SANTOS: REGALANDO INJUSTICIAS PAZ, PLURALISMO, LIBERTAD, IGUALDAD Y VICTIMARIOS. Por: JAIME ARAUJO RENTERÍA

Tres temas nos ocupan en esta oportunidad: 1) El proceso de terminación del conflicto armado; 2) El debate sobre la educación de los niños; y, 3) La afirmación del Presidente de la República en la asamblea de la Andi sobre el “tremendo beneficio” (en sus propias palabras) que concederá a los empresarios financiadores de violaciones de los derechos humanos, quienes podrían pasar, dentro de la denominada ‘justicia transicional’, de victimarios a víctimas.

 

Estas tres cuestiones reflejan las tensiones existentes en la sociedad colombiana, por la falta o poca comprensión de los derechos de la sociedad civil, y hacen categórica la necesidad de NOvotar ni por el sí de santos, ni por el no de Uribe, sino por la constituyente y los derechos de la sociedad civil.

 

El preámbulo de la declaración universal de los derechos humanos de la ONU, deja claro que sin derechos humanos no hay verdadera paz, y al respecto dice: “Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana;… “Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”.

 

El primer paso para defender un derecho, es tener claro en qué consiste. En los debates que últimamente se han suscitado sobre los tres temas arriba mencionados, es evidente que no se tiene una clara comprensión de los derechos.

 

Educación sexual

Sobre la educación de los niños, es importante que ellos sepan que existen distintos sexos y que existen distintas preferencias sexuales, y que no siempre la preferencia sexual coincide con el sexo de la persona; que cualquiera que sea mi sexo o mi preferencia sexual, esto no me hace mejor ni peor que los demás; que simplemente soy diverso, pero igual en derechos a los demás. El debate, parecía más bien un debate sobre los padres que sobre los niños, y por lo mismo debe ser un debate más amplio que cobije tanto la educación de los niños como de los padres (aunque estos crean que no deben educarse),  así como otras manifestaciones del pluralismo.

 

¿Qué es pluralismo?

La primera característica del pluralismo es que se opone a todo totalitarismo, pues, parte de la convicción de que nadie es depositario de la verdad absoluta y que ésta sólo surge del diálogo, de la discusión y la confrontación de las ideas y posiciones más diversas. Por esta misma razón, el Estado o el gobernante deben permitir la diversidad de opiniones o concepciones del mundo. Este es un pluralismo ideológico producto del racionalismo del siglo XVIII.

 

Además del pluralismo ideológico, existe el denominado pluralismo institucional, que se proyecta en la necesidad de dar espacio a instancias o instituciones distintas de la estatal. Presupone que el poder, incluido el poder político, no se concentre en un solo centro, sino que existan diversos centros de poder; que se distribuya el poder entre diversas organizaciones. Conlleva la existencia de cuerpos intermedios u organizaciones sociales entre el Estado y el individuo, que tienen el derecho a participar en las decisiones que los afectan.

 

En la constitución colombiana se encuentran reconocidos tanto el pluralismo ideológico como el institucional. Del primero, son manifestaciones la libertad de conciencia, pensamiento, opinión (incluida la política) o expresión (incluida la artística y científica); el libre desarrollo de la personalidad; etcétera. Del pluralismo institucional, son ejemplos, la división del poder político en distintas ramas u órganos, la distribución territorial del poder político: Estado federal, regional o autonómico; Estado descentralizado; la existencia de distintos partidos o movimientos políticos y el reconocimiento de diversos grupos etnolingüísticos, diferentes organizaciones religiosas (o no religiosas) o distintas clases de organizaciones familiares, etcétera.

 

El olvido o ignorancia de este principio pluralista, en sus expresiones ideológica e institucional, es lo que explica las posiciones de muchos de los que intervinieron en el debate sobre educación sexual, negando los derechos del otro y otras cosmovisiones del mundo, al partir de la premisa equivocada de que son depositarios de la verdad absoluta y de que existen poderes absolutos.

 

En síntesis

La violación de este derecho o principio del pluralismo, por parte de muchos de los que defienden el no de Uribe o el sí de Santos, contra quienes proponemos una paz con justicia social, votando por la constituyente con derechos, es otro ejemplo emblemático de la negación de los derechos del otro; de quienes tenemos una cosmovisión de la paz distinta. Olvidan que el artículo 22 de la constitución, nos da también a nosotros el derecho a la paz (que no es solo de ellos); que nosotros (como ellos, y como todo el pueblo colombiano) somos igualmente titulares de la soberanía (art.3 de la constitución); tenemos una fracción de la soberanía; que el principal atributo de la soberanía, es el poder constituyente y que para la soberanía popular el voto es un derecho y por lo mismo nadie puede ser privado de él, o de participar en las decisiones que afecten su destino (artículo 2  de la constitución); o compelido a ejercerlo de una determinada manera contra su conciencia (artículo 18 de la constitución); Y que es constitucionalmente legítimo que cada uno pueda tener una visión de la paz distinta a la paz por medio de la guerra de Uribe, o a la paz extremadamente imperfecta por medio de la guerra contra los derechos del pueblo de Santos; que podamos tener una visión de la paz con justicia social, con derechos humanos plenos; esta visión pluralista está basada en el ARTICULO 1. De la constitución que establece que “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República democrática, participativa y pluralista,…”. Olvidan lo que dijera Aristóteles hace 2.400 años que “La democracia es la forma en que la soberanía del pueblo está, por encima de las Leyes”.

  

Somos el Poder

Como lo ignoran u olvidan -y no sabemos cuál de las dos cosas es más grave -debemos recordarles que teniendo nosotros también la soberanía, asimismo tenemos su principal atributo que es el poder constituyente, que está por encima de todos los poderes constituidos, llámense Presidente, Congreso o Corte Constitucional, por lo que no puede ningún poder constituido impedirnos al soberano y propietario del poder constituyente, que promovamos y ejerzamos nuestro voto en el plebiscito por la constituyente con derechos; y que nuestros votos por la constituyente deben tener igual protección, por mandato del artículo 13 de la constitución que establece “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.”.

 

 

Tal para cual

Otro de los motivos por los cuales no votaremos por el no de Uribe ni por el sí de Santos, es que en lo sustancial son iguales; ambos defienden el mismo modelo económico; los dos igualmente nefastos para los derechos del pueblo e idénticos guerreristas contra los trabajadores, los indígenas, los afrodescendientes, las mujeres, los jóvenes, los pensionados, violadores ambos de los derechos a la salud, a la educación, al trabajo, al medio ambiente sano; ambos responsables del genocidio denominado falsos positivos; en una palabra aliados incondicionales del gran capital, y de las multinacionales en desmedro de la situación de los trabajadores y los pobres. Alinearse al lado de uno u otro (Santos o Uribe) es caer en una verdadera trampa mortal. Además de lo anterior, por lo expresado por el equipo negociador del gobierno y por el propio presidente Santos, en la asamblea de la Andi, contra los derechos de la sociedad civil y de las víctimas de la violencia a la justicia, a la verdad, a la reparación y a la garantía de no repetición; y que como miembros de esa sociedad civil no podemos aceptar: la impunidad total de los victimarios; o lo que es más grave, la conversión de los victimarios en víctimas.

 

“Tremendo beneficio”

Como sabíamos ya, los miembros de la Farc y de las Fuerzas Armadas, que cometieron delitos atroces contra la población civil no pagarán ni un día de cárcel. Sabíamos también que los que paguen cárcel, aunque no digan la verdad ni reparen a las víctimas de la sociedad civil, ya fueron beneficiados, pues sólo pagarán hasta 20 años de cárcel, cuando la ley vigente en Colombia, es de 60 años, por lo que ya se les entregó un beneficio de 40 años de cárcel, esto es, de las dos terceras partes de la pena, aunque no digan la verdad ni reparen a las víctimas o repitan los delitos atroces que cometieron.

