
por su osadía y coraje ellos serán perseguidos y hostigados como
fueron sus homólogos en Guatemala.
La impunidad
no es solo un problema en América Latina. En Irlanda, los
responsables estatales de masacres y torturas nunca fueron
identificados, ni hablar de ser procesados. Los asesinos de abogados
como Pat Finucane no han sido procesados ni plenamente identificados,
aunque sí se sabe que agentes estatales participaron. Los agentes
británicos involucrados en los atentados de Dublín y Monaghan
tampoco han sido identificados, y hasta hoy, el estado británico y
el irlandés niegan la participación de agentes estatales. Se
estableció una comisión para investigar la masacre de Domingo
Sangriento, donde 13 civiles fueron asesinados delante de las cámaras
de televisión. Esa investigación concluyó que los soldados rasos
tenían algo de culpa, no los mandos militares, no el gobierno y
mucho menos la reina Isabel quién condecoró el mando encargado de
la masacre.
El Movice
también tendrá que deshacerse de sus ilusiones en la justicia
internacional. En su comunicado se refiere a la presencia de jueces
internacionales como una garantía de imparcialidad. ¿Realmente
creen eso? No obstante los fallos de la CIDH, la justicia
internacional funciona en la práctica como una especie de
imperialismo jurídico. Hasta el momento la CPI sólo ha juzgado a
africanos por los conflictos allá y ha pasado por alto la
participación de intereses extranjeros en todos esos conflictos. En
el caso de Sierra Leona, condena a varios africanos y ni un solo
europeo involucrado en el tráfico de los llamados “diamantes de
sangre”. Ni siquiera se planteó la posibilidad de juzgar a algún
europeo. Si se trata de juzgar a algunos militares, puede que algún
juez extranjero sea imparcial, aunque debemos recordar que en años
recientes el sistema colombiano ha logrado enjuiciar y condenar a
varios militares de alto rango por los falsos positivos. Pero si en
algún momento se intenta tocar el tema de las empresas extranjeras,
los jueces internacionales no serán imparciales, como nunca han sido
en ninguno de los conflictos donde los intereses económicos de los
países imperialistas están en juego, y no solo se refiere a Irak y
Siria sino a las guerras sucias en América Latina. ¿Acaso creen
que se juzgará a los directivos de Chiquita que ya han reconocido su
papel en la guerra sucia en Colombia? Un juez canadiense no dirá
mucho sobre el papel de las mineras canadienses y un juez británico
tampoco será tan imparcial como se cree a la hora de juzgar a BP por
lo que hizo.
Quizás
esperen que el juez Baltasar Garzón ayude en la lucha contra la
impunidad. A fin de cuentas, es el juez preferido de las ONG de
derechos humanos en Colombia, muy a pesar de ser un violador de los
derechos humanos en el País Vasco, donde cierra periódicos, limita
el derecho de asociación y donde procesa a reos que han sido
torturados.
Si no se
acepta que las FARC son derrotados militarmente y que el contenido de
los acuerdos muestra una profunda derrota política, las
organizaciones campesinas, obreras y de derechos humanos no podrán
avanzar en su lucha contra la impunidad. Lo primero que hay que
hacer es tomar cuenta de la situación en que el movimiento popular
se encuentra. Entonar cantos de una falsa e inexistente victoria (o
siquiera un avance) no ayuda a nadie. Hay que aceptar la derrota por
lo que es y organizarse en medio de esa realidad. Actuar según la
lógica de la gran victoria o avance que significan los acuerdos es
prepararse para futuras derrotas aún más profundas, como ha
ocurrido en todos los procesos de paz con organizaciones insurgentes,
donde las organizaciones sociales no reivindicaron su autonomía
frente a los acuerdos firmados, sino se sumaron a ellos de una forma
acrítica y no estaban en una posición de avanzar sus luchas por
haberse amarrado a acuerdos firmados entre entes ajenos: la
insurgencia y el estado. Es la hora de distanciarse del proceso. A
fin de cuentas, son organizaciones independientes y deben mostrarlo.
El fin de la balacera no corresponde a nadie más que la insurgencia
y el estado, los acuerdos sociales se negocian con los actores
sociales y deben tener criterios propios. Criticar u oponerse a un
acuerdo, no es lo mismo que pedir más guerra, como los mentalmente
empobrecidos intelectuales quieren hacernos creer. Las opciones
siempre son más amplias que la falsa elección entre más guerra o
proceso de paz.