 

En la asamblea de la Andi, conocimos además quiénes eran algunos de los terceros que también serán beneficiados de la misma impunidad: algunos industriales que desde la sombra, sin dar la cara, financiaron la guerra contra los derechos de la sociedad civil: la muerte, la desaparición forzada, la tortura, la violencia sexual, el despojo de la tierra de los campesinos, etcétera; a quienes el Presidente de la República les prometió que si votaban el sí, les iba a conceder, en palabras del propio Presidente, un “tremendo beneficio”; y que en realidad es un múltiple “tremendo beneficio”, pues la estrategia, como él mismo lo confesó, tiene varias partes: la primera, sacarlos de la justicia ordinaria: al sacarlos de la justicia ordinaria ya no pagan 60 años de cárcel sino 20; segundo otorgarles beneficios para que no paguen ni un día de cárcel; tercero aunque hayan financiado todos esos delitos atroces, no sólo no pagan un día de cárcel, si no que podrían ser considerados víctimas, con lo que pasarían de victimarios a víctimas (por arte de magia, con F-mafia-), de lo que se deduce, que como víctimas tendrían derecho a la reparación; por lo que a las verdaderas víctimas de la sociedad civil, les tocara ¡reparar a sus victimarios!

 

Para los miembros de la sociedad civil, de las víctimas es indiferente que la impunidad a sus victimarios, o lo que es más grave, su transformación, por acto de magia o de mafia, en víctimas, se la otorgue un tribunal nacional, un tribunal extranjero, o un tribunal mixto (integrado por nacionales o extranjeros); como es indiferente que el juez lo designe el Papa o el Secretario General de la ONU, si la ley que va aplicar el juez del Papa o de la ONU, ya le ha concedido la impunidad a los victimarios, o ha convertido en víctimas a los victimarios. Ni el Papa ni la ONU, deberían legitimar la aplicación de la ley en la que no han participado ellos, designando jueces que no tendrán alternativa distinta que aplicarla como fue negociada en La Habana, sin participación de las víctimas de la sociedad civil.

 

Como miembros de la sociedad civil, víctimas cuyos derechos han sido vulnerados, violados y vejados, por algunos miembros de las Fuerzas Armadas, y de la Andi, no podemos aceptar que se les otorgue “El tremendo Beneficio” de la impunidad total o que se les transforme de victimarios en víctimas, pues la paz de Santos, es la paz de los victimarios, que ya no tendrán nada que temer, pues su SI  los habrá transformado en victimarios; esta es otra razón fundamental para no votar por él si de santos ni por el no de Uribe; por el contrario, para votar por la constituyente que le dé verdaderos derechos a la sociedad civil y le restablezca los que le fueron violados.

DOBLEMENTE INFAME Los balbuceos y disparates del antropólogo Jaime Arocha - Por: Renán Vega Cantor

            “El error del intelectual consiste en creer que se puede saber sin comprender y, especialmente,

sin sentir y ser apasionado (no solo del saber en sí, sino del objeto del saber), esto es, que el

intelectual pueda ser tal (y no un puro pedante) si se halla separado del pueblo-nación”.

Antonio Gramsci

A raíz de la condecoración que recibió el profesor (hoy preso político) Miguel Ángel Beltrán por parte de la decanatura de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional, al conmemorarse sus cincuenta años, un grupo de académicos escribió una vergonzosa carta, en la que se oponía a dicho reconocimiento. A raíz de las críticas y réplicas que suscitó la actitud mezquina de esos académicos por parte de otros profesores, Jaime Arocha señaló las razones que lo llevaron a firmar esa carta, en un “artículo” publicado en El Espectador (1). Esindispensable analizar esa columna de prensa, no porque su autor diga algo importante sinopor los disparates que se exponen, y porque los mismos son un fiel reflejo de la postración decierto tipo de academia, cada vez más conservadora y derechizada. Los efectos de la pereza intelectual Arocha comienza con un comentario sobre el evento en que se presentó el libro de Miguel Ángel Beltrán, Las FARC-EP (1950-2015): Luchas de ira y esperanza, que se efectuó en el Departamento de Sociología de la Universidad Nacional el 10 de diciembre de 2015. Sin ahondar en el libro, se limita a tomar de la página web de la editorial que lo imprimió una parte del comentario de la abogada Sandra Gamboa, quien fue una de las presentadoras de ese libro en la fecha mencionada. Cuestiona la afirmación, que atribuye a Sandra Gamboa, de considerar que “uno de los aportes fundamentales del volumen consiste en la genealogía de los procesos de democratización que ha construido la insurgencia armada”.

Aquí ya hay una primera falacia, que resulta de la pereza intelectual, porque Arocha no va a la fuente directa, al libro y, en contra de lo que se esperaría en un académico responsable, no efectúa una lectura exhaustiva y minuciosa que le permitan fundamentar sus críticas. No lo hace, ni siquiera a través de todo el comentario de Sandra Gamboa, sino de la parte que aparece reseñada en la página virtual donde se comenta el lanzamiento del libro. No nos extraña esa pereza intelectual, de la que Jaime Arocha ya había dado una muestra, con motivo de la difusión del Informe de la Comisión Histórica del Conflicto Armado y sus Víctimas en Febrero de 2015.

En esa ocasión publicó el artículo “‘Sin coincidencias’, apareció en pantalla”. Allí, en lo que puede ser tomado como un extraordinario ejemplo de irresponsabilidad intelectual, se atreve a juzgar los resultados del Informe –algo que es perfectamente válido, tras haber leído y analizado sus 800 páginas– a partir del dudoso criterio de colocar su contenido en un buscador virtual para encontrar palabras que coincidieran. Sin ninguna vergüenza, afirmaba: “Tan pronto las recibí, en las 809 páginas de la Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia busqué negros, afrocolombianos, palenqueros y raizales, nombres por los cuales la gente de ascendencia africana optó para que el racismo no los volviera a subregistrar en el Censo de 2005”. Basándose en ese ejercicio de notable “profundidad” y “rigor” su conclusión es increíble: al no encontrar coincidencias sustanciales de las palabras colocadas en el buscador con el contenido del informe, dice: “Ojalá ejercicios más detenidos, que además involucren la zona plana del norte del Cauca, el Afrocaribe continental y el archipiélago raizal, desmientan la conclusión de este recorrido inicial: la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, al silenciar a la gente negra, terminó por revictimizarla”2. Difícil encontrar un ejemplo de tanta pereza intelectual, hasta el punto que ya los “buscadores inteligentes” les evitan a los académicos tener que leer, y sin embargo en forma atrevida extraen conclusiones con las que pontifican y a partir de las cuales escriben artículos de prensa. ¿Para qué leer un texto de 800 páginas si con un buscador virtual se puede extraer cualquier tipo de conclusiones en unos cuantos minutos? Parece muy cierto con estos ejemplos que Google formatea el cerebro y genera pereza intelectual, algo que es propio del rebaño digital, al cual se han incorporado en masa cierto tipo de académicos. ¿No será que “el coste de tener máquinas que piensan es tener gente que no”? Muchas infamias y disparates en pocas líneas Pero volvamos al artículo que nos interesa. Tras establecer tan endeble premisa –o sea, argumentar que, con base en un comentario, se puede deducir el contenido del libro de Miguel Ángel Beltrán– señala que no puede ser posible que las FARC hayan contribuido a democratizar el país, porque con homicidios de líderes de comunidades negras “sabotea democratizaciones ajenas a su hegemonía”. Establecido este hecho –que no tiene relación directa con el profesor Beltrán– Arocha se incluye entre los escépticos sobre esa tesis de la democratización, como lo son “la casi totalidad de quienes firmamos una controvertida carta que debe leerse en el sentido de que si el Consejo de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional intentaba convertir a Beltrán en el Gramsci colombiano, y así influir sobre el próximo fallo de la Corte Suprema de Justicia, le ha debido ofrecer un homenaje como el que legítimamente le tributaron el senador Iván Cepeda, y los profesores Jaime Caicedo y Renán Vega en el lanzamiento bibliográfico ya comentado”. (Énfasis nuestro).

Según este disparate de Arocha, no es el Estado colombiano, con sus acciones terroristas contra el profesor Beltrán (entre las que se encuentra el secuestro, la tortura, la calumnia, la difamación, la prisión...), el que lo ha convertido en un preso político (como lo fue Antonio Gramsci). Tampoco se asemejaría a la dignidad del luchador italiano –así como a sus aportes intelectuales y políticos (materializados en ese portento del pensamiento que son Los Cuadernos de la Cárcel)– el coraje y la valentía del sociólogo colombiano (junto con su obra intelectual). Nada de eso, el que ha querido convertirlo en el “Gramsci colombiano” ha sido el Consejo de Facultad de Ciencias Humanas de la U.N., además con el propósito explícito, según el atrevimiento arrogante de Arocha, de influir en el fallo de la Corte Suprema de Justicia.

¿Quiere esto decir, acaso, que Arocha está de acuerdo con que esa corte falle en contra de MAB y que este siga en la cárcel, y, lo mismo que los guerrilleros a los que este entrevistó, “sufran vejámenes repudiables en La Picota, cárcel donde están recluidos”, para utilizar los mismos términos con los que Arocha empieza el artículo que comentamos? ¿Nuestro antropólogo ignora los procedimientos utilizados por el Estado colombiano para secuestrar a MAB y encarcelarlo y por esa “ignorancia” piensa que la justicia colombiana debe actuar sin las presiones del Consejo de Facultad de Ciencias Humanas de la U.N.?

Luego de este primer despropósito, Arocha sostiene que “esa ceremonia (el lanzamiento del libro el 10 de diciembre, Nota nuestra) no convocó a quienes repudiamos la tesis de que las balas paren democracias, como sí resultó forzándonoslo la conmemoración del aniversario 50 de la fundación de nuestra Facultad”. ¿Qué significa este galimatías? ¿Arocha quiere decir que él, también condecorado con motivo del medio siglo de la Facultad de Ciencias Humanas, fue obligado a participar en el mismo evento en que se le entregó a MAB una condecoración similar, que por ese hecho se convirtió en un culto a quienes creen que las balas generan democracia? Lo que sí queda claro en su señalamiento, casi policial, es que quienes participamos en la presentación del libro el 10 de diciembre creemos que las balas paren democracias y eso es lo que se sostendría en el libro sobre las FARC. Una acusación tan temeraria, procedente de un antropólogo que se precia de haber inaugurado en Colombia los estudios sobre comunidades afros (excluidas, perseguidas y oprimidas), se inscribe en esa lógica macartista propia del bloque de poder contrainsurgente, que señalan a todos los que

piensen distinto de ser “apologistas de los terroristas” (Alejandro Ordoñez dixit...).

Luego Arocha, sin una línea de continuidad clara y con un nulo rigor argumentativo, sostiene: “La idealización de la violencia ha tenido la secuela nefasta de naturalizar una noción de libertad de cátedra para la cual es legítimo cubrirse el rostro con una capucha, irrumpir en clase recitando a gritos consignas de ira, y convirtiendo la calle 45 en campo de batalla: de un lado explotan papas bombas y vuelan ladrillos, arrancados de la planta física del Alma Mater, y del otro los gases lacrimógenos del ESMAD. En la mitad, quedan civiles de ojos llorosos, exasperados por disturbios ininteligibles”. [Énfasis nuestro]. En este razonamiento sofistico, se mezclan y confunden cosas y hechos que suscitan varias preguntas: ¿lo que él denomina “idealización de la violencia” se refiere acaso a hacer planteamientos diferentes a los de la violentologia oficial o de los medios de desinformación masiva para interpretar el conflicto armado en Colombia? ¿No se puede pensar distinto ni en contravía a las explicaciones convencionales sobre ese conflicto, porque eso significa idealizar la violencia, desfigurar la libertad de cátedra e impulsar los tropeles en la Nacional?; ¿Miguel Ángel Beltrán se ha cubierto la cara para dictar clase o ha permitido que los estudiantes lo hagan y ha impulsado y apoyado los enfrentamientos en la calle 45 para que esta se convierta en un campo de batalla? ¿El profesor de sociología que está en la cárcel ha impulsado a ciertos estudiantes para que griten consignas plenas de ira en las clases que se dictan en la Nacional? ¿Es que los estudiantes se cubren la cara por hobby y no porque vivamos en un país donde cualquier joven, que no pertenezca a las clases dominantes, pueda ser perseguido y encarcelado en el mejor de los casos, o desaparecido y asesinado como nos lo recuerdan los “falsos positivos”? Resulta muy fácil y simple hacer unos señalamientos genéricos y vaporosos para achacarle a otra persona unas responsabilidades que no tiene, y basándose en eso justificar su rechazo a la condecoración que le entregaron a un egresado y profesor de la UN que se encuentra arbitrariamente detenido. Adicionalmente, las afirmaciones de Arocha son ambiguas, contradictorias, y de un muy pobre nivel argumentativo en un académico e investigador de tantas campanillas. En verdad nos encontramos ante una retórica sofistica e insustancial, en donde difícilmente se encuentra un hilo coherente.

Una universidad al servicio de los capitalistas y poderosos Arocha concluye su nota, con los mismos balbuceos que la empezó: “Sobre este aborto de la discusión académica reflexiona Carlo Tognato, director del Centro de Estudios Sociales de esa universidad. Según él, la desradicalización y despolarización del ámbito universitario son indispensables para las escuchas horizontales sobre las cuales deberá realizarse el trámite de los conflictos que se multiplicarán, luego de que se firmen los acuerdos de paz de La Habana”. (Énfasis nuestro).

Nos enteramos que, según Arocha, las posturas académicas que discuten las interpretaciones oficiales sobre el origen y permanencia de la violencia en Colombia son un “aborto académico”. Y presenta para justificarlo dizque las reflexiones horizontales de Carlo Tognato, que no serían ni radicales ni polarizantes, porque vienen del liberalismo y de la derecha. Esto si no sería un aborto, sino una contribución desinteresada a la concordia universitaria. Vaya paradojas interpretativas que suscita ver el mundo desde la confortable mirada del académico conservador.

Arocha concluye su pieza antológica de la infamia, retomando la “novedosa propuesta” de Carlo Tognato de crear en la Universidad Nacional “el Centro Nicanor Restrepo Santamaría para la Reconstrucción Civil, con la participación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-México, EAFIT, y la Universidad del Rosario”. Esto si ejemplifica el tipo de universidad pública que académicos como Jaime Arocha tienen en mente: una que le rinda culto a los poderosos (pues recordemos que Nicanor Restrepo Santamaría formaba parte de los cacaos, los capitalistas más ricos del país); que sectores del mundo capitalista se tomen la universidad pública y sus edificios ostenten sus nombres (como sucede con el nuevo edificio de Ingeniería, al que se ha bautizado –lo cual es una verdadera afrenta a la universidad pública– con el nombre de Luis Carlos Sarmiento Angulo); que la UN firme acuerdos corporativos con universidades privadas de élite como la EAFIT y la Universidad del Rosario, porque eso si no es político, ni radicaliza, ni polariza, ni es una intromisión externa – inaceptable- en los destinos de la universidad; que la UN le rinda homenaje a los ricos por serlo, sin que estos hayan generado aportes intelectuales significativos (un libro, por ejemplo), tampoco tiene importancia. ¿Por qué Jaime Arocha no propone que se cree una institución que lleve el nombre de Orlando Fals Borda o de Manuel Zapata Olivella, investigadores de los sectores populares, que además estudiaron de cerca y con rigor a comunidades afros y dejaron una vasta obra escrita? Por lo visto, Jaime Arocha que tanto pregona sobre las comunidades afrodescendientes –pobres y perseguidas– solo las tiene como objeto de estudio, porque en la vida real de la universidad pública le rinde culto a los ricos y poderosos y quiere que estos sean sus dueños. ¿Cuántos estudiantes afros y pobres podrán estudiar en una universidad elitizada como la que proponen Tognato, Arocha y compañía? ¡Seguramente, en poco tiempo y como resultado de las gestiones del Centro Nicanor Restrepo Santamaría para la Reconstrucción Civil, que tanto aplaude Jaime Arocha, los pobres, afros e indígenas van a representar el 98 por ciento de los estudiantes, trabajadores y profesores de

las encopetadas universidades EDAFIT y El Rosario!

Aclarando razones

Tratando de resumir los balbuceos de Jaime Arocha, y leyendo entre líneas, se podría decir que él firmó la carta que rechaza el reconocimiento académico a Miguel Ángel Beltrán por estas razones: este es un autor que afirma que las FARC han contribuido a democratizar la sociedad colombiana y eso es inaceptable para un académico “bienpensante” y cómodamente instalado; la Facultad de Ciencias Humanas de la UN al entregarle un reconocimiento a MAB patrocino la idea que las “balas paren democracias”; el profesor encarcelado sería corresponsable de los tropeles que organizan los encapuchados, puesto que personajes como él abusan de la libertad de cátedra por “idealizar la violencia”; obras como las suyas constituyen un “aborto de discusión” y son las que han radicalizado y polarizado a la universidad pública... Ya vamos viendo lo que piensan algunos “brillantes” académicos de la Nacional, que la han convertido en una universidad de la ignorancia, del analfabetismo político, de la apatía y del conformismo, y en un centro de negocios.

La postura de Jaime Arocha es típica y representativa de una gran parte de la academia colombiana de las ciencias sociales que trabaja en las universidades colombianas, públicas y privadas. Se dedican a tomar como “objeto de estudio” a sectores pobres, excluidos, marginados, sobre lo cual construyen a veces un relato aparentemente crítico, pero que queda circunscrito al plano discursivo. En su vida real, diaria y cotidiana, no existe nada que los acerque, ni por equivocación a esos sectores subalternos (indígenas, afros, trabajadores, mujeres pobres...), sino que son solo un objeto de estudio, para conseguir dinero y prestigio académico. Ven a esos sectores como algo lejano, salvo cuando necesitan ampliar su currículo.

Esos académicos sufren de “disonancia cognitiva” ya que las injusticias, desigualdades, exclusiones que se presentan cerca de ellos, ante sus ojos, en la propia universidad pública, no les incumben ni les interesan. En esos casos, como lo ejemplifica lo sucedido con MAB, demuestran en la práctica que sus concepciones críticas son solo retórica y que sus posturas son profundamente conservadoras y cultoras del orden establecido. ¿Para qué tantos estudios sobre el racismo, la discriminación, la opresión y explotación que sufren las comunidades afrodescendientes, si quien tanto se ufana de rechazar todos esos mecanismos de injusticia y desigualdad, en la práctica discrimina, excluye y condena a un colega de sociología de la misma Facultad donde han trabajado ambos por muchos años?

La carta de los académicos contra MAB es infame, pero el artículo de Jaime Arocha es doblemente infame, porque aparte de todo, él también fue condecorado en la misma ceremonia de conmemoración de los cincuenta años de la Facultad de Ciencias Humanas de la U.N. Hubo dos académicos, ambos antropólogos –Arocha es uno y la otra persona es Myriam Jimeno–, que habiendo sido condecorados firmaron la carta de marras. Ahí radica la infamia por partida doble. Algunos de los que suscriben esa misiva estaban evidenciando su rabia, frustración y envidia por no haber sido galardonados (como Fabián Sanabria, Carlo Tognato y compañía). Al firmarla en el fondo estaban mascullando: “yo que soy tan brillante, porque no estoy entre los condecorados”. Pero Arocha no puede argüir eso mismo, ya que él también recibió la distinción académica. Es decir, no fue solo envidia lo que lo motivo, sino una postura de desprecio hacia Miguel Ángel Beltrán, quien ha sido perseguido y encarcelado por el régimen, una embestida aleve contra aquel que se encuentra tras las rejas, y una nueva forma de condenarlo en forma arbitraria como lo ha hecho el Estado colombiano y los poderosos medios de desinformación de las clases dominantes. Ese es el mismo desprecio que caracteriza a los racismos y a todo tipo de discriminación. ¿Con esa tolerancia de ciertos académicos, qué podemos esperar en las universidades colombianas tras la firma de un acuerdo que le ponga fin al conflicto armado?

NOTAS

1.Jaime Arocha, “Yo sí firmé”, El Espectador, junio 6 de 2016, disponible en http://www.elespectador.com/opinion/yo-si-firme

2. Jaime Arocha, “Sin coincidencias, apareció en pantalla”, El Espectador, febrero 16 de 2015, disponible en http://www.elespectador.com/opinion/sin-coincidencias-aparecio-pantalla-columna-544451

3. Georges Dyson, citado en Nicholas Carr, Atrapados. Cómo las máquinas se apoderan de nuestras

mentes, Taurus, Madrid, 2014, p. 135.

¿Paz en Colombia? Por: Javier Giraldo M. S.J.

"Si bien hay una euforia de paz que se traduce en eslóganes o en frases de cliché que se repiten por todas partes, cuando se profundiza un poco en lo que hay detrás de esos eslóganes o en los aspectos que esas frases superficiales eluden, aparecen muchas preocupaciones."

Colombia ha vivido en los últimos 4 años una búsqueda de acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, luego de 60 años de conflicto armado que ha dejado muchos millones de víctimas y ha llevado a la degradación progresiva de la guerra en muchos aspectos. Este proceso ha ido revelando progresivamente los laberintos, a veces sin salida, en que es necesario internarse para buscar acuerdos de paz. El país ha vivido ya 33 años de procesos de paz fracasados durante el último ciclo de violencia, sin contar las negociaciones, acuerdos y eliminaciones de ex combatientes de ciclos anteriores que se identifican con las mismas causas. Una larga tradición demuestra que los acuerdos no se cumplen y que los combatientes rebeldes son eliminados tras el desarme, pero no sólo ellos sino las fuerzas sociales y políticas que les son cercanas.

Hace pocos días se firmó en La Habana un documento que define el penúltimo de los 6 puntos de la agenda acordada al comienzo de los diálogos, incluyendo ya el compromiso de un cese de fuego bilateral y supuestamente definitivo. Sin embargo el país se encuentra profundamente polarizado por el crecimiento y poder creciente de posiciones políticas de extrema derecha. Parece que reviven las posiciones de la Guerra Fría, potenciadas por el monstruoso poderío económico de un empresariado multinacional que defiende rabiosamente sus intereses excluyentes con medios muy poderosos.

Si bien hay una euforia de paz que se traduce en eslóganes o en frases de cliché que se repiten por todas partes, cuando se profundiza un poco en lo que hay detrás de esos eslóganes o en los aspectos que esas frases superficiales eluden, aparecen muchas preocupaciones. Algunos analistas más críticos llaman la atención sobre ciertas contradicciones como las siguientes:

1) Se percibe un doble lenguaje: en uno de ellos se afirma que el proceso no se ha enfocado como una rendición de rebeldes delincuentes sino como un reconocimiento de una guerra que tenía raíces sociales y en la cual los dos polos cometieron crímenes; el otro lenguaje, usado por el gobierno fuera de la mesa de diálogos, tiene todo el enfoque de la rendición, la derrota y el sometimiento a una legalidad y una estructura de poder supuestamente democrática. El gobierno y la clase dominante repiten que el proceso es fruto de un triunfo militar del Estado que ha doblegado a la guerrilla y la ha obligado a sentarse a la mesa de negociación.

2) Aunque en los formalismos de la mesa de negociaciones se aceptó discutir las raíces del conflicto, sobre todo en los temas de tierra y democracia, predominó la negativa rotunda del gobierno a tocar en lo más mínimo el modelo económico y el modelo político, quedando todas las propuestas relativas a esas raíces del conflicto como “salvedades” o “constancias” de lo que fue imposible discutir. El gobierno repite que no negocia el modelo vigente y que sólo invita a la guerrilla a que, una vez dejadas las armas, se presente a los debates electorales para solicitarle a la sociedad que apoye sus propuestas de reformas. Esto sería normal si hubiera democracia, pero el gobierno sabe que mientras no reforme el sistema electoral, uno de los más corruptos del mundo, y el sistema de propiedad de los medios masivos de información, ni la guerrilla ni ningún movimiento de oposición podrá conquistar triunfos democráticos.

3) Muchas polémicas interminables llevaron finalmente a los rebeldes a aceptar la simetría de trato a los combatientes de ambos lados, desconociendo la gravedad enormemente mayor de los crímenes de Estado y las características del delito político y del derecho a la rebelión. También tuvieron que aceptar la inmunidad de los ex presidentes frente a la justicia y la ruptura de las responsabilidades de mando, ambos principios consagrados en el Estatuto de Roma cuyo desconocimiento refuerza y amplía la impunidad rutinaria.

4) El desarrollo de los diálogos ha producido perplejidad en las capas más conscientes de la sociedad, al comprobar que el Estado ha recurrido simplemente a la negación de los obstáculos más grandes para la paz, considerándolos como inexistentes o realidades del pasado ya superadas: el paramilitarismo, la doctrina militar del enemigo interno y de la seguridad nacional y la criminalización de la protesta social. Nadie puede entender tampoco que las negociaciones no hayan llevado a un acuerdo sobre la reducción de la fuerza armada del Estado sino más bien a anunciar que esa fuerza se va a aumentar y a reforzar. Todo el mundo se pregunta: ¿si es verdad que se acaba la guerra, por qué el monstruoso gasto militar no se va a acabar sino a aumentar?

5) El recurso a la justicia transicional, que ha sido el punto de llegada en el tema de las víctimas del conflicto, uno de los aspectos más polémicos y que más tiempo han consumido en las negociaciones, no deja tranquilos a numerosos analistas de ambos lados. Se pactó una Jurisdicción Especial para la Paz, diseñada por un grupo de juristas de alto nivel, dentro de los criterios básicos de la justicia transicional. Supuestamente el derecho nacional no operará allí sino sólo los tratados internacionales; habrá magistrados también extranjeros; los que confiesen crímenes internacionales, sean guerrilleros, militares, empresarios u otros, tendrán penas alternativas y no de prisión, y los que no confiesen serán condenados a prisión. La fórmula ha sido elogiada por muchos aunque se critica la violación flagrante de algunos artículos del Estatuto de Roma para favorecer a los gobernantes. Sin embargo dicha fórmula alberga dos principios que pueden dar al traste con las escasas expectativas de justicia: los principios de priorización y de enfoque hacia los máximos responsables. Ya hay aplicaciones en curso de esos principios por parte de la justicia colombiana, frente a modalidades concretas de genocidio, que anuncian la utilización corrupta de esos dos principios, como mecanismos privilegiados de impunidad. Esto hace mirar el acuerdo de justicia con reservas.

6) En general, las motivaciones de disuasión que han sido utilizadas para promover los acuerdos de paz, descansan en gran parte en la imposibilidad práctica de lograr cambios sociales por medio de la lucha armada, dado el poder monstruoso y apabullante de las armas estatales respaldadas por el poderío imperial de mayor alcance destructivo en la historia reciente de la humanidad: los Estados Unidos. Brilla por su ausencia, sin embargo, toda consideración ética de los clamores y sufrimientos que llevaron a levantarse en armas a los combatientes contra el Estado. El discurso político predominante es pragmático y egoísta y muestra indiferencia arrogante por posibilidades reales de justicia. Los discursos del Presidente Santos en el exterior han insistido, ante todo, en una paz que beneficiará a los empresarios e inversionistas transnacionales, quienes podrán intensificar su extracción de recursos naturales, pero entre tanto su gobierno reprime con una violencia cruel las protestas sociales de las comunidades afectadas por la destrucción ecológica y social que han causado y siguen causando esas empresas multinacionales.

Desde la extrema derecha se condena el proceso porque favorece la impunidad de los rebeldes, seguramente responsables de no pocos crímenes de guerra, pero desde el movimiento popular se teme más a la impunidad de los poderosos y de los agentes del Estado y del paramilitarismo, cuyos crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidios superan enormemente en cantidad y en crueldad los crímenes de la insurgencia y su impunidad se traduce en la continuidad de un poder represivo que seguirá afectando a los sectores más desprotegidos de la sociedad y bloqueará con violencia las reformas sociales que se reclaman con urgencia.

A pesar de los esfuerzos formales por construir un Estado de Derecho, sobre todo desde la Constitución de 1991, el poder real lo sigue ejerciendo una minoría poderosa articulada a intereses transnacionales, llegando a configurar un Estado esquisofrénico en el cual lo formal se apoya en lo legal y lo real se apoya en las mil redes clandestinas de violencia paraestatal cuya relación con el Estado es negada rotundamente por los funcionarios del régimen y los medios masivos de información.

La primera experiencia reciente de justicia transicional la realizó un gobierno de extrema derecha –el del Presidente Álvaro Uribe- en 2005, mediante la ley 975 llamada paradójicamente “Ley de Justicia y Paz”. Hubo entonces una negociación con los paramilitares, quienes a todas luces apoyaron su candidatura a la presidencia. Luego de negociaciones con los líderes paramilitares más connotados, obtuvo su sometimiento a una justicia indulgente en que la pena máxima fluctuaba entre 5 y 8 años aunque los crímenes atroces en cada caso sumaran muchos millares. Supuestamente se desmovilizaron 32.000 paramilitares autores de 42.000 crímenes atroces pero sólo fueron condenados a las penas mínimas 22 de ellos y casi todos están en libertad desde 2015. A esa estrategia de negociación con grupos que no podían identificarse como delincuentes políticos puesto que eran agentes clandestinos del mismo Estado, el ex Presidente Uribe añadió otras estrategias para que el paramilitarismo continuara activo: la configuración de un paramilitarismo legalizado, vinculando a varios millones de personas a tareas de guerra mediante redes de informantes y cooperantes y remodelando los estatutos de las compañías privadas de seguridad para vincularlas a tareas bélicas como auxiliares de la fuerza armada oficial. El paramilitarismo ilegal, en grandes franjas, retornó muy pronto a sus acciones criminales con sus mismos objetivos, a saber: persecución a todo movimiento social o de protesta mediante escritos de clara inspiración contrainsurgente, anticomunista y fascista; respaldo incondicional al gobierno y a sus fuerzas armadas; apoyo a las empresas transnacionales cuya destrucción ecológica denominan “progreso”, y sustento financiero en las redes más poderosas del narcotráfico. El gobierno ha acuñado para ellos nuevas siglas que los inscriben en la delincuencia común ajena a toda relación con el Estado. Hoy se articulan y coordinan con calculada astucia las franjas legales y las ilegales del paramilitarismo, cobijadas por un lenguaje que las cubre con la negación rotunda de su existencia.

Desde el comienzo de las negociaciones actuales, las FARC habían afirmado que jamás se someterían a la justicia colombiana, dada su extrema corrupción, su responsabilidad en la impunidad monstruosa de los crímenes más atroces del Estado y del paramilitarismo y su desvergonzada parcialidad y dependencia del régimen, conceptos que comparten grandes franjas de población que consideran la justicia como éticamente colapsada. Muchas fórmulas se propusieron para buscar imparcialidad, incluyendo la creación de una corte penal regional apoyada por regímenes progresistas de América Latina. Y mientras la insurgencia buscaba estructuras judiciales más independientes, los agentes del Estado eran atormentados por la evaluación de lo ocurrido en otros países que emitieron leyes audaces de impunidad para militares y funcionarios, leyes que fueron posteriormente invalidadas por tribunales internacionales. El ex Presidente César Gaviria lanzó una carta pública pidiendo que se blindaran de manera definitiva las medidas de impunidad, para protegerlas de un eventual desconocimiento posterior por tribunales internacionales o por las mismas cortes nacionales, por ello el Acuerdo incluye también unos mecanismos de blindaje hacia el futuro, no sea que tribunales internacionales o nacionales puedan desconocer lo acordado. Esos blindajes no dejan de ser frágiles y en su análisis se descubre con mayor contundencia la dependencia del derecho respecto a la política y a los vaivenes de los poderes de turno.

En el momento en que escribo aún no se ha firmado el Acuerdo definitivo, pero ya se piensa que el proceso es irreversible y que en pocas semanas se convocará a la ceremonia solemne de la firma. Se ha concertado ya un calendario de entrega de las armas a las Naciones Unidas y de concentración provisional de los guerrilleros en 23 zonas rurales mientras comienzan a implementarse los diversos puntos de los acuerdos. Como lo reconoce el cerebro de las negociaciones de parte del gobierno, lo que se firmará no es propiamente la paz sino un cese de fuego. La paz habrá que comenzar a construirla, principalmente en las zonas en que la guerra ha sido más intensa. La polarización es muy grande en este momento y muchos opinamos que, mientras no se solucionen las raíces más profundas del conflicto, como son la extrema desigualdad, la concentración de la propiedad de la tierra, la falta de democracia y la criminalidad estatal tendiente a reprimir toda protesta social y a destruir todo movimiento de base que busca modelos alternativos y justos de sociedad, el conflicto se puede reactivar sin que sean previsibles sus consecuencias.

Es necesario anotar, que el Acuerdo no se va a firmar, por el momento sino con la guerrilla de las FARC. La otra guerrilla que tiene importancia numérica e histórica: el Ejército de Liberación Nacional, no ha logrado aún llegar a acuerdos mínimos de agenda para iniciar el diálogo con el gobierno, aunque ha dado pasos significativos.

Javier Giraldo Moreno, S. J.
Roma, julio 4 de 2016 -

Publicado en: http://www.javiergiraldo.org/spip.php?article257

CUMPLEAÑOS 233 DE SIMÓN JOSÉ ANTONIO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD BOLÍVAR Y PALACIOS.

CUMPLEAÑOS 233 DE  

SIMÓN JOSÉ ANTONIO 

DE  LA SANTÍSIMA TRINIDAD BOLÍVAR Y PALACIOS.

¡Pero así está Bolívar en el cielo de América, vigilante y ceñudo, sentado aún en la roca de crear, con el inca al lado y el haz de banderas a los pies; así está él, calzadas aún las botas de campaña porque lo que él no dejó hecho, sin hacer está hasta hoy; porque Bolívar tiene que hacer en América todavía!

 José Martí

LEER: Simón Bolívar y nuestra Independencia Una lectura latinoamericana.

ESCUCHAR: ¡ALERTA! ¡ALERTA! ¡ALERTA! QUE CAMINA LA ESPADA DE BOLÍVAR POR AMÉRICA LATINA.

CARTA ABIERTA A: ANNCOL, A LA SOCIEDAD CIVIL Y EL GOBIERNO - Julio 20 de 2016

Hace unos días, uno de los firmantes de esta carta, recibió una invitación del director de Le Monde Diplomátique, edición Colombia, para que expresara su opinión sobre el tema del “blindaje de los acuerdos de paz, entre el gobierno y las FARC”, el invitado aceptó, con la única condición de que pudiera expresarse libremente. Su opinión aparece publicada, en la edición número 156 correspondiente al mes de junio de 2016. El mismo medio de comunicación, decidió organizar, un debate sobre el dicho tema, el día 14 de julio del presente año, escenario donde nuevamente se expuso un resumen de las tesis centrales de los firmantes:

1) Desde el punto de vista jurídico, el denominado “blindaje “, es precario, ya que no se está celebrando un verdadero tratado internacional. El gobierno nacional habiendo podido reconocer el estatus jurídico de “beligerantes” a la FARC, para darle mayor solidez al Acuerdo, no lo hizo.

2) Los acuerdos han comenzado al revés; esto es por lo procedimental y no por lo sustancial; pues lo primero debía ser: amnistía e indultos; Asamblea Nacional Constituyente y participación política de quienes dejaban las armas.

3) Más importante, que el blindaje de la legalidad, era el blindaje de la legitimidad que podía darle la sociedad civil y sus organizaciones sociales; y que paradójicamente, ésta en un proceso donde se estaba decidiendo su suerte, había sido excluida por parte del gobierno y ahora volvía a serlo o por ambas partes, que habían sustituido una verdadera constituyente por un plebiscito.

4) La sociedad civil, titular del derecho a la paz por mandato del artículo 22 de la Constitución Colombiana, sociedad que no ha sido violenta, si no objeto de la violencia, donde los actores armados, tanto del Estado como del no Estado, le han vulnerados sus derechos fundamentales, a la vida, a la integridad personal, a la libertad, a la igualdad, a la paz, etcétera, mira positivamente que cese esta violación masiva de sus derechos; y convencida, como dice el preámbulo de la declaración de derechos de la ONU, que la causa fundamental de las rebeliones, es la violación de los derechos, que en consecuencia, la manera de prevenir las violaciones, es precisamente respetando derechos; para que haya verdadera paz, paz con justicia social, medirá con el rasero de los derechos todo el proceso de paz;

de modo que si antes, durante y después del proceso, se tienen en cuenta los derechos de la sociedad civil y no sólo los de los negociadores de La Habana, habremos hecho algo positivo.

5) varios de los asistentes, expresaron opiniones similares y otras distintas.

Estas tesis, no fueron refutadas, por el otro expositor, sin embargo éste quiso encubrir su pobreza argumentativa, con el ataque personal, la calumnia, la difamación y la mentira, contra quienes sostenían algunas de las tesis arriba resumidas. Su argumento final, fue amenazarnos con que nos estigmatizaría por medio de ANNCOL. No paso un día, entre la amenaza y su ejecución, cuando los dueños de ANNCOL difunden sus nuevos epítetos estigmatizatorios, denigrantes, calumniosos y mendaces, contra quienes participamos en el debate. Y, como lo hicimos, como lo hacemos siempre, de frente, sin disfraces, le dimos la cara al columnista de ANNCOL, pues estuvimos compartiendo la mesa con él en el debate, no entendemos entonces porque la foto que aparece en el artículo no corresponde a ninguno de los que participamos en el debate, por lo que concluimos que fue puesta de mala fe o por el propio columnista o por ANNCOL, con riesgo para la vida de alguien que no participó en el debate, ni sabemos cómo piensa sobre el tema. A propósito de fotos, las hubieran podido obtener de los archivos de los organismos de inteligencia del Estado, desde el antiguo DAS, que las hizo como parte de la operación Amazonas bajo el gobierno de Uribe, hasta las que ha hecho la policía actual, bajo el gobierno de Santos cuando protestábamos en defensa del voto en blanco. El columnista, a través de ANNCOL, nos pone en la mira del gobierno al sugerirle “tomar nota” del “descontrolado coletazo” que pone en riesgo la paz y, lo más grave, “la seguridad de los lideres revolucionarios en movilización política”, lo que resulta gravísimo ya que nos señala como eventuales determinadores de muertes futuras. Además, nos acusa de hacer anuncios de guerra que no hemo hecho y de poner en riesgo la construcción de la paz; señalando que hacemos parte de “descontroladas fuerzas oscuras que amenazan la convivencia” y le exige al gobierno que actúe contra ellas; es decir contra nosotros, por el único delito de pensar distinto a él. Frente a esta última sugerencia, nos preguntamos ¿Cuál agencia estatal o paraestatal debe tomar nota y a que procedimientos podríamos ser sometidos? .

Le decimos al columnista de ANNCOL, a ANNCOl, y a quienes están detrás de ANNCOL; al gobierno y a quienes están detrás del gobierno; a Uribe y a quienes están detrás de Uribe que su estigmatización y sus amenazas, no nos harán cambiar nuestra forma de pensar; y mucho menos la de expresarnos con libertad. Que sólo la cambiaremos, cuando haya argumentos y razones que nos demuestren lo contrario, con la fuerza de la razón y no con la razón de la fuerza, de la violencia y de la amenaza directa o indirecta. Que seguiremos andando a pie, en bicicleta o en bus, sin guardaespaldas, en los mismos lugares de siempre, de residencia o de trabajo, que ellos bien conocen; y como siempre pensando y actuando como hombres y mujeres racionales y libres; aún a riesgo de perder nuestro derecho a la vida o a la integridad personal; pues de nada vale conservarlas a costa de nuestra dignidad. Preferimos morir a vivir indignamente; esclavizados física o mentalmente.

Por su atención. Gracias.

Jeritza Merchán Díaz; Sebastián González, Jaime Araujo Rentería, Jorge Ignacio Salcedo Galán.

C.co. a distintas organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales.

La carta se motiva  por esta publicación de  ANNCOL:

http://anncol.eu/opinion/item/4714-horacio-duque

En Auschwitz hay dos muertes: la física y la hermenéutica. […] A la hora de enfrentarnos a la violencia que padece cualquiera […] hay que entender la doble muerte, por eso no basta con levantar la bandera del “no matarás”, con el rechazo al crimen. Hay, además que estar atento al discurso, al relato de los hechos y, por tanto, a la disimulación de la violencia.

                                                                                                                                                 Manuel Reyes Mate

PAZ (PERPETUA) Y RESPONSABILIDAD ETICA (KANT Y MACHIAVELO) Por: Jaime Araujo Renteria.

PAZ (PERPETUA) Y RESPONSABILIDAD ETICA (KANT Y MACHIAVELO)

Se puede engañar a algunos todo el tiempo y a todos algún tiempo,

Pero no se puede engañar a todos, todo el tiempo (A. Lincoln).

Y, jamás a nuestra conciencia.

Nos quieren engañar, quienes afirman, que votar afirmativamente el plebiscito, no es votar por Santos; y nos quieren engañar doblemente, cuando afirman que si el Presidente pierde el plebiscito, no tiene que irse del gobierno. Jurídica y éticamente, es votar por el presidente; así lo establece la ley; “El plebiscito es el pronunciamiento del pueblo convocado por el Presidente de la República, mediante el cual apoya o rechaza una determinada decisión del Ejecutivo.”(Art. 7 ley 134 de 1994).

Aun aceptando, la premisa de que ninguna obra humana es perfecta; también es cierto que existen obras humanas menos imperfectas; y es verdad, que la paz que nos propone Santos, es excesivamente imperfecta. El derecho a la paz, que ya tenemos los colombianos en el artículo 22 de la constitución política, no es un regalo del gobierno santos ni de la farc; y es un derecho mucho más amplio que la cesación parcial de un conflicto armado (pues falta el ELN y lo que queda del EPL). El derecho a la paz tiene una connotación positiva y una negativa; esta última tiene una doble dimensión: 1.- La falta de violencia física y 2.- La ausencia de violencia social y económica en las relaciones sociales; y la connotación positiva de la paz, implica que se le considera no sólo como la ausencia de violencia, sino además como una cuestión de desarrollo, una forma de cooperación no violenta, igualitaria, no explotadora, no represiva entre personas pueblos y Estados y modernamente se considera que no es posible estar en paz si no existe el respeto y realización plena de los derechos civiles, políticos y económicos sociales culturales y de solidaridad. Como en las negociaciones de la Habana, falta la 2 parte de la dimensión negativa y toda la dimensión positiva del derecho a la paz, se puede concluir que lo que se negocia es la cesación parcial de un conflicto armado y no la paz.

Quienes votan afirmativamente el plebiscito, votan por esta “paz”, excesivamente imperfecta con violencia social, política y económica sobre el pueblo colombiano; sin desarrollo y sin ampliación de los derechos civiles, económicos, sociales y culturales de los más pobres. Votan, al mismo tiempo, en una palabra, por la “paz” de santos y por la guerra de santos contra los derechos del pueblo; por su guerra social y económica contra el pueblo. Votan por la deficiente paz de santos y aunque quieran engañarnos, negándolo, votan por sus cuatro locomotoras; incluida la locomotora minera, que ha arrasado con los derechos de los indígenas, de los afro descendientes y de los campesinos colombianos; que ha contaminado su tierra, su aire y sus aguas. Votan también por el santos, responsable, por omisión, de los falsos positivos, ya que él pudo derogar la norma del ministro anterior que los legalizaba y sin embargo no lo hizo y a la luz del artículo 6 de nuestra constitución, los servidores públicos, y el ministro de defensa lo era, son responsables por omisión en el ejercicio de sus funciones. Sobre este tema, no sirve de justificación ni siquiera la excusa de que no lo sabía, pues no se puede ser ministro de defensa, sin conocer las normas que legalizaban el genocidio de los falsos positivos y sin derogarlas o renunciar cuando otro no quiere derogarlas. Como no le sirvió de excusa, a Luis XVI, cuando quiso salvarse, diciendo que no era responsable porque no sabía, como se violaban los derechos del pueblo francés; argumento desbaratado por Saint-Just, su principal acusador, quien dijo que no se podía ser rey, sin saber lo que le pasaba al pueblo y sin responder por la violación de sus derechos; por que quien tenía el poder, era responsable de su ejercicio, o de sus omisiones; y quien tenía más poder, como el rey, era más responsable; pues a mayor poder, mayor responsabilidad. Principio, que se constituyó, desde entonces, en uno de los fundamentos del Estado de derecho, donde no existe ninguna persona o funcionario irresponsable y donde el que tiene más poder, tiene también más responsabilidad.

Quiere engañarnos también, quienes afirman, que el Presidente no tiene que irse si pierde el plebiscito. Como vimos arriba, el plebiscito es un apoyo o rechazo a las decisiones del Ejecutivo y en consecuencia, el rechazo a su modelo de paz, excesivamente imperfecta, es un rechazo también al Presidente, un hecho fundamental sobreviviente, posterior, que deslegitima su elección anterior; como deslegitimizo al general de Gaulle, la pérdida del referendo plebiscitario que se inventó; como los recientes hechos de Inglaterra, el brexit le quitó la legitimidad a su primer ministro David Cameron, para continuar ejerciendo como tal y se vio obligado a renunciar; o como se vio obligado a renunciar un dictador como Pinochet, cuando perdió su plebiscito. El caso del presidente santos, es mucho más grave cuanto que, pudiendo escoger entre un referéndum, una asamblea constituyente y un plebiscito, escogió esta figura y quien libremente escoge, jurídica y éticamente es responsable de su decisión. Esperamos, que la escogencia de esta figura, no tenga el propósito torticero, de eludir la responsabilidad, en el caso en que pierda el referendo, para en esa hipótesis, argumentar que quien perdió fue la FARC; no el Presidente, a pesar de que el plebiscito en una consulta sobre el gobierno, no sobre la FARC; y en caso de ganar el plebiscito, argumentar, que nadie más que él, es el mejor garante de los acuerdos de esa paz, ya que él fue quien los creó; que nadie mejor que él para ejecutarlos y por esta vía quedarse otra vez en el poder. Argumento parecido el de Uribe, quien argumentaba que su guerra era el mejor medio para lograr la paz en Colombia y que por lo mismo, debía permanecer en el poder, como garantía de que la paz se lograría por medio de la guerra. Imprescindible Uribe para la paz por medio de la guerra e imprescindible santos para la guerra contra los derechos del pueblo, por medio de su paz excesivamente imperfecta.

Ahora, que han querido blindar, la dictadura civil del gobierno de turno, acudiendo a las normas de derecho internacional, sería bueno que los negociadores de La Habana, tanto del gobierno como de la FARC, repasarán la más importante de todas las normas, la declaración universal de los derechos humanos, de la ONU, y especialmente su preámbulo, para que entendieran que la verdadera garantía de la paz; la paz menos imperfecta, con justicia social es la que respeta los derechos humanos; que sin derechos humanos no hay verdadera paz. Que no es cierto, que el cese al fuego entre el gobierno y las FARC, acaba con la rebelión en Colombia; pues aunque cese la de la farc, estará abierta la puerta para la rebelión de otros colombianos; como dice el preámbulo: “Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión “; o como dicen en otra parte; el mismo preámbulo: “Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana; Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias”.

También quiere engañarnos, quienes afirman, que si el plebiscito es derrotado, necesariamente gana la guerra y debemos continuarla; esto no es cierto; aunque se pierda el plebiscito, podemos perseverar en la búsqueda de la paz; podríamos tener una paz menos imperfecta; por ejemplo; podríamos tener una paz con asamblea nacional constituyente, con representación de la sociedad civil y de las organizaciones sociales; una paz con más justicia social, donde las comunidades afro descendientes e indígenas, se representen a sí mismas, y decída su propio destino en sus territorios y éste no se ha decidido por la FARC. Donde se trace una línea distinta entre delitos cometidos por los combatientes contra combatientes y delitos cometidos por los combatientes sociedad civil; y donde se respete la diferencia que traza nuestra constitución, entre delito político y delito común; donde no se dé el mismo trato al espíritu altruista de los rebeldes, que al espíritu egoísta de los no rebeldes (dejando claro de una vez, que consideramos que la mayoría, de los miembros de las Fuerzas Armadas, han cumplido con su deber y que esa mayoría, no puede dejarse engañar, de una ínfima minoría, que no lo ha hecho); una paz donde la sociedad civil haga efectiva los derechos de la educación y de la salud para todos los colombianos.

Quienes defendemos la paz con justicia social, menos imperfecta que la propuesta por santos y sus epígonos, estamos acostumbrados a que se nos calumnie, denosté y ataque con igual saña, por la derecha, el centro y la izquierda. Se afirma por nuestros detractores, que no entendemos la política, que nuestra posición ética es un obstáculo para la paz y que en el mejor de los casos esa “reflexión moral es abstracta”. ¡Qué importante que estas difamaciones, haya colocado el debate donde debe estar, en el terreno de la ética!. Lo primero que debemos recordar, es que el hombre es el único ser de la naturaleza que puede realizar acciones morales, que somos seres morales con voluntad libre y que la obligación moral deriva de la razón. Que en cada acto del hombre (en cada coyuntura: política, económica, social, etcétera), debemos preguntarnos: ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo obrar?, Como debemos obrar siempre, no importa de qué acción concreta se trate. Si esa acción concreta, la realizamos por deber, entonces la acción es un fin en sí misma y éticamente correcta; o por el contrario la acción en un medio para conseguir un fin y por lo mismo moralmente incorrecta o en términos políticos maquiavélica.

La primera concepción que es la de Kant, parte del supuesto de que el principio moral es un principio para todos (universalizable) y para todos los actos concretos (coyunturas). La ley moral es un imperativo categórico y como su nombre lo dice, es un deber que contiene una orden que no admite excepciones, exoneración o dispensa en ningún caso particular, o coyuntura. A la pregunta cómo debemos obrar, en cada caso y siempre, responde: “obra sólo según la máxima que al mismo tiempo puedas querer se convierte en una ley universal”. La conciencia moral dice: no mentirás, no engañarás, no serás corrupto, no matarás, defenderás los derechos humanos, no robarás, serás siempre de izquierda, etcétera; estos mandatos son absolutamente válidos en todas las circunstancias o coyunturas, pues de otra forma no serían una exigencia moral. Nada gano con decir que yo soy incorruptible, si en cada coyuntura yo me corrompo: hoy exceptúo la regla con la excusa del dinero que me dieron; o del puesto que me dieron, o de la mermelada; o del contrato que me darán. Yo debo ser incorruptible, aunque me ofrezcan, en una situación concreta dinero, deba conservar mi puesto o me ofrezcan mermelada. En realidad no soy honesto, cuando critico la corrupción de los demás, pero justifico la de mi padre o la de mi hija, por la circunstancia o la coyuntura de que son mi padre o mi hija. Por mucho que predique que soy defensor de los derechos humanos, no lo seré si en ciertas circunstancias yo los violo o dejo de defenderlos; seré ladrón aunque diga que no, si quiero excusar mi robo por la circunstancia de mi pobreza o mi deseo coyuntural de tener mayor riqueza. No seré de izquierda por mucho que lo pregone, si en cada coyuntura voto por la derecha, así quiera justificarme con la fementida disyuntiva de la paz, Estas reflexiones son igualmente válidas para los otros mandatos de la conciencia moral: no mentirás, no engañarás, etcétera que deben cumplirse siempre en cada caso particular, en cada circunstancia, sin excepciones ni derogaciones pues de lo contrario serán acciones inmorales o anti éticas. Esto es válido para todas las acciones del hombre, incluidas las acciones políticas, como la de votar el Referendo.

La posición ética contraria, que considera que el hombre puede llamarse incorruptible y sin embargo dejarse corromper en cada caso particular, con tal de lograr un fin; o más grave aún, que considera, que hay una esfera de la actividad o conducta del hombre donde la ética es un obstáculo; y por lo mismo debe rechazarse la moral en ese escenario, que es el campo de la política, donde todo medio vale y está justificado si sirve para alcanzar el fin que es el poder político; el fin justifica los medios, es el denominado maquiavelismo; donde no hay imperativos categóricos, sino imperativo hipotético condicionales, ya que las reglas morales no valen absolutamente sino de modo condicional; son buenas y válidas si sirven para conseguir un cierto fin. Y si el fin es el poder y este se puede conseguir, con el asesinato, la tortura, la violación de los derechos humanos, la mentira, el engaño, la corrupción o el voto por la derecha, todos esos medios valen y están justificados.

Por el contrario, El imperativo categórico, en todas las relaciones humanas, considera al hombre como un fin en sí mismo “Obra de tal modo que uses la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo y nunca solamente como un medio". El ser humano no tiene precio sino valor; el valor del ser humano no es intercambiable por otros valores; ni siquiera por el valor de otros hombres; esto es lo que explica por qué Kant rechaza la tesis, de que es posible sacrificar a un hombre para salvar a otro hombre o a muchos otros hombres. Esa cualidad que impide que un hombre pueda ser intercambiado por otro hombre, es lo que se denomina dignidad humana; esa misma cualidad es la que hace que un hombre sea un fin en sí mismo, y que por lo mismo jamás pueda ser considerado como un medio; ya que si se le considera como medio se le estaría Cosificando, dejaría de ser persona para convertirse en cosa y podría ser intercambiable; por ejemplo se podría intercambiar un hombre por dinero y con esto habríamos regresado el régimen de la esclavitud; o se podría comprar, utilizar y degradar el cuerpo de una mujer.

Coherente con su ética, para Kant, estudiando las relaciones entre la política y la moral, Sobre el desacuerdo que hay entre la moral y la política con respecto a la paz perpetua y rechazando la tesis de que la política es inmoral, en La paz perpetua afirma “La mejor política es la honradez”. Lo correcto es más ético que lo bueno y la acción ética es más importante que el resultado que se obtenga. Lo que dignifica al hombre es la acción que realiza y no el resultado que obtiene. El hombre es lo que hace y no lo que dice que es, pues si dice una cosa y hace otra, en realidad es lo que hace; si digo que soy de izquierda y voto por la derecha, en realidad soy de derecha.

Quienes vemos y queremos una Paz menos imperfecta, asumimos nuestras responsabilidades sin mentira y sin engaño; les decimos a los maquiavélicos, incluido el gobierno, que quiere engañarnos sobre el plebiscito, que de igual forma asuman la de ellos; que dejen su moral flexible, distinta para cada caso, que a pesar de llamarse demócratas y honestos, en un caso particular se corrompen y en otra coyuntura también, que no aceptamos su invitación a formar parte del maquiavelismo; que porque lo conocemos es que lo rechazamos; que porque amamos la Paz grande es que rechazamos la guerra de Uribe y la Paz de los sepulcros de Santos; que el pueblo colombiano puede, desligarse de Uribe y de Santos, recuperar y ejercer su soberanía, y abrir un proceso de Paz con Justicia Social, esto es, con más derechos humanos para la sociedad civil; con una verdadera constituyente, con educación y salud para todos, para hacer más dignos a los colombianos; que preferimos continuar en el campo de los principios Kantianos, manteniendo la dignidad del ser humano. Que sepan los enmermelados, de derecha, centro o “izquierda” que tenemos valores y valor, pero no tenemos precio; aunque existan Maquiavélicos necios, que como dijera el poeta Antonio Machado “todo necio confunde valor y precio”.

Jaime Araujo Renteria